La responsable de la Oficina de Género de la Corte de Justicia de Salta, Sandra Bonari, informó que en el marco de la aplicación de la Ley Micaela se capacitó al 63,38% de lxs 2.665 integrantes del Poder Judicial de Salta. 

En detalle, se capacitó a 120 Integrantes de la magistratura, 672 del funcionariado y 241 empleadxs. La información fue aportada por la funcionaria a Salta/12 luego de que organizaciones feministas, que trabajaron en un monitoreo federal, señalaran que la provincia no contestó al pedido de información pública en tiempo y forma.

La Ley Nacional Nº 27.499, más conocida como Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género en los distintos poderes del Estado, y fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 con promulgación el 10 de enero de 2019. 

Bonari aportó un informe con datos actualizados hasta el 12 de agosto de 2022. La Oficina de Género de la Corte de Justicia de Salta es el organismo encargado de brindar las capacitaciones en Ley Micaela dentro del Poder Judicial de la provincia.

En la magistratura fueron capacitadxs 120 personas, de un total de 146. Mientras que 671 funcionarixs recibieron la capacitación sobre un total de 896.  De acuerdo a los números aportados, es en la categoría de lxs empleadxs donde no se ha avanzado con la aplicación de la ley ya que se consigna que capacitaron a 241 de un total 1.623.

Según se informó, desde la vigencia de la Ley Micaela, durante el segundo semestre de 2019, hubo un cronograma establecido a nivel federal por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el cual un equipo del Poder Judicial de Salta, conformado por magistradas, funcionarias y funcionarios y profesionales de las áreas de la psicología y de trabajo social, fue entrenado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema para replicar los talleres de perspectiva de género entonces aprobados por el Instituto Nacional de las Mujeres como autoridad nacional de aplicación de la norma.

Las capacitaciones en la provincia comenzaron a implementarse entre noviembre y diciembre 2019 con la modalidad de talleres virtuales y presenciales a profesionales de los equipos de los Servicios de Psicología y Social, de las Oficinas de Violencia Familiar y de Género (OVIFG), de la Unidad de Psicología Laboral, de la Coordinación de Psicología del Poder Judicial, del Registro de Adoptantes, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial de Salta.

En 2020 el cronograma local de cursos que debía iniciarse en marzo, se suspendió por las medidas sociosanitarias que rigieron durante la pandemia. Luego, mediante la incorporación de tecnología, implementaron un aula virtual propia en el ámbito de la Escuela de la Magistratura, desde donde se retomó el programa anual obligatorio de capacitación a la planta administrativa, en paralelo a los cursos que la Oficina de Género encargada del cumplimiento de la Ley Micaela. 

El informe también señala que desde 2012 el Poder Judicial de Salta viene capacitando a su "recurso humano" a través de los talleres sobre perspectiva de género elaborados por la Oficina de la Mujer del máximo tribunal nacional. E indica que desde entonces, y hasta 2018, se ha capacitado a través de este curso a un total de 589 agentes.

Además, según los datos aportados, durante todo 2019 y de manera ininterrumpida, se proyectaron mediante videoconferencias en todos los distritos judiciales de la provincia las disertaciones desarrolladas en el marco del “Ciclo de capacitación a través del análisis de sentencias con perspectivas de género”, organizado por la Oficina de la Mujer de la CSJN. Se especificó que hubo un total de 1011 personas entre lxs asistentes. 

La Oficina de Género también indicó que cada 8 de marzo y 25 de noviembre participan de la organización de jornadas de sensibilización y concientización para los y las agentes judiciales. "Sólo tomando las actividades realizadas durante los dos últimos años (2018-2019), tenemos un total de 778 asistentes", precisa el informe.

Monitoreo federal de ONGs

La Fundación Micaela García; el Proyecto Generar; la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX; ABOFEM y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer ​(Cladem) realizaron un monitoreo federal sobre el grado de cumplimiento de la Ley Micaela.

