Un pedido de la defensa de cuatro hombres que permanecen detenidos en la causa en la que se investiga una gran plantación de marihuana en una finca ubicada en la localidad de La Caldera, en Salta, permitió conocer más detalles de este emprendimiento ilegal, que fue desbaratado por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba. 

En el caso hay once hombres imputados, cinco de ellos en prisión preventiva, y eso fue lo que reclamó el abogado Manuel Villagrán en una impugnación presentada el pasado 28 de julio, en la que requirió la liberación de sus defendidos Jonatán Manuel Garzón, Sergio Humberto Salum, Víctor Nicolás Farfán y Aldo Luis Aparicio, quienes junto a Juan Berruezo, que también está con preventiva, son los principales acusados en este proceso. 

El tratamiento de este planteo, que fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta integrada por la jueza Mariana Catalano y los jueces Guillermo Elías y Alejandro Castellanos, permitió que se conocieran más detalles del caso. 

En la audiencia para tratar la impugnación, el fiscal general Villalba hizo una presentación digital del allanamiento en la finca Los Chalchanios, en La Caldera, donde se encontró la plantación de marihuana más grande del país. La fiscalía aseguró que las imágenes solo tienen comparación con las plantaciones en la localidad paraguaya de Juan Pedro Caballero.

Al referirse al resultado de las pericias realizadas el 14 de febrero último sobre muestras extraídas de las 2.400 plantas (con dos metros de altura), 7.200 plantines, 305 gramos de semillas y 61 kilogramos de cogollo hallados en un depósito de secado de la finca, además de otros derivados, el fiscal reveló: “De toda la droga secuestrada, los peritos informaron que es factible extraer un total de 1.300.000 dosis umbrales, lo que supera la población de la provincia de Salta, según el censo de 2010, el que arrojó un resultado de 1.214.441 habitantes”.

La fiscalía sostuvo que esta cifra, además de marcar un récord histórico en la materia, refleja la capacidad de producción que la organización había logrado montar en La Caldera, cuya plantación fue desarticulada por la PROCUNAR NOA el 4 de febrero último.

La investigación, coordinada por los auxiliares fiscales Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, derivó en la imputación progresiva de once personas. Además de los principales acusados, están imputados, con menor grado de participación dada la función que cumplieron como peones en la plantación, César Alberto Royo, Rodrigo Martín Coronel y los hermanos Gustavo Carlos y José María Segovia y Tomás y Simón Aparicio.

En su impugnación de la prisión preventiva de Garzón, Salum, Farfán y Aldo Aparicio, el abogado defensor cuestionó la pericia realizada sobre 1008 plantines, que no fueron incluidos en el estudio que calculó la cantidad de dosis umbrales citada por el fiscal.

Pese a la gran cantidad de plantas, almácigos y otros derivados de la marihuana secuestrada en la finca, cuyas pericias arrojaron un resultado contundente respecto a su toxicidad, la defensa se centró solamente en los 1008 plantines, que habían perdido su poder tóxico.

Asimismo, se quejó porque la pericia se inició sin la presencia de la defensa, algo que la fiscalía recordó que fue inmediatamente subsanado al disponerse la destrucción del acta, para reiniciar el estudio con la defensa presente. 

Por otra parte, la defensa reclamó un trato igualitario para sus clientes y atacó a los seis acusados que se encuentran en libertad provisoria, siendo que la imputación penal por el delito de siembra y cultivo de estupefacientes agravado por el número de intervinientes recae sobre todos los implicados.

Al momento de rebatir los argumentos de la defensa, el fiscal proyectó imágenes de todas las otras plantas, plantines, semillas y cogollos hallados, y dio detalles del resultado de las pericias.

En cuanto a la supuesta desigualdad de los acusados en libertad y los detenidos, Villalba indicó que se debe al grado de participación que tuvieron los cinco en prisión preventiva, que es más comprometida que la del resto. Resaltó que tanto Salum, Garzón, Farfán y Aparicio, como así también Berruezo, que era administrador de la finca, tienen un grado incriminatorio mucho mayor, dado que son los líderes de la organización.

Roles y participación

Sobre los roles de cada uno, el fiscal explicó que Berruezo dispuso del lugar y ejercía cierta autoridad sobre el resto, al igual que Garzón, como encargado de la siembra y cultivo; mientras que Salum y Farfán dirigían la logística vinculada al traslado de los peones y la compra de insumos para la plantación.

En cambio, los otros seis acusados trabajaban en el cultivo como peones, tenían una función más fungible, situación que no sucedía con los otros cuatro. Por otra parte, el fiscal recordó que, a excepción del cuestionamiento sobre la pericia, la defensa ya había planteado los mismos argumentos en audiencias previas, también sin éxito.

Explicó que, a diferencia de los seis excarcelados, Salum, Garzón, Farfán y Aparicio cuentan con inconsistencias migratorias, capacidad financiera para fugarse y encima uno de ellos anticipó que se iba a ir del país. Al margen de ello, agregó que dado el grado de participación en el delito, la condena que podría recaerles excede la escala penal prevista para ser beneficiados con la prisión condicional.

Al resolver, los jueces compartieron los argumentos del fiscal prácticamente en su totalidad. Catalano sostuvo que la supuesta irregularidad en la pericia en nada altera el mérito sustantivo y, a la vez, resaltó la envergadura de la plantación y la cantidad de droga que se producía.

“Estamos ante un pronóstico bastante serio”, dijo la jueza respecto de la expectativa de pena derivada del grado de implicancia de los imputados. “No es lo mismo una participación primaria que una secundaria”, agregó.

En el mismo sentido, Castellanos calificó de “inconsistente” la impugnación de la defensa. Sobre el reclamo defensivo por un trato igualitario, recordó que radica en la condición personal y el rol de cada uno, como lo expuso la fiscalía.

Por su parte, el juez Elías calificó de “insuficiente” el esfuerzo de la defensa. “La verdad es que cuando veíamos las imágenes de la finca, creí que estábamos frente a una pyme agropecuaria”, destacó el magistrado.

“Con familiares que se dedican a la producción tabacalera estoy al tanto de la infraestructura que se invierte, por lo que no me deja de sorprender este caso”, agregó. Respecto a la pericia cuestionada, dijo: “aún si agarramos a patadas los plantines que se pudrieron, creo que el mérito se mantiene intacto”.

De esta manera, los jueces decidieron por unanimidad rechazar la impugnación y, con ello, confirmar la prisión preventiva de los cuatro acusados.