Argentina, Bolivia, Ecuador y México llamaron este sábado a un "diálogo político" en Perú, donde el Ministerio Público abrió una sexta investigación contra el presidente Pedro Castillo por presunta corrupción, según un comunicado conjunto difundido por la cancillería ecuatoriana.
Los gobiernos de estos cuatro países hacen "un llamado a todas las instituciones y fuerzas políticas de esa hermana República a fortalecer el diálogo político, como herramienta para superar la actual coyuntura que atraviesa el país", remarca el texto.
"Confiamos en que todos los actores nacionales privilegiarán la construcción de consensos amplios, inclusivos y participativos que permitan fortalecer el funcionamiento del sistema político establecido por la Constitución y la vigencia del Estado de Derecho", agrega la nota.
"Resaltamos el enorme respeto y amistad que nos une con el Pueblo del Perú, reiteramos nuestra solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas y hacemos votos para que los peruanos logren encontrar fórmulas que fortalezcan la convivencia democrática en la diversidad y pluralidad de visiones sobre su propio desarrollo", concluye el comunicado.
Poco después de la declaración, Castillo expresó en Twitter su agradecimiento por "el respaldo a la consolidación de nuestra democracia y gobierno frente a las maniobras de sectores antidemocráticos".
Seis investigaciones
Esta semana, la Fiscalía peruana decidió abrir una sexta investigación preliminar en contra el mandatario y el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por presunto delito contra la tranquilidad pública, bajo la presunción de que lideraría una organización criminal en el seno del Ejecutivo.
Como parte de esa investigación fue detenida la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes.
Castillo también es investigado por otros cinco casos, de los que siempre se ha declarado inocente. Las causas incluyen presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por parte de la estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro del Interior. También presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; presunta corrupción y colusión agravada en proyecto de obra pública y plagio en su tesis universitaria.
El gobernante peruano, que lleva un año en el cargo, también vive en conflicto con un Congreso derechista que exige su renuncia. Hasta el momento, ha resistido a dos intentos de juicio político "por incapacidad moral".
En las calles de Lima, se esperan manifestaciones antigubernamentales hasta el lunes, así como contraprotestas que podrían derivar en confrontaciones.