Con una llamativa debilidad, el fiscal Diego Luciani pidió que se rechace in limine la recusación en su contra. Emparentó su pertenencia al mismo equipo de fútbol que el presidente del Tribunal, Rodrígo Giménez Uriburu, a un evento social o deportivo en que los funcionarios suelen coincidir, casi de casualidad, cuando lo real es que fiscal y juez juegan juntos al menos desde hace cinco años, casi todos los fines de semana. Asombrosamente, el fiscal no dijo ni una palabra de que fueron parte del mismo equipo en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri. Sólo sostuvo, al pasar, que no conoce al expresidente. 

Desde un punto técnico, Luciani sostuvo que “la amistad no es motivo de recusación porque no se aplica al vínculo entre un fiscal y un juez”. Ese razonamiento parece ir contra la lógica que suele esgrimir el fiscal: cualquier acusado por un fiscal sentiría que no hay objetividad alguna si, en verdad, es amigo del juez. 

Por su parte, el otro fiscal, Sergio Mola, respondió también a los pedidos de recusación, argumentando que su visita a la Casa Rosada fue por una cuestión de trabajo relacionada con el aeropuerto de Ezeiza, ya que ejerce como fiscal federal en ese distrito. Sin embargo, no explicó en qué consistió el problema tratado. 

Un dato de importancia: quien encabezó la audiencia, el juez Jorge Gorini, no permitió que las defensas le contesten a Luciani y Mola. O sea, le dejaron la última palabra a los fiscales. El juez Jorge Gorini, que condujo la audiencia, también fue recusado a raíz de otra nota publicada en Página/12, pero no informó cuándo se resolverán todos los planteos.

La actuación del fiscal Luciani

Luciani utilizó un argumento curioso. Sostuvo que lo recusan ahora porque empezó el alegato y se lanzó una campaña en su contra. Lo cierto es que Página/12 recibió las fotos el fin de semana pasado, a raíz de que un abogado -que aparentemente en algún momento formó parte de Liverpool- se indignó con la vehemencia y la distancia que Luciani exhibía respecto de los jueces y, en particular de Giménez Uriburu, quien en forma habitual conducía las audiencias. Le indignó la simulación. 

Después de aquellas primeras dos fotos -una de ellas en Los Abrojos, la quinta de Macri-, empezó a llegar una catarata de fotos enviadas por otros letrados de San Isidro, que, por ejemplo, difundieron la foto con el camarista Mariano Llorens como arquero, la otra con Macri junto a la alineación de Liverpool, Luciani y Giménez Uriburu a solas con la camiseta del equipo, y muchas más. Numerosos participantes del torneo de San Isidro, Atalaya, contaron a Página/12 que el fiscal y el juez siguieron jugando juntos, incluso en 2022. Las fotos y los datos no sólo llegaron a este diario.

También Página/12 recibió mensajes citando la página de Facebook de Liverpool, incluyendo la publicación de la violenta diatriba contra Cristina Kirchner del padre de Giménez Uriburu instando a los jueces a que metan presa a la expresidenta: nadie protestó, nadie pidió que se eviten las cuestiones políticas en la página del equipo de fútbol.

Pérdida de imparcialidad y de objetividad

Los textos -incluyendo el dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ)- le dieron un marco a aquellas fotos: “sólo son admisibles éticamente las reuniones públicas y de carácter protocolario, resultando absolutamente desaconsejables todo los encuentros de jueces y políticos, públicos o privados. Resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad”, son algunas de las frases del texto. Además, la Comisión menciona que vale para todos los estamentos judiciales, es decir también para los fiscales. Para el caso del juez Giménez Uriburu, las defensas sostienen que existe un peligro objetivo de pérdida de la imparcialidad, y para el caso del fiscal, pérdida de objetividad.

En eso se basan los planteos de los abogados defensores. El de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi; los de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro; el de Lázaro Báez, Juan Villanueva; el de Nelson Periotti, Federico Paruolo, el dos funcionarios de Santa Cruz, Miguel Angel Arce Aggeo, entre otros.

Silencio

De entrada, Luciani fue por el lado técnico, insistiendo en que la existencia de amistad entre un juez y el fiscal no es motivo de recusación. Sólo es objetable si existe amistad íntima con uno de los imputados. Sin embargo, la lógica es que si un fiscal es amigo de un juez, existe un evidente peligro de pérdida de objetividad. Por supuesto que todo es más grave porque ni siquiera se le informó a las partes la existencia de esa amistad.

