La Fiscalía de Perú abrió la sexta investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por un presunto delito "contra la tranquilidad pública". La investigación señala la existencia de una presunta "organización criminal" que operaba con licitaciones irregulares en las provincias de Chota (departamento de Cajamarca) y Cajatambo (Lima).
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también incluyó entre los investigados al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. Este miércoles, la policía detuvo por el mismo caso al alcalde del municipio de Anguía, José Medina, y al empresario Hugo Espino, investigados por presuntas irregularidades en obras del departamento de Cajamarca.
El exsecretario general del Despacho Presidencial y actual colaborador eficaz de la Fiscalía Bruno Pacheco, acusó al alcalde de Anguía de ser el “cajero” del presidente. Pacheco se entregó a la Fiscalía en junio, tras cuatro meses prófugo, y dijo que su fuga fue ordenada por Castillo.
Esta es la sexta investigación contra Castillo, quien es investigado por varios delitos contra la administración pública, incluidos tráfico de influencias y encubrimiento personal en agravio del Estado.
La fiscal, que fue designada por Castillo y tomó posesión del cargo el 1 de julio, adelantó en su asunción la creación de un "equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder", con el objetivo de dar eficiencia a los procesos, eliminar conflictos de competencia y unificar las investigaciones en casos complejos.
Investigaciones contra Castillo
El 14 de julio, la Fiscalía incluyó al mandatario en la investigación de presuntas irregularidades en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional-. Asimismo, el 21 de julio, Benavides decidió iniciar una investigación preliminar por el presunto delito de obstrucción de la Justicia por encubrimiento personal en agravio del Estado, a raíz de una denuncia pública en ese sentido del ministro saliente de Interior, Mariano González.
Las otras tres causas están vinculadas a investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra denominada Puente Tarata III y en la compra de biodiesel a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators, y a un supuesto plagio en su tesis de maestría.
