Ante la falta de cumplimiento de una medida cautelar que quedó firme y debe cumplirse así haya sido apelada, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) adelantó que denunciará hoy al Ministerio de Salud y sus funcionarios responsables por negarse a dar información, pese a las órdenes del máximo tribunal salteño.

Así lo indicó a Salta/12 el abogado Francisco Rodríguez, integrante de la organización que en representación de la comunidad indígena Misión La Loma, de Embarcación, en el departamento San Martín, presentó un recurso de amparo en enero de este año ante la justicia salteña pidiendo la reglamentación y aplicación de la Ley de Salud Intercultural, que está promulgada desde 2014.

El recurso fue acompañado por una medida cautelar que el juez de Impugnación, Eduardo Barrionuevo decidió hacer lugar. La Fiscalía de Estado de Salta apeló, pero la Corte de Justicia de Salta confirmó la resolución del magistrado.

En el amparo se pide que la creación de albergues transitorios acondicionados para atender a las familias originarias que requieran un tratamiento de salud complejo, dado que en las zonas en donde viven, que suelen estar en la ruralidad, no existe un servicio de salud adecuado o apenas cuentan con recursos para dar atenciones mínimas. Esto implica el desarraigo del paciente y de sus familiares, quienes muchas veces, por falta de recursos económicos, deben dormir en los pasillos de los hospitales. A esta resolución se le suma la necesidad de contar con facilitadores culturales, personas que hablen el idioma de integrantes de pueblos originarios que necesitan acceder al sistema de salud y quepuedan entender la idiosincrasia de estas personas.

Desde la ACIJ se habían solicitado informes para avanzar en la orden judicial, y la Corte de Justicia remitió los oficios requiriendo esa información. Rodríguez contó que la respuesta de la Fiscalía de Estado es que la cartera sanitaria provincial "decidió no contestar" dos pedidos en tal sentido.

“Frente a este incumplimiento de no informar vamos a pedir que se notifique al ministro (de Salud, Juan José Esteban), de manera personal para dar explicaciones“, sostuvo el abogado de la ACIJ. Añadió que también pedirán sanciones económicas a funcionarias y funcionarios que están incumpliendo con la medida ordenada.

“Estoy sorprendido para mal”, afirmó Rodríguez refiriéndose a la actitud desplegada desde el Ministerio de Salud salteño, al entender que representa un atropello a la función que cumple la Justicia, además de que “habla un poco del valor que tienen las decisiones de la Corte de Justicia de Salta”. Pero en un panorama más desolador, se preguntó qué actitud toma el estado provincial entonces ante "la situación de las infancias wichí”, que siguen siendo noticia por los fallecimientos de niños y niñas por causas evitables.

Negociaciones sin parámetros claros

El lunes último el ministro Esteban se reunió con referentes wichí de General Mosconi, en cuya jurisdicción, entre junio y julio, fallecieron al menos cuatro niños y niñas que formaban parte de las 14 comunidades originarias.

Las convocatorias se hicieron tras los cortes de ruta que tuvieron lugar durante toda la semana anterior, ante la falta de respuesta a los pedidos de facilitadores culturales, y cambios en la gerencia del Hospital moscoense.

Finalmente, Esteban comprometió solo 5 de los 20 facilitadores que solicitaban las comunidades. Sin embargo, según lo indicó a Salta/12 Víctor Rojas, uno de los referentes originarios que representó a las comunidades en su reclamo, el acuerdo llegó cuando el funcionario comprometió el cambio en la gerencia, actualmente a cargo de Carolina Serrano, por el ex integrante de las gerencias de los hospitales de Tartagal y Santa Victoria Este (SVE), Pedro Urueña.

También comprometió las capacitaciones solicitadas por los referentes de las comunidades para poder contar con agentes sanitarios y enfermeros.

“Queremos el cambio de gerencia porque al menos a mí, a Juan Lucio y Fabián Juárez (los dos últimos padres de dos de las niñas fallecidas en este último tramo de tiempo), y otro más, nos pusieron restricciones de la Justicia para no acercarnos a 200 metros del Hospital ¿Qué pasa si uno se enferma?”, fue la pregunta que dejó Rojas al explicar la razón por la que pidieron el alejamiento del actual equipo gerencial del Hospital de Mosconi. Afirmó que en este caso Esteban se comprometió a intervenir ante la Justicia para que cesen las restricciones impuestas.

“Son negociaciones extrañas”, dijo Rodríguez por su parte, al indicar que lo único que se viene observando es que hay improvisación continua desde el Ministerio de Salud, que demuestra la imposibilidad de contar con una política pública seria.

Actuar por encima de la ley

“El gobierno de Salta actúa como si estuviera sobre la ley y no bajo su imperio, siendo los vicarios (representantes) de la anomia social estruenduosa que fabrica y produce nihilismo en nuestra provincia y comunidad”, sostuvo la defensora oficial Natalia Buira respecto de la actitud de la provincia frente a las órdenes judiciales sobre salud intercultural y la Ley de Salud Mental.

Al referirse a las constantes apelaciones a las decisiones judiciales contrarias, Buira sostuvo que “ni el Ministerio de Salud, ni Fiscalía de Estado ‘tienen’ la obligación de apelar fallos que le son adversos, solo debe apelar fallos adversos que son a la vez injustos o contrarios a derecho pero no fallos adversos que son justos de toda justicia nada más que para no cumplir las mandas judiciales ajustadas a normativas vigentes”. 

Observó que “prestigiosos profesionales del derecho han afirmado que el gobierno tiene la obligación de apelar los fallos adversos. No es así, no es una obligación legal ni es ético apelar fallos justos y ajustados a derecho, máxime si están en juego derechos fundamentales de grupos en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizados desde el mismo gobierno con sus omisiones imputables en políticas públicas”.

Al concluir una columna de opinión, Buira sostuvo que con este accionar de la provincia “se produce la nefasta consecuencia que el gobierno no tiene autoridad moral alguna para exigir el cumplimiento de la ley a los ciudadanos, si es el gobierno el primer y principal incumplidor de las normas. Todo lo cual lleva a un estado de anomia generalizada que da como resultado una provincia autoritaria e improductiva a la vez, sin advertir que este nefasto estado de cosas se puede revertir si quienes gobiernan empiezan por cumplir las normas y las sentencias judiciales”.