Llamativo fue que Luciani adujo que estuvo en numerosos encuentros sociales con jueces y que “la circunstancia de coincidir en un acto o evento social o deportivo no es motivo de recusación. Es absurdo que se objete que un fiscal comparta un acto social”. Más allá del argumento del fiscal, no es muy difícil comprender que no es lo mismo una coincidencia, un encuentro, que una larga trayectoria jugando juntos en el mismo equipo, prácticamente todos los fines de semana. A eso hay que agregar que el fiscal eludió en forma clara hacer alguna referencia a que jugaron en la quinta de Macri.

En su intervención, Beraldi recordó que en 40 años de democracia no se había visto a ningún presidente intentando nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto, de manera que cuando el juez y el fiscal fueron a Los Abrojos, violaron la responsabilidad que tiene un funcionario judicial. “No hay que demostrar la falta de objetividad. De ninguna manera. Es suficiente con que exista el peligro, el temor, a la pérdida de objetividad. Y en eso incurren quienes van a un evento en la casa de un ciudadano que ejerce el cargo de presidente de la Nación, que además venía con esos antecedentes”.

“Un juez tiene que tener equidistancia entre las partes -redondeó Beraldi-, y si existe relación de confianza con una de las partes, en este caso el fiscal, se altera el principio de igualdad”.

Lawfare

Un dato impactante es que Luciani señaló “que desde el inicio del juicio, la doctora (Cristina) Fernández ha tratado de instalar la idea de Lawfare y sin embargo hemos transitado tres años de audiencias donde todos pudieron ejercer la defensa en juicio a la vista de toda la sociedad. Nunca hubo ninguna causal objetiva que ponga en duda nuestra objetividad. Ahora me quieren apartar porque voy contra los imputados. Arman tramas falaces en ésta y otras causas. Se proclaman perseguidos políticos o víctimas del lawfare, lo que implica negar que el proceso transita por los carriles normales. Quiero ser claro, no tengo relación con el expresidente ni con ninguno de sus allegados”.

Con esas frases, el fiscal se metió en el debate político sobre la utilización de la justicia para la persecución. Por supuesto que en esa guerra judicial se cumple con formalidades, pero es una simulación. En la causa de las rutas de Santa Cruz y en otras -dólar futuro, Qunitas, Indalo, compra de Gas Licuado, Memorándum con Irán, la muerte de Alberto Nisman, Hotesur-Los Sauces, Río Turbio- se procesó a centenares de personas sin concretar las pruebas más elementales y hasta se dictaron largas prisiones preventivas sólo por haber pertenecido a gobiernos que no se alinearon con el poder nacional e internacional. Esos actos sirvieron para llenar tapas y tapas de diarios y justificar gobiernos que trajeron sus planes de endeudamiento.

Como ocurrió en Brasil con Dilma Roussef y Luis Inacio Lula Da Silva; en Ecuador con Rafael Correa; en Bolivia con Evo Morales, intervinieron fiscales y jueces, simulando un proceso “normal". En todos esos países, en forma permanente, aparecen las evidencias de que jueces y fiscales acordaron las cosas de antemano -así quedó probado en Brasil, por ejemplo-, con nutrida participación de gobiernos, "mesas judiciales" y servicios de inteligencia.

Ignorando esa abrumadora realidad, Luciani igual pretendió darle un cierre este viernes: "el lawfare no existe", dictaminó. 

Nueva recusación

Beraldi también adelantó que presentará un escrito de recusación contra otro juez del Tribunal Oral Federal número 2, Jorge Gorini, a raíz de la nota que publicó Página/12 en su edición de este jueves. El magistrado aparece en dos reuniones con Patricia Bullrich, en el Ministerio de Seguridad. La última, en agosto de 2018, cuando ya el TOF 2 estaba a cargo del expediente de la obra pública de Santa Cruz, con Cristina Kirchner como principal acusada.

En forma sorpresiva, Gorini trató de explicar las reuniones, por ejemplo, sosteniendo que fue a reunirse con Bullrich para evitar que se hiciera un show de las detenciones en el caso de la tragedia de Once, porque en el procedimiento contra Amado Boudou se le habían sacado fotos en pijama y descalzo. Sin embargo, en la razón de la reunión Bullrich-Gorini-Giménez Uriburu figura “proyectos de ley para la lucha contra el narcotráfico”.

También afirmó que fue arreglar un problema surgido con su custodia, pero esto último fue en otro encuentro aún anterior, en 2016, donde sí figura esa cuestión como motivo de la visita.

En el medio, Gorini estuvo con Patricia Bullrich en junio de 2017. El motivo oficial que figura en el Registro Unico de Audiencias es que la reunión fue para “debatir temas de corrupción de las fuerzas”, se entiende que de seguridad. Parece más que extraño.

Beraldi entregará el texto el martes y habrá que ver cómo y cuándo se trata esta nueva recusación.