En ese marco estas organizaciones civiles señalaron que solicitaron información pública en las 24 jurisdicciones del país, de las cuales respondieron 20 y, solamente 7 contestaron de forma completa. Salta figura entre las cuatro provincias que no respondió.

Bonari especificó que sí respondieron “apenas terminada la feria de enero” mediante un correo electrónico, "por la misma vía" que, aseguró, recibieron la solicitud. Sin embargo, según señaló la abogada Gloria Cruz, quien realizó la solicitud de información por pedido de Cladem, la respuesta de la Oficina del Corte fue tardía. 

Cruz afirmó que presentó una nota formal el 23 de noviembre de 2011, en la que explicitó que había un plazo de 15 días para responder, según la ley N° 27.275, de acceso a la información pública, y que recién le contestaron el 9 de febrero de 2022. “No respondieron al requerimiento en tiempo y forma”, aseveró.

La información requerida era sobre el proceso de capacitación, en los términos establecidos por la ley nacional 27.499 o la ley provincial correspondiente; sobre el número de capacitaciones iniciadas desde la adhesión a la ley; la cantidad de asistentes; si las realizaron en la Corte de Justicia o en tribunales inferiores y en qué fueros.

Las organizaciones señalan que el Poder Judicial debe ser garante del acceso a derechos, entre ellos, la información. “La transparencia y la consecuente rendición de cuentas es un presupuesto fundamental en un Estado democrático. Es alarmante que más de la mitad de las jurisdicciones no responda o lo haga de manera incompleta. Cuando el Poder Judicial no es transparente, no hay acceso efectivo a la justicia”, señalaron.

Prácticas sin perspectiva de género

En lo que atañe a Salta, Cruz dijo que si se observan los fallos y resoluciones judiciales, está “a la vista que la perspectiva de género no se aplica”. “Por más que estemos impartiendo la ley, no se visualiza en la práctica”, aseveró. Dijo que además del aprendizaje teórico, “se necesita una internalización efectiva”.

En este marco, y también citando casos testigos, Cruz hizo referencia a una mujer de Coronel Moldes que realizó una denuncia por violencia de género el año pasado y ahora está requerida a juicio por desobediencia judicial cuando se acercó a su expareja para que cuidara a la hija porque no tenía con quien más dejarla y debía presentarse a trabajar. 

La abogada citó también el fallo reciente del tribunal integrado por las juezas Gabriela Romero Nayar y Mónica Faber y el juez Pablo Farah, que absolvió por la duda al productor de moda Pablo Rangeón respecto de las acusaciones por abuso sexual realizadas por cinco jóvenes y solo lo condenó por una denunciante, a una pena mínima de 7 años. 

En esa sentencia se le aplicaron a Rangeón atenuantes en razón de su edad, sus estudios y el reconocimiento público que tiene, características que Cruz consideró señalan el “poder de privilegio” que tenía frente a las víctimas. “Le endilgan cualidades, a pesar de que tienen presente que todos estos elementos suponen una situación de ventaja, la mirada que le dan es totalmente atenuante. También respecto a la credibilidad de la víctima hay jurisprudencia, sin embargo, la desoyen”, sostuvo.

Asimismo, Cruz mencionó el beneficio de "salidas de esparcimiento" que otorgó el juez de Garantías, Antonio Pastrana, al abogado Matías San Navamuel denunciado por violencia de género por tres mujeres que tienen que permanecer con consigna policial.

La abogada mencionó además a funcionarios denunciados por violencia de género como el juez Víctor Raúl Soria, que sigue en sus funciones. También hizo alusión al fiscal federal de Salta Francisco Snopek, quien ahora fue suspendido de sus funciones y se le ha requerido un jury de enjuiciamiento. El funcionario está siendo investigado por hechos de violencia de género contra su esposa. También fue denunciado por violencia de género por una defensora oficial. “Recién ahora se están tomando cartas en el asunto”, opinó Cruz.