El fiscal adjunto supremo Marco Huamán descartó este viernes ante el Poder Judicial que se haya afectado el derecho a la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo, por iniciar una investigación en su contra por presunta obstrucción a la Justicia previo a recibir el testimonio del principal testigo.

Así lo había solicitado la defensa legal del presidente peruano al juez supremo Juan Carlos Checkley, exigiendo que anule la declaración del exministro del Interior, Mariano González, con el argumento de que se había tomado después de acusar públicamente a Castillo de obstruir la detención de prófugos de la Justicia, pero antes de abrir la investigación preliminar contra el mandatario.

Durante la audiencia en materia de derechos, Huamán desestimó el argumento del abogado Benji Espinoza respecto a que la indagación previa, que posibilitó que la Fiscalía de la Nación recogiera la declaración de González, haya vulnerado el derecho a la defensa, por haberse realizado en ausencia de la defensa de Castillo.

A mediados de julio, Castillo destituyó abruptamente del cargo a González, para el que había sido designado 15 días antes. 

Tras su salida del gobierno, González aseguró que fue destituido para obstaculizar el trabajo de la Justicia, porque conformó un equipo especial dentro de la Policía para que colaborara con el Ministerio Público en las investigaciones contra personas que integran o integraron el gobierno. 

Además, según el exministro, ese equipo apoyaría la búsqueda de dos exministros y uno de los sobrinos de Castillo que son objeto de órdenes de captura emitidas por la justicia.

La decisión de investigar a Castillo fue adoptada por la titular del Ministerio Público, Liz Patricia Benavides, luego de que la Fiscalía recibiera a los pocos días el testimonio de González para ampliar esas denuncias realizadas ante los medios. 

En una entrevista con Canal N, Espinoza insistió en que las seis investigaciones abiertas por la Fiscalía contra el mandatario "no son legales" porque la legislación en vigor no lo reconoce, ya que la Constitución establece que no puede ser acusado por estos delitos de presunta corrupción.

Luego de escuchar la posición del Ministerio Público y de la defensa de Pedro Castillo, el juez supremo Juan Carlos Checkley indicó que resolverá esta tutela en el plazo legal correspondiente.