En su última sesión, la Cámara de Diputados de Salta aprobó por unanimidad un proyecto de declaración que se refiere la necesidad de que la Cancillería Argentina avance en los reclamos formales hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, por el caso del ciudadano argentino Alejandro Benítez, fallecido en aquel país tras un siniestro vial.
Su autora, la diputada Socorro Villamayor, añadió que el proyecto también busca "exigir al canciller argentino que realice las actuaciones necesarias de reclamo ante el Estado Plurinacional de Bolivia para que se cumplan todos y cada uno de los convenios existentes con la Argentina”.
Sostuvo que “Argentina es generosa y solidaria, y recibe un sinnúmero de inmigrantes, tanto para brindar educación como para brindar salud, además de que tenemos con el Estado Plurinacional de Bolivia relaciones comerciales y un vínculo estrecho de fronteras junto a la provincia de Jujuy, por eso queremos que el Estado boliviano nos respete de igual manera cuando un argentino cruza la frontera y llega a su país”.
“También hemos manifestado el acompañamiento a las acciones que viene llevando adelante el representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, el señor (Julio) San Millán frente a la Embajada y Cancillería Boliviana pidiendo dar con los responsables del accidente fatal del docente Benítez”, subrayó.
Otro proyecto
Además de esta exigencia a la Cancillería Nacional, la Cámara Baja salteña también tiene otro proyecto surgido a raíz de la tragedia sufrida por el docente en el vecino país.
Su autor es el diputado por el departamento San Martín, Santiago Vargas, quien pretende que se avance con una ley que establezca el cobro de un seguro de salud para toda persona extranjera, no residente, que ingrese a la provincia de Salta.
“Este seguro no viene a cobrarle a cualquier extranjero que esté de manera momentánea en nuestra provincia y haga uso del sistema de salud pública", adelantó a Salta/12 el legislador del bloque de la Unión Cívica Radical.
También puso como argumento el tema turístico en la provincia: “la ley busca que todo el sistema de salud pública de la provincia tenga el mismo criterio a la hora de atender a personas extranjeras, dado que sobre todo Capital tiene una gran cantidad de turistas que vienen de visita”.
Ante los comunicados del INADI que alertó sobre la posibilidad de que este tipo de proyectos generen discriminación hacia los migrantes, o en particular hacia la comunidad boliviana, Vargas aclaró que "no nos enfocamos en lo que pasó en Bolivia, y esperamos que esta ley no genere discriminación ni genere lo que pasó en el vecino país donde hubo abandono de persona para con el profesor Benítez y se incumplió el juramento hipocrático que hace cualquier médico para preservar la salud de toda persona”. Sin embargo, todavía no se probó que haya habido abandono de persona, si bien una auditoría ordenada por el gobierno de Bolivia determinó que hubo irregularidades al intentar cobrar la atención de salud.
“El INADI marca que se iría en contra de la Ley de Migraciones, pero un migrante es una persona que tiene intenciones de quedarse en un país y en esa ley la Argentina le da igualdad de derechos en relación a un nacido aquí, y nosotros acá estamos hablando de personas que están de manera transitoria, por lo tanto no tienen por qué gozar de los mismos derechos que un argentino”, agregó.
Por último, el legislador del norte aseguró que quiene que "esta ley nos ponga en igualdad de condiciones con cualquier otro país del mundo, porque cuando uno sale de la Argentina lo primero que hay que hacer es contratar un seguro de salud porque en ningún lado te regalan los recursos, por eso está explicitado que el Ministerio de Salud sea la autoridad de explicación, o sea que allí se debería poner el valor de este seguro”. Las compañías de viaje también recomiendan contratar un seguro de salud a las personas extranjeras que van a ingresar al territorio argentino.
La responsabilidad de la política
Manuel Pailler es uno de los médicos más reconocidos en la ciudad de Tartagal, y actualmente ocupa el cargo de senador provincial por el departamento San Martín.
Ante este medio, contó que los médicos de Argentina tienen que "atender a los pacientes que vienen de Bolivia en la parte pública y en la privada, pero no pasa lo mismo cuando vamos al vecino país porque allá no existe la medicina pública, sino que todo es particular y privado y se cobran cifras exorbitantes, pero el docente salteño estuvo tirado mucho tiempo en la ruta y no recibió atención, algo que los argentinos nunca hicimos”.
Como conocedor de la zona, añadió que "la puerta de entrada en la frontera es Salvador Mazza y el hospital de cabecera es el de Tartagal (Hospital Juan Domingo Perón), donde trabajé varios años y hemos asistido a toda la población de la zona, entre ella a la comunidad boliviana, y hasta hoy muchos pacientes del sur de Bolivia vienen a atenderse a la Argentina, incluso si tienen que pagar en la parte privada, hoy por hoy con el cambio de moneda a su favor, lo hacen y se le brindan todas las atenciones”.
Teniendo en cuenta que desde ayer está sesionando el Parlamento del Norte Grande en Jujuy, Pailler señaló que “se presentó un proyecto ante el Parlamento del Norte Grande solicitando a las autoridades nacionales que los convenios bilaterales se cumplan efectivamente, porque es una problemática común que tenemos todas las provincias de frontera, y estaría muy bueno que Nación, a través de Cancillería, reglamente el cobro de aranceles de la salud pública porque tiene sus costos en insumos, personal e infraestructura”.
No obstante esta opinión, el senador por San Martín puso de relieve otro argumento: “hay intendentes que por cuestiones de conveniencia política les dan documentación argentina a ciudadanos que no viven en la zona, sabiendo que son bolivianos, y por eso cuando vienen a atenderse, se los tiene que atender como si fueran argentinos”. En la frontera, de un lado y de otro, es común encontrarse con residentes que tienen documentos de ambos países.
Tarea para los cancilleres
Al ser consultado sobre esta situación, el médico Marcelo Nallar, gerente del Hospital Arturo Oñativia de la ciudad de Salta, opinó que “esto no se ha tratado de un caso de discriminación claramente, pero hay que entender que el sistema de salud de Bolivia es paupérrimo y muy malo, y quizás si no hubiese sido argentino el docente que se accidentó y hubiese sido boliviano, la suerte hubiese sido la misma”.
“Acá sería un error hacer la ley del Talión o el ojo por ojo, diente por diente, y no atender a los pacientes bolivianos que consultan los hospitales con una emergencia, por eso es un trabajo de Cancillería y de la política para ver cómo se recuperan los costos por las atenciones de los pacientes tanto en Argentina como en Bolivia, pero para nada dejar de atender a una persona, que es un ser humano, y necesita una atención, más aún en una urgencia”, continuó.
En relación a la zona fronteriza, el especialista explicó que “los hospitales de frontera tienen una gestión centralizada y dependen del Ministerio de Salud y se les hace difícil cobrarle a los pacientes porque no son de autogestión, entonces de nuevo ahí hay que recurrir a la política para ver qué se va a hacer con los casos programados que consulten en Argentina y en Bolivia para ver cómo se regula ese grupo de pacientes, pero nunca dejar de atenderlos, sino ver de qué manera se van recuperar los costos de esas atenciones”.
“La frontera es muy extensa y de los dos lados viven hermanos, primos, se conocen todos y es un desfiladero permanente de gente, entonces no podemos dejar de atenderlos porque sabemos que consiguen un documento argentino, pero viven del otro lado del río, entonces todos tienen que tener atención médica y debe ser Cancillería la encargada de recuperarla, entonces que los cancilleres salgan del escritorio, se junten y vean de qué manera arreglar este tema porque no se puede demorar la atención médica de una persona; que este hecho no nos haga perder la brújula”, reflexionó.