Nunca ocurrió un proceso semejante. La matrix institucional local descarta mecánicamente todo aquello que se encuentre más allá del destino turístico construido o el modelo de gestión diagramado con antelación. Con cordones cordilleranos y serranías que cubren la mitad del territorio, es ahora notorio que por décadas la provincia olvidó mejorar las condiciones para el disfrute gratuito de actividades montanas.
Desde mediados de abril, Salta comparte con Nación el mismo marco legal (ley 8.313). Localmente era crucial saber cómo seguiría el proceso. Por eso resultó llamativo que la definición de la autoridad de aplicación no se viralizara. Tampoco ocupó primeros titulares en los principales medios informativos y portales digitales. Pocos sabían que esta Secretaría, que se desprende directamente del Ministerio de Turismo y Deportes, recibió la novedad el 2 de agosto. El Boletín Oficial publicó el decreto 545 en su edición complementaria, que formalizó el nombramiento. Hasta el momento, es el principal avance en la implementación y reglamentación de la adhesión de Salta a la norma nacional.
Para el Estado salteño, ahora son actividades de interés deportivo, cultural y socio-recreativo. Incluye al montañismo, el senderismo, trekking, ascensionismo, la escalada, más todas las técnicas necesarias para concretarlas. La última mención, incluye deportes de nieve, como el esquí. Tal variedad solo revela que el tránsito por sendas de uso ancestral y tradicional sin que medie el pago a un experto, es más antiguo que el Qapac Ñan. Como práctica posmoderna y pospandémica, la clave hoy pasa por advertir que por décadas, las industrias culturales salteñas moldearon para sí las actividades al calor del imaginario neoliberal del turismo. De hecho, no existe relevamiento público sobre el lugar que ocupa en la rutina diaria del residente salteñe, la caminata más popular en Salta capital: el ascenso al cerro San Bernardo, sea por escalinata o ruta.
Después de la adhesión, muchos de los principales involucrados pensaron que la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Turismo de la provincia. Algunos funcionarios municipales de esas áreas consultados por Salta/12 entre abril y junio, no ocultaron su molestia. Antes de adherir a la norma nacional, la provincia no les preguntó qué opinaban. Sin duda, hubo un proceso de influencia que se ejerció directamente sobre el gobernador Gustavo Saenz. El senador por el departamento Capital Emiliano Durand fue decisivo en el proceso. Y doblemente: tanto en el tratamiento de la adhesión en la Cámara Alta salteña, como en la definición final de la autoridad de aplicación. Vinculado con quienes participaron en la redacción de la ley nacional, clubes de montaña y asociaciones de running locales, convenció al gobernador para que fuese la Secretaría de Deportes quien se ocupe de reglamentar la norma y trabajar con los municipios.
Lo anterior quedó claro los primeros días de agosto, cuando Gustavo Sáenz difundió el decreto 545 por una cuenta en redes sociales. Lo hizo justo cuando se desarrollaba en la ciudad de Salta la “Semana del Montañismo”. La noche del martes 2, en un salón de la Usina Cultural de Salta, los asistentes a esas jornadas esperaban la apertura de la charla “Leyes nacional y provincial de acceso a la montaña”, a cargo de Mauricio Bianchi de la Federación de Andinistas Argentinos y el senador de Unidos por Salta. Desde un video publicado en la cuenta en instagram del legislador salteño, el mandatario explicó: “quiero que disfruten de Salta La Linda, que disfruten de sus paisajes, de su cultura, y de su gente por sobre todas las cosas ¡Vamos a trabajar para garantizar el libre acceso deportivo a las montañas!”. Pocos minutos antes, saludó a salteños y turistas, amantes por igual de un deporte de “trascendencia mundial”. Por sus palabras, también quedó claro el proceso que se avecinaba: separar al servicio de la actividad pedestre que se realiza por cuenta propia.
Mientras Bianchi –montañista y abogado oriundo de Tigre (Buenos Aires)– detallaba en el salón de la Usina Cultural el recorrido histórico del proyecto colectivo que terminó en ley en el Congreso nacional, una participante del público lo interrumpió. “¿O sea que el montañismo no es turismo?”, lanzó sin poder ocultar más su sorpresa ante lo que veía y escuchaba. Su dilema apuntaba directo a la base del problema que aparece apenas arranca la implementación de la ley. Andinistas Argentinos tuvo distintas experiencias, aunque todas con leyes sancionadas por provincias antes de la sanción de la norma nacional. Son los casos de Catamarca (2018) y Córdoba (2020), que se diferencian de San Luis (2019) y La Rioja (2020). Por eso, la noche en la Usina Cultural, Bianchi esbozó inmediatamente una sonrisa al escuchar la prematura duda que surgía entre el público. La presentación de las normas nacional y salteña, se dirigió a un público compuesto principalmente por montañistas, entrenadores de trail running, y guías.
Espacio 3.0
¿Atenta contra el negocio turístico el disfrute de la cercanía? ¿acaso un ciudadano común no puede también ser visitante de su proximidad montana? Los alrededores de la capital de Salta no se comparan con ciudades de Patagonia norte, como San Carlos de Bariloche o San Martín de Los Andes. Representan urbes con montañas a mano, que atravesaron procesos de políticas públicas del espacio ligadas con la formación de Parques Nacionales. La discusión continúa en el presente siglo, con la consulta previa, libre e informada a comunidades originarias y los reclamos por sitios sagrados (caso Lanín). Todas las opciones que se pueden recorrer actualmente en el sur andino, atravesaron relevamientos, cartografías, instalación de señalética y procesos de acuerdos entre los principales actores en el territorio, que incluye la propiedad colectiva (comunidades mapuches en el caso patagónico).
