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En Jujuy, un grupo de hombres que se presentaron como policías, pero vestidos de civil, secuestraron durante 10 horas a un joven referente de prensa del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos). No lo lastimaron, pero le robaron el chip de su teléfono. Lo agarraron al grito de "policía" el jueves de la semana pasada, cerca de las 11 de la mañana, en la colectora de la ruta 66 a la altura de la Chatarrería, por Alto Comedero. "Tenemos serios indicios de que estuvo implicada la policía jujeña, pero la Justicia no hace nada. Había siete cámaras en el lugar de los hechos y esa prueba es clave", dijo a PáginaI12 la abogada de las organizaciones sociales Alejandra Cejas. "No quieren investigar y encima salen a hacerse los ofendidos, es el colmo", agregó.
Cejas, exdiputada del FdT-PJ, relató que el encargado de prensa del MTE fue encapuchado y le ataron las manos; que eran tres personas que lo subieron a un vehículo, con actitudes de formación policial. Él cree que lo tuvieron en una vivienda particular, lo mantuvieron encerrado hasta las 20 en una habitación sin luz en un colchón y sin decirle nada. Luego las mismas personas lo sacaron y lo tiraron del auto en el mismo lugar donde lo habían secuestrado. Su abogada y compañeros decidieron preservar la identidad del joven secuestrado, de 24 años. "La policía lo fue a buscar para que amplíe la denuncia, se puso nervioso pero por suerte lo cuidan dos leonas, la madre y la hermana", relató Cejas.
La abogada está convencida de que el secuestro fue obra de policías de civil, incluso refuerza su hipótesis la enfática desmentida oficial. "El ministro de gobierno Luis Martín salió a decir que esto nunca sucedió, pero no sólo le creemos a nuestro compañero sino que además hay cámaras", indicó Cejas. “Se trata de una operación pergeñada y mal ejecutada por el sector político que encabeza Juan Grabois, una falacia que persigue claros intereses e intencionalidad política”, fue el argumento del funcionario.
La denuncia fue presentada ante el fiscal Darío Osinaga, a quien solicitaron ampliación de pruebas, aunque finalmente la causa podría recaer en la justicia federal. "Nosotros no tenemos por qué buscar las pruebas, eso lo tiene que hacer el fiscal, pero mandó al ayudante que no tiene autoridad, es evidente que no quieren investigar", expresó Cejas. "Ese jueves habían querido allanar una de las sedes del Movimiento Evita, salíamos de la comisaría 6ª y nos llaman por esto. Tenemos a la policía respirándonos en la espalda, es una situación de hostigamiento, Jujuy es complicado", agregó.
El MTE denunció que "este episodio sucede en medio de un contexto provincial de criminalización a organizaciones sociales y frente a la avanzada de sectores del poder provincial por armado de causas con la excusa de ser asociaciones ilícitas". En el mismo sentido se pronunció Natalia Morales, diputada del PTS en el FIT en Jujuy: "Este hecho se da mientras el gobierno de Jujuy arma causas contra las organizaciones sociales, nos espía y se infiltra en marchas", dijo. De hecho, el gobierno de Morales y el Poder Judicial provincial --adicto al Poder Ejecutivo-- vienen protagonizando una dura ofensiva contra las organizaciones sociales y movimientos de desocupados. En ese marco, hace pocas semanas se conoció un hecho escandaloso: la directa infiltración a organizaciones durante una movilización. La información recolectada en la misma fue utilizada como herramienta legal para encarcelar a dirigentes y referentes de esas organizaciones.
