Según el informe publicado ayer sobre el grado de cumplimento a nivel federal de la formación en género y diversidad de los diferentes Poderes Judiciales, en Catamarca, y a 3 años de su sanción, sólo un 12% de funcionarios y empleados judiciales se formó en Ley 27.499 Micaela (de Capacitación en género y violencia contra las mujeres).
El documento fue realizado por la Fundación Micaela García, Proyecto Generar, Guardia de Abogadas Feministas de CDD Argentina, Abosex, Abofem Argentina y Cladem Argentina
“La idea surgió en 2021. Con un grupo de organizaciones, presentamos pedidos de información pública a todas las jurisdicciones del país. El propósito por el cual hicimos esos pedidos tiene que ver con la urgencia y necesidad de la participación ciudadana en las transformaciones que necesita el sistema de justicia”, contó a Catamarca/12 la abogada Marianela Flores Díaz, presidenta del Proyecto Generar.
Flores Díaz explicó que la idea de pedir información pública fue “fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas por parte del Poder Judicial. De esta manera estamos instando desde la sociedad civil para que cumpla con la transparencia e informe el estado de situación de la Ley Micaela y la perspectiva de género”.
Con respecto a Catamarca, el informe resalta que es una de las 7 provincias del país que cumplió con entregar el pedido de información en tiempo y forma, no obstante señala que hasta diciembre del año pasado, sólo 230 personas completaron la capacitación de las cuales 70 están capacitadas como replicadoras. En total este número sólo representa el 12% del personal del Poder Judicial de la provincia.
El informe señala que en ese momento había 150 inscriptos nuevos, pero no se determinó si completaron el curso. En tanto, no informó la cantidad de juezas y jueces y fiscales que completaron la capacitación. También señala que las capacitaciones iniciaron con 13 meses de demora desde que la provincia adhirió a la Ley nacional en octubre de 2019 y que de los módulos previstos en la reglamentación de la Ley sólo se completó uno sólo de los módulos de aprendizaje previstos.
En cuanto al análisis de la información recabada, Flores Díaz fue crítica y aseguró: “Catamarca inició un proceso de formación que no ha cumplimentado en todos los pasos que la Ley exige”.
“La Ley Micaela no es un cursito o tallercito para cumplir. La capacitación reúne requisitos. Es un proceso de formación que tiene que cumplir los estándares de la reglamentación y los debe supervisar y actualizar los contenidos el Ministerio de la Mujer que es el órgano de aplicación”, señaló.
“Parte de las provincias que informaron que comenzaron los procesos, no completaron en los términos que establece la reglamentación. Sólo dieron un solo módulo. Es como decir que soy abogado porque aprobé primero y segundo año de la facultad aunque me falta rendir los demás cursos”, explicó.
En este contexto, se confirmó que el curso que se realiza en Catamarca es en base a videos anacrónicos, sin reflexión y con un examen múltiple choice que no implicaría mayores análisis ni aprendizajes como prevé la reglamentación de la norma.
Resultados
El resumen del monitoreo Federal señala que “Sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Mientras que el 17% no respondió, guardando silencio luego de vencido el plazo: Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan”.
En tanto, el 46% de las provincias respondieron de manera parcial e incompleta. En dos de las provincias (8%) respondió el organismo de aplicación, indicando que no tenían competencias sobre la información del Poder Judicial.
En algunas se observó una demora significativa entre la adhesión a la Ley Micaela a nivel provincial y el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales como el caso de La Rioja (24 meses), San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) y Mendoza (9 meses). “El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades”, explica el informe.
Sobre la cantidad de ediciones de capacitación brindadas hasta diciembre del 2021, sólo el 25% de las jurisdicciones del país ha completado al menos una: Santiago del Estero (21), Santa Cruz (15), Mendoza (13), Formosa (8), Catamarca (7) y San Luis (1). La provincia de Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires dividen su formación en tres y cuatro módulos, respectivamente. “Si bien informan haber comenzado con los primeros cursos, ninguna ha completado la capacitación completa. Por lo tanto, registran cero cohortes capacitadas”.
En tanto, concluye que cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%). Y que, no todas las provincias informan el grado de formación a jueces y juezas, de todas las instancias y fueros.
“Sólo lo informan Córdoba y Formosa, con un 93% capacitado en ambos casos, Santa Cruz, con un 89% de su magistratura capacitada, y Neuquén informa que ha capacitado al 71% de magistratura y funcionariado hasta categoría equivalente a judicatura de 1° instancia”.