“Los montañistas somos una minoría. Sin embargo, redactamos esta ley para cubrir legalmente nuestra actividad amateur, y muchas otras más usuales, como las caminatas y el senderismo”, reflexionó Mauricio Bianchi dialogando con Salta/12 después de su presentación en la Usina Cultural. Le da la razón la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte de 2021. La actividad con mayor porcentaje de menciones entre quienes participaron del relevamiento, fue “caminar”, con un 65,4 por ciento. En segundo lugar se ubicó “salir a correr”, con un 50,2, y muy cerca “andar en bicicleta”, con el 50 por ciento. Los tres casos mencionados, no se desglosan por región. El documento sí ofrece un dato clave: el NOA, el NEA y Cuyo son las regiones que registran mayor porcentaje de la población que declaró hacer deportes y actividades físicas gratuitamente.
“Nosotros nunca recomendamos una autoridad de aplicación. De ese modo, cualquier ciudadano puede reclamar acceso”, aclaró Bianchi. “En Córdoba, por ejemplo, la ley se aplica desde el Ente Provincial de Turismo. No es el ámbito adecuado, porque para que la norma funcione no debe mediar el lucro. Es decir, no le pago a un guía o a un entrenador para que me lleve a caminar o a correr”. A su entender, el mejor ejemplo es Merlo, una comuna de San Luis que lleva algunos años de delantera en el proceso. La provincia lleva relevado más de cien senderos, todos cartografiados y a disposición del público.
Es importante recordar, que el Código Civil y Comercial argentino sólo contempla el mero recreo para casos de servidumbres de paso en propiedades no públicas. Se trata de una interpretación heredada de tiempos de Dalmacio Vélez Sarsfield (1800 - 1875), no modificada en la reforma de 2015. Por lo tanto, aún reproduce el imaginario de tiempos en que los senderos eran recorridos por cazadores. Montañistas, amantes de las caminatas, o simples corredores amateurs no eran incluidos entonces, ni lo son ahora tras la reforma. Sobre ese hueco jurídico se ubicó la ley sancionada en diciembre pasado. Lo hizo también Salta al adherir. En su artículo octavo, la norma exime de responsabilidad a los privados ante posibles accidentes de terceros que transiten por sendas que atraviesen sus propiedades. En su artículo quinto, los interpreta como una emergencia más. ¿Será la solución para los propietarios registrales de la Quebrada de San Lorenzo?
Debate público o mesa chica
Aparecen otras preguntas que anuncian debates cruciales. En el futuro próximo ¿habrá audiencias públicas en cada municipio? ¿cumplirán con el proceso de consulta libre, previa e informada a comunidades originarias? En la comuna más cercana a Salta capital (San Lorenzo), la comunidad Lule de Finca Las Costas discute la cogestión del territorio relevado ya por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con la Reserva Provincial. “A nosotros no nos convocaron para conocer la ley que usted menciona. De hecho, me entero que existe por su llamado”, respondió a Salta/12 David Torres, presidente de la comunidad ubicada en San Lorenzo. La situación se repetirá en distintas comunas con realidades diversas, y relaciones más o menos conflictivas con las comunidades originarias presentes en sus territorios.
Hasta el momento, el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, y el secretario de Deportes, Federico Abud, estudian los alcances de la ley. Los secretarios y directores de Deporte de las municipalidades salteñas aún no cuentan con el material necesario para opinar. “Es una muy buena iniciativa provincial. Estaremos cuando nos convoquen”, fue la respuesta de la secretaria de Deportes y Juventud de la municipalidad de Salta, Josefina Chávez Díaz. “Aún esperamos que lleguen las normativas”, aclaró una fuente consultada en la Municipalidad de La Caldera. “La provincia recién adhirió y todavía no convocaron a los municipios”, explicaron desde la Municipalidad de Rosario de Lerma. “Nosotros trabajamos en el tema con la Dirección de Turismo antes de la pandemia”, respondió a Salta/12 el director de Deporte de Campo Quijano, Federico Stucky. El funcionario admitió desconocer la real orientación de la norma nacional y la adhesión provincial.
El proceso que se abre en Salta promete polémica. La novedosa adhesión ya patea tableros de gestión. Es probable que aún no se dimensione exactamente la profundidad de su alcance. Llegó para discutir localmente qué se entiende por deporte, porque la norma establece líneas divisorias precisas. Queda claro que, de ahora en más, no tendrá el mismo tratamiento público y legal una actividad pedestre recreativa, que otra turística o vinculada al negocio de las competencias deportivas.
Nombrar a la Secretaría de Deportes de la provincia para coordinar su reglamentación fue todo un mensaje. El gobierno despejó el primer obstáculo: el turismo. Queda ahora aclarar su interpretación y despejar la variable neoliberal del deporte. La misma que obsesionó a Dante Panzeri cuando advertía cómo desaparecía el espíritu y disfrute amateur de las canchas de fútbol. En el caso salteño, una ley elaborada por montañistas de buena parte del país (incluida Salta) vienen a proteger ese espíritu y disfrute amateur que tantas administraciones provinciales evitaron. Acompaña el olfato político.
