El espacio integrado por los concejales Fernanda Gigliani, Norma López, Julia Irigoitia, Marina Magnani, Lisandro Cavatorta y Silvana Teisa, acompañó pero con diferencias el proyecto aprobado este jueves en el recinto. Para los concejales, las medidas planteadas para controlar el lavado de activos no constituyen un sistema de alerta despersonalizado e incorruptible. Entre los reparos planteados en la aprobación de la ordenanza, el interbloque manifestó que el proyecto no explica qué se entiende por lavado de activos, tampoco detalla los pasos del protocolo ni protege al empleado público que deberá ejercer el control de las inversiones. Para los ediles, se debió crear un registro de Reportes de Alertas Sospechosas, que debería contener todos los reportes que la Agencia reciba.
"La agencia que se crea con esta ordenanza trabajará con total discrecionalidad y siguiendo órdenes de los distintos ejecutivos de turnos, dejando margen para la discrecionalidad de funcionarios que son parte del poder ejecutivo local", afirmaron las y los integrantes del interbloque justicialista.
"Fuimos los primeros en insistir con la reglamentación de la ordenanza aprobada en el Concejo en 2014. Se tomaron dos años y medio para hacerlo. Cuando finalmente se ejecutó desnaturalizaron el espíritu de la norma. Mónica Fein y Pablo Javkin son los que tendrán que explicar qué hicieron desde que se aprobó la ordenanza. Pedimos que proyectos como el Hotel Sheraton en Puerto Norte o las obras en el Club MOP de la Costa Central pasen por el tamiz de esta ordenanza y nunca se nos acompañó. El proyecto nuevo que se aprobó, a excepción de la conformación de una Agencia, no aporta nada nuevo a lo que está en vigencia desde el año 2014", agregaron.
Para los ediles, la conformación de Alertas Sospechosas y el protocolo de actuación que se pondrán en práctica a partir de lo aprobado en el Concejo “no es nada que no hubiese podido implementarse con un Decreto Reglamentario”. Por su parte, en cuanto a la conformación de la Agencia de Control, explicaron que bastaría con una ordenanza adicional para su conformación. “Se creaba una oficina o dependencia que se aboque a filtrar estas alertas. Era un proceso mucho más sencillo y donde las cosas estarían más claras y no se expondría tanto a los trabajadores municipales como lo hace la actual iniciativa. Creemos que buscaron una respuesta rápida a una situación que Rosario viene padeciendo desde hace años", apuntaron en un comunicado.
"Las organizaciones criminales, muchas veces, están asesoradas por abogados, contadores y escribanos para sortear los filtros y controles estatales. Lo que debimos hacer es despersonalizar el control y crear un sistema digitalizado de alertas para prevenir el lavado. A partir de ahora, que las alertas queden definidas por la decisión de las personas, conlleva el riesgo de caer en fallas, amenazas y hasta intentos de corrupción. Una Agencia debe ser un ente público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión”, afirmaron.
Finalmente, los ediles dudan de que la norma sea lo suficientemente precisa para que no haya discrecionalidad, arbitrariedad, clientelismo o colusión. “Creemos que esto último no se garantiza con el formato de Agencia que se quiere implementar. Pero no vamos a obstruir. Hasta esta normativa errónea, en parte, es mejor que no tener normativa anti lavado. Por eso vamos a acompañamos la votación en general, asumiendo el compromiso de realizar el seguimiento exhaustivo de su aplicación a todos por igual y de controlar a los que controlan de una aplicación imparcial del instrumento", advirtieron.
