“La primera acusación contra Miranda Ruiz, médica que garantizó el derecho al aborto a una mujer en Tartagal, Salta, fue desestimada. Aun así la Justicia provincial sigue actuando con arbitrariedad en contra de sus garantías. La acompañamos y exigimos el cese de su persecución”, afirmó la ministra la ministra de Mujeres y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
El viernes último en sus redes sociales, la funcionaria nacional volvió a manifestar su apoyo a la médica residente del Hospital Juan Domingo Perón que el 3 de septiembre de 2021 fue detenida en Tartagal luego de que garantizara una interrupción legal del embarazo (ILE) a una joven de 21 años. Aún hoy Ruiz sigue encausada.
Gómez Alcorta realizó este nuevo pronunciamiento tras conocer que la primera acusación contra Miranda fue desestimada. Ya en enero de este año, al cumplirse un año de vigencia de la Ley 27.610, había denunciado una persecución y criminalización contra la profesional y consideró que es un caso "paradigmático" porque exhibe el intento de "disciplinamiento a los profesionales de la salud" que cumplen con la Ley.
Esa primera acusación era por la presunta práctica del aborto sin el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley que autoriza la práctica.
Pese a ese desistimiento manifestado por el fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, el juez de Garantías de ese distrito, Héctor Mariscal Astigueta, mantiene las medidas coercitivas para que la médica se presente ante el juzgado cada dos meses. Ahora Ruiz es perseguida por otro presunto delito sobre el mismo hecho: la falta de consentimiento del aborto por parte de la joven paciente.
Los defensores de la profesional, Oscar y Fernanda Guillén, cuestionaron al juez y al fiscal por continuar la persecución judicial cuando existe el principio legal de que nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo hecho. Este fue el principal argumento al momento de insistir en que se dicte la nulidad de la causa. Si se hace lugar o no a ese argumento quedará en manos de la Sala I del Tribunal de Impugnación, ubicado en Salta Capital.
Las arbitrariedades del juez y el fiscal
“Estamos ante un caso de persecución simultánea, escalonada y múltiple, que atenta contra las garantías constitucionales de Miranda Ruiz. Pues tanto el fiscal como el juez actúan desde el ámbito de la indefinición y la ambigüedad, ya que no solo cometen arbitrariedades de ‘prueba y error’ sobre los términos de las imputaciones, sino que no logran definir, describir, especificar el delito por el que acusan a Miranda”, dice un comunicado que emitieron grupos de mujeres salteñas que apoyan a la médica.
Estas mujeres entendieron que “esta acumulación de arbitrariedades deja al desnudo los direccionamientos políticos del juez y el fiscal, quienes, en su intento de sostener lo insostenible, demuestran su ceguera y voluntad manifiesta de atentar contra las libertades y derechos ganados por las personas con capacidad de gestar”.
Por su parte, la senadora nacional Nora Giménez expresó su beneplácito por las novedades en la causa contra la médica de Tartagal, y pidió la pronta resolución del caso con su sobreseimiento. Ratificó además su acompañamiento a Miranda Ruiz, en su pedido de anulación de la causa que le fue iniciada por la Justicia de Tartagal luego de que facilitara a una joven gestante el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Giménez afirmó que desde que tuvo conocimiento del caso promovió activamente el desprocesamiento de Ruiz. Desde el Senado de la Nación impulsó un proyecto de Declaración que obtuvo dictamen de la Comisión Banca de la Mujer, en el que se pedía a la Justicia de Salta “la aplicación sin restricciones de la ley nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)” y poner fin a la criminalización de este caso.
Durante una visita a Tartagal que realizó el viernes último la legisladora nacional dialogó con la médica y conoció los pormenores de la causa, “en la que llama la atención que ella (por Ruiz) es la única imputada pese a que la práctica del aborto fue practicada por un equipo multidisciplinario”.
Asimismo, Giménez planteó la necesidad de que haya celeridad en la resolución de este caso, que es testigo para el país en materia de ILE.
