Las cien empresas más importantes del país agrupadas en la Cámara de Sociedades Argentina manifestaron públicamente su apoyo a YPF en el juicio que el grupo Petersen-Eton Park le realiza a Argentina y a YPF por la nacionalización de la petrolera en 2012. Pidieron intervenir en calidad de amicus curiae con la premisa de que un fallo desfavorable bajo los argumentos que presentan los demandantes impactaría en la seguridad jurídica de todas las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. La jueza aprobó la participación pero Petersen objetó su decisión y la aceptación quedó en suspenso hasta el martes 16 de agosto.

El escrito toma particular relevancia por los nombres de peso que integran la Cámara de Sociedades Argentina, entre los que se encuentran Arcor, Aluar, Clarín, IRSA, Banco Macro, Grupo Galicia, Pampa Energía, Edenor, Edesur Ternium y Supervielle. No es usual que empresas de este calibre realicen una manifestación pública expresando su postura favorable a YPF e incluso con intención de intervenir en el juicio en calidad de amicus curiae. 

Amicus curiae es lo que se conoce como un escrito de un "amigo de la corte". Significa que quien presenta el escrito no es alguien involucrado como parte en el juicio, sino que considera que puede colaborar con la corte presentándole su postura respecto a las cuestiones en disputa. En este caso, y con un escrito de 12 páginas ya incorporado en la causa como anexo, con argumentos favorables a la postura de YPF.

Las empresas apuntan que un fallo negativo las perjudicaría porque varios de los argumentos presentados por los demandantes no aplican para la ley argentina: "Aceptar los argumentos legales por los que Petersen demanda a YPF tendría un efecto sustancial e inmediato impacto perjudicial, y potencialmente existencial en las empresas argentinas y en los intereses económicos de sus accionistas con consecuencias que exceden los límites de este caso", aseguran en el escrito.

Loretta Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, aceptó los argumentos sin escuchar la opinión de los demandantes, que luego se opusieron. Como era esperable, Peterson y Eton Park objetaron esta decisión y Preska la reconsideró y le pidió a las partes que opinen respecto del amicus antes del martes para que ella determine si la considera útil para el fallo e incorporarla al expediente. De todos modos, por la primera reacción de la jueza, la decisión parece estar tomada. 

Alerta buitre

La demanda contra YPF y el país radica en que los demandantes reclaman una indemnización por los supuestos daños económicos que el pago a los españoles de Repsol, dueño del 51 por ciento de las acciones de la petrolera en ese momento, le provocó al resto de los accionistas luego de la nacionalización de 2012. Se acusa a la Argentina por no ampliar la oferta hecha a Repsol a los otros accionistas privados de la petrolera. En particular, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora (del Grupo Petersen de los Eskenazi), dueñas entonces del 25 por ciento del paquete accionario, que se manifestaron damnificadas por esta compra hostil y quebraron luego de la estatización.

La demanda que aún espera resolución la inició el fondo buitre Burford Capital en 2015 tras adquirir el derecho de litigio de las empresas del Grupo Petersen de la familia Eskenazi, accionista minoritario de YPF al momento de la expropiación. Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha. Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios.

Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que el juicio aún no resuelto contra YPF es el principal activo en su cartera: si llega a perderlo, su situación financiera se complicaría, hecho que puede impactar en su cotización en la bolsa y el valor de la empresa. El juicio multimillonario, que reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se incumplieron las normas del Estatuto de la petrolera argentina, pide el doble del valor real de YPF. "Pero están expuestos de una forma peligrosa" informan analistas del caso.

A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF (el grupo Petersen) para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales. En tanto, que Preska falle a favor de Burford resultaría un golpe importante para el país. El juicio multimillonario es uno de los más peligrosos que aún mantiene el país en tribunales internacionales.