La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó este jueves su preocupación por el manejo del Estado del conflicto entre productores de hoja de coca.

“Violencia en conflicto cocalero exige acción constructiva de las autoridades, respetando el derecho a la protesta pacífica. Preocupa el uso excesivo de la fuerza y exhibición pública de los detenidos, contrarios a obligaciones de los derechos humanos. El diálogo es el camino para buscar soluciones”, indicó la organización a través de su cuenta de Twitter.

La ONU se pronunció luego de que la policía reprimiera a los cocaleros que se manifestaron por las calles La Paz para cerrar el mercado paralelo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), al que acusan de ser ilegal.

Este miércoles, 24 manifestantes fueron arrestados y acusados de portar explosivos y generar disturbios. Según medios locales, los cocaleros de Adepcoca marcharon hacia el otro mercado para intentar cerrarlo, pero no pudieron, ya que había policías antimotines que les impidieron el paso. Allí comenzó el enfrentamiento en el que se generó un intercambio de pedradas, gases lacrimógenos, bazucas caseras y hondas.

En tanto, el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, informó que los cocaleros fueron detenidos tras los enfrentamientos con la policía, porque tenían artefactos explosivos y teléfonos con "números internacionales para operar criminalmente".

Del Castillo presentó a los detenidos ante los medios de comunicación como los "responsables de haber generado los disturbios que comenzaron hace más de una semana". Este accionar fue criticado por la organización Human Rights Watch, ya que "viola la presunción de inocencia".

Días atrás, el viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez, informó a la prensa que se registraron tres heridos (dos efectivos policiales y un cocalero) y dos detenidos.

Cerca del 90% del negocio de la coca en Bolivia es confiscado por la Adepcoca y tiene un valor de unos 173 millones de dólares al año, según cifras publicadas por las Naciones Unidas.