“Podemos inferir que la implementación de la ley Micaela en el ámbito de la Justicia a nivel federal es deficitaria”, afirma el informe elaborado entre la Fundación Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX, ABOFEM y CLADEM Argentina. 

Para recabar los datos, realizaron pedidos sobre la implementación de la Ley Micaela en todo el país, “no sólo para que los Poderes Judiciales locales informen sobre el grado de cumplimiento de la ley, sino también instar a la rendición de cuentas y transparencia como ejercicio de una práctica democrática y de participación ciudadana, que nos acerca a un sistema de justicia de puertas abiertas a la sociedad”, señala el informe.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Rioja adhirió a esta norma en primera instancia de manera parcial, y en julio de 2020 mediante una modificación de la Cámara de Diputados, se aprobó la adhesión total y quedó establecida la capacitación obligatoria en género para todas personas que integran las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa y Judicial). Y desde el 23 de diciembre de 2020, la ley 10.279, cuenta con su decreto reglamentario correspondiente.

Sobre la transparencia del Poder Judicial sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

El 17% no respondió guardando silencio luego de vencido el plazo: Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan. El 46% de las provincias respondieron de manera parcial e incompleta y en dos de las provincias (8%) respondió el organismo de aplicación, indicando que no tenían competencias sobre la información del Poder Judicial.

En el caso de las provincias que respondieron que no tenían competencias para brindar la información requerida, se detalla que dicha respuesta fue brindada por la autoridad de aplicación, a cargo del Ejecutivo. En esos casos, se sugirió remitir el pedido de información del Poder Judicial provincial. Estos últimos guardaron silencio, no respondiendo el pedido. En este caso, “los órganos de aplicación que respondieron al pedido son los correspondientes a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Luis”

De las 11 jurisdicciones que informan la fecha de inicio de las capacitaciones, en 5 de ellas se observa un retraso en el comienzo del proceso formativo. Los casos más preocupantes son las provincias de La Rioja y San Luis, que comenzaron sus capacitaciones, respectivamente, 24 y 21 meses después de haber sancionado la ley de adhesión provincial. La provincia de Catamarca demoró 13 meses, Córdoba 10 meses, Mendoza 9 meses y Santa Cruz 6 meses.

Sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%). No todas las provincias informan el grado de formación a jueces y juezas, de todas las instancias y fueros. Sólo lo informan Córdoba y Formosa, con un 93% capacitado en ambos casos, Santa Cruz, con un 89% de su magistratura capacitada, y Neuquén informa que ha capacitado al 71% de magistratura y funcionariado hasta categoría equivalente a judicatura de 1° instancia.

“El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades” advierten en el monitoreo nacional. 

La Rioja cuenta con tres juzgados en Violencia de Género y Protección Integral de Menores. Dos funcionan en la Capital y otro, creado en el 2020, en Chilecito. En ese año la Legislatura aprobó además la creación de secretarías de Instrucción de Violencia de Género en las circunscripciones judiciales de la Provincia.