La aprobación del presidente de Perú, Pedro Castillo, aumentó cinco puntos porcentuales entre julio y agosto y alcanzó el 25%, indicó la encuestadora Ipsos, pese a que la Fiscalía de la Nación abrió dos nuevas investigaciones en su contra en el último mes. 

La consultora también indicó que 69% de los ciudadanos desaprueba la gestión del mandatario, es decir, cinco puntos porcentuales menos que en el estudio anterior, correspondiente al mes de julio.

Ante la consulta sobre si Castillo debería renunciar o continuar en el gobierno hasta concluir su mandato, en 2026, el 61% de los entrevistados consideró que debería renunciar (un punto porcentual menos que la encuesta de junio) mientras que un 36% contestó que debía continuar (el mismo porcentaje que antes).

En referencia a las investigaciones de la Fiscalía contra el mandatario, el 34% de los encuestados se mostró de acuerdo con la afirmación "está colaborando con la Fiscalía porque es inocente de los delitos que se están investigando", mientras que un 54% se mostró de acuerdo con que "está obstaculizando el trabajo de la Fiscalía porque es culpable de los delitos que se están investigando".

Finalmente, el 50% de los entrevistados cree que Castillo coordinó la fuga del exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, frente a un 33% que dijo que esta acusación es falsa.

La encuesta también indica que 81% desaprueba al Congreso (un crecimiento de dos puntos porcentuales con respecto a la medición anterior) y 13% lo aprueba (un punto menos).

Para esta encuesta, que fue realizada para América Televisión, se entrevistó a 1.247 personas con un margen de error de +/- 2.8%. 

Castillo enfrenta seis investigaciones en las que siempre se declaró inocente. La última que abrió la Fiscalía es por una supuesta  "organización criminal" que operaba con licitaciones irregulares en las provincias de Chota y Cajatambo. También es investigado por presuntas irregularidades en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la adjudicación de una obra denominada Puente Tarata III y en una compra de biodiesel por parte de la estatal Petroperu. Además, se lo investiga por supuesta obstrucción de la Justicia, a raíz de una denuncia pública en ese sentido del último ministro de Interior, Mariano González, y un supuesto plagio en su tesis de grado.