Un hecho no puede ser reinterpretado en delitos distintos continuamente. Ese sería el argumento máximo que incluyeron en su apelación al rechazo de la nulidad de la causa el abogado Oscar Guillén y su colega Fernanda Guillén, quienes defienden a la médica residente Miranda Ruiz, detenida primero y acusada después por dos delitos (uno al parecer ya sin vigencia alguna), tras facilitar a una gestante que accediera al acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE).

“Hay un desmoronamiento de la acción penal”, sostuvo Oscar Guillén al explicar a Salta/12 que las normas procesales argentinas y el derecho internacional establecen que una persona no puede ser imputada dos veces por el mismo hecho. A su entender, es lo que aconteció en este caso cuando el fiscal penal Gonzalo Vega desestimó el primer delito por el que se detuvo a la médica residente del Hospital Juan Domingo Perón.

Esta primera imputación era por haber realizado el aborto sin atenerse a las condiciones establecidas en la Ley para que personas gestantes accedan a la ILE. Hay pericias dentro de la causa que avalan la práctica. Pero algo que se sigue sin entender fue por qué Miranda Ruiz ed la única imputada cuando había actuado un equipo interdisciplinario. “No se ponen en tela de juicio las causales de la ILE, sino que la víctima manifestó arrepentirse del procedimiento del aborto e igualmente no se hizo nada por parte de la imputada para revertir dicha situación”, dijo Vega al responder el pedido de nulidad que el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, decidió rechazar.

Guillén recordó que la médica residente estuvo detenida por el primer delito que se le imputó, y sigue aún con las medidas coercitivas de presentarse cada dos meses en el Juzgado. Afirmó que no se entiende el rechazo al pedido de nulidad en todos sus términos, pese a que se pedía sobreseer a la médica por el primer delito. Si ya no existe acusación fiscal por hacer mal un aborto, mal podría el juez sostenerla. 

Vigente un nuevo delito, y si eso falla ¿Otro?

Al contestar el pedido de nulidad de la defensa el fiscal Vega sostuvo que ahora se imputa a Ruiz haber practicado el aborto sin el consentimiento de la gestante, de 21 años. Este nuevo delito es sobre el mismo hecho por el cual la médica fue detenida, encausada y cumple ahora con condiciones coercitivas. En la última resolución del juez Mariscal Astigueta asoma al parecer una nueva posible acusación por la interpretación de los funcionarios judiciales sobre el presunto cambio en la fecha y el horario en los que la joven firmó el consentimiento del aborto.

“Este errar y tirar de nuevo, desistir y seguir persiguiendo, que profesa el Fiscal -como el Juez de Garantías- para mantener este inicuo proceso, colisiona directamente con la garantía de no persecución por el mismo hecho -non bis in ídem- consagrada por el artículo primero, inciso g), del Código Procesal Penal de Salta”, sostuvo Guillén.

Este artículo sostiene que “nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias“. El abogado recordó que este principio tiene el respaldo de un extenso plexo de normativas nacionales e internacionales.

“Es muy curioso que continúe esta acusación. Yo creo que hay una gran inepcia de ambos”, dijo Guillén al ser consultado sobre las razones por las que aún continúa el trámite, a casi un año del encausamiento de Ruiz.

Respecto de cómo prevé continuar ante la posibilidad de que la justicia salteña mantenga la acusación, Guillén dijo que “afortunadamente" hay "un sistema de recursos que me puede permitir llegar a la Corte Suprema (de Justicia de la Nación) o al sistema interamericano”.

Añadió que se están generando daños a su defendida, quien tiene además una cardiopatía. “Cuando todo esto se acabe se va a evaluar a quienes tengan una responsabilidad por sus funciones sea un juez o un fiscal”, dijo el letrado.

La apelación a la denegatoria de la nulidad fue presentada este miércoles y debe ser resuelta por la Sala I del Tribunal de Impugnación,  conformada por la jueza Virginia Solórzano y los jueces Luciano Martini y Guillermo Polliotto.