La directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, dialogó con Catamarca/12 y se refirió al conflicto socioambiental vigente en el interior de Catamarca, particularmente en Andalgalá: “Independientemente de la opinión respecto de la matriz productiva de la provincia, es decir, si uno está a favor o no de la extracción minera, hay un consenso básico y claro, que es que ningún conflicto socioambiental se puede resolver penalizando y persiguiendo a los defensores ambientales”.

Bajo esta premisa, en su anterior visita la funcionaria se reunió con la ministra de Seguridad, Fabiola Segura; con miembros de la Procuración General del Poder Judicial y con el decano de la Facultad de Derecho de la UNCA, Gustavo Salerno, para abordar estrategias y métodos alternativos de resolución de conflictos que se registraron en distintas localidades del interior provincial, con el fin de garantizar el derecho a la protesta social y la garantía de los derechos humanos de los protagonistas.

La directora nacional destacó que todas estas acciones se enmarcan en el Acuerdo de Escazú, que se encuentra vigente desde el 2018 y que tiene por objetivo garantizar el derecho a la información, el acceso a la Justicia y la participación pública frente a decisiones ambientales.

“Tenemos una herramienta fundamental para profundizar esta posición, que es el Acuerdo de Escazú, en donde se explicita la necesidad de proteger a los defensores ambientales, de que se habiliten los mecanismos de acceso a la Justicia y a la información libre respecto de los proyectos mineros”, expresó.

En la asamblea de la Mesa Interseccional contra la Impunidad participaron representantes de organizaciones sociales, como Nuestramérica y MTE Rural y abogados y abogadas populares, quienes se refirieron a la persecución, criminalización y judicialización de los defensores ambientales.

Eve Vallejos, de Nuestramérica, manifestó que “la idea de esta mesa surgió el mes anterior, con la presencia de pueblos originarios y campesinos, bajo una misma problemática que es que la provincia se excede en la violencia que ejerce día a día y nos cruza a todos y todas”, dijo. 

La referente denunció haber sufrido persecución policial y sentirse desprotegida ante la ausencia de un Estado que no contiene ni acompaña su caso de violencia institucional.

Por su parte, Andrea Morales, abogada popular especializada en derecho indígena, refirió que “las comunidades de la Puna catamarqueña vienen sufriendo sistemáticamente esta violencia institucional, en donde su principal problemática es el no reconocimiento de la propiedad de sus tierras y el derecho a la consulta previa, libre e informada”.

La letrada hizo referencia a la particularidad del sujeto indígena, ya que se trata de un sujeto colectivo con un derecho especial y denunció el desconocimiento vigente de esto por parte de instituciones, como la Justicia y la Policía: “Ellos están siendo además penalizados y criminalizados por defender sus territorios. Hay caciques que fueron detenidos de forma ilegítima, comuneros con causas penales e incluso trabajando en territorio yo he sufrido esta violencia física por parte de empresarios mineros, de lo cual está en conocimiento el gobierno, el Colegio de Abogados y he pedido intervención de la Corte de Justicia”.

Agregó que “la provincia de Catamarca es un Estado policial, lo cual hace que la lucha sea muy agotadora”.

La intervención en la provincia del área nacional de Acceso a la Justicia busca intermediar en la judicialización de los conflictos y la persecución penal a los defensores ambientales. 

Además, promover formación de mediadoras y mediadores en conflictos sociales y poner en relieve la importancia de la aplicación en todos los poderes del Estado de la ley Nº 27592, conocida como “Ley Yolanda”, para garantizar la formación integral de los agentes públicos en materia de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático.