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Durante décadas, el rostro aniñado del marino Alfredo Astiz fue la cara de la traición después de que se hiciera pasar por hermano de un detenido-desaparecido para mezclarse entre los familiares que buscaban con desesperación saber qué había pasado con los suyos. Pero Astiz no fue el único integrante de las fuerzas represivas o de los servicios de inteligencia dedicado a esas tareas. Una mujer de ojos pardos y cabello castaño —integrante del sombrío Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA)— también se infiltró en Madres de Plaza de Mayo para sacar información de las mujeres que le reclamaban a la dictadura la aparición con vida de sus hijos e hijas, según pudo reconstruir Página/12 a partir de la lectura de su legajo, que está en poder de los tribunales federales. A más de 45 años de la infiltración, la historia de esta mujer –que ocupó lugares encumbrados en la estructura de inteligencia de la PFA– permanecía en las sombras. Hasta ahora.
A la mujer la conocían como “Isabelita” dentro de ese organismo de la PFA —su nombre real no se divulga para no entorpecer investigaciones judiciales—. Entró a la Escuela de Informaciones en marzo de 1969, poco después de cumplir los 21 años. Para entonces, vivía con sus abuelos en un chalet de la zona oeste del conurbano. Desde que había terminado el comercial en el partido de Morón, se ganaba la vida dando clases de inglés. Al Cuerpo de Informaciones llegó por recomendación de un jefe del Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA), un organismo que se disolvió en 1973 por decisión del gobierno peronista y cuyos integrantes pasaron a los departamentos de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). El jerarca —al que Isabelita presentaba como un tío— se reconvirtió con los años en personal civil de otro temible organismo: el Batallón de Inteligencia 601.
Durante los años de la dictadura, la mujer hizo carrera dentro del Cuerpo de Informaciones. Entre 1976 y 1979 pasó por la División Central de Reunión, la Dirección General de Inteligencia, el Departamento de Asuntos Subversivos, el Departamento de Asuntos Gremiales y el Departamento de Situación. En julio de 1977 recibió una felicitación por su trabajo abnegado y en 1978 hizo un curso de especialización en inteligencia. También aprovechó para estudiar Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e inició una pareja con un técnico electricista que revistaba como personal civil en otro servicio de inteligencia —el Batallón 601—. Así lo informó ella a sus superiores en julio de 1982, siguiendo las reglas que rigen la vida de los integrantes del Cuerpo de Informaciones.
Como su pareja había sido destinada a Mar del Plata, Isabelita pidió autorización para trabajar en la delegación de la PFA de esa ciudad balnearia. Había una razón adicional: estaba embarazada y pronto daría a luz. En diciembre de 1982, el comisario Eduardo Pedro Antoniuk les reclamó a los superiores el traslado de la agente que gozaba de una buena reputación dentro del Cuerpo de Informaciones. Antoniuk dio una razón adicional: “La causante figura en una denuncia realizada en el ámbito internacional por un exintegrante de un organismo de seguridad como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva”.
En otras palabras, su jefe entendía que un cambio de aire le serviría no solo por motivos familiares sino también para sacarla del foco de atención. Inmediatamente, en el legajo de la mujer lucía otra certificación que llevaba la firma de Juan Andrés Fonte, el segundo del jefe de la SSF: “La causante presta servicio en el cuadro ‘A’, cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la agrupación MADRES DE TERRORISTAS, siendo detectada. Actualmente y por su estado de embarazo cumple funciones internas”.
El legajo deja pocas dudas de que la mujer estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo. Si algún interrogante quedaba, un parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) —desclasificado durante la intervención de Cristina Caamaño— lo despeja. El 5 de octubre de 1982, las Madres protagonizaron una movilización hacia Plaza de Mayo. Un agente de la PFA aprovechó el escenario para simular que abrazaba a una de las Madres, Susana Leguía. El policía Carlos Enrique Gallone se las ingenió para ser retratado. Su imagen apareció en la primera plana del diario Clarín, entre otros medios, como un gesto de reconciliación. La SIDE siguió de cerca esos eventos. En un informe, los espías decían que la foto causó conmoción al interior del organismo de derechos humanos, pero agregaban un dato más: esa marcha había sido prohibida por el Ministerio del Interior —del que dependía la PFA— y el decreto nombraba a la agrupación como “Madres de delincuentes terroristas”. Una denominación muy parecida a la que aparecía en el legajo de Isabelita, por lo que probablemente fuera la que usaba la PFA.
Un agente indiscreto
Un año antes de que Isabelita pidiera el pase a Mar del Plata, Luis Alberto Martínez cayó detenido en Suiza. Junto con un grupo de agentes del Batallón 601 estaba intentando cobrar el secuestro extorsivo a la familia de un empresario argentino. Martínez –conocido como el “Japonés”– dio una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en julio de 1981. En ese testimonio, mencionó centros clandestinos, zonas liberadas y algunas de sus tareas como integrante de la SSF, en donde reportó en Asuntos Gremiales y Asuntos Estudiantiles. Es decir, se ocupaba de espiar en sindicatos y en universidades.
Ante la FIDH, Martínez dijo que la PFA estuvo involucrada en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz, cuando los grupos de tareas de la dictadura se llevaron a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. “Se había infiltrado entre las Madres de Plaza de Mayo una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia, anexado a Seguridad Federal”, dijo Martínez en 1981.
A Isabelita la describió como una mujer que llevaba los cabellos largos en una cola de caballo hasta la cintura y, según los recuerdos de Martínez, la mujer simulaba tener un hermano desaparecido –como lo hacía Astiz–. Según Martínez, él y otros efectivos de la PFA tuvieron que ir a buscar las pertenencias de Isabelita después de los secuestros de una pensión que tenía la Curia sobre las calles Viamonte, Paraná y Montevideo. Dijo que ahí vivía con las monjas francesas.
En realidad, la Iglesia no tenía una propiedad en esa zona, pero sí existía una pensión de mujeres en Viamonte 1596, que podría ser el lugar al que Martínez se refería. Hasta donde se sabe, Leonie vivía en Castelar, mientras que Alice alternaba en distintos lugares –como se reconstruye en el libro Callar sería cobarde, de Frederic Santangelo–. Más allá de lo que surgen como imprecisiones, la declaración de Martínez es, sin duda, la razón por la que los superiores de Isabelita sugerían su pase a Mar del Plata.
Los vínculos con la Armada
Como probó la Justicia, los secuestros de los doce de la Santa Cruz –que se extendieron entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977– estuvieron en manos de la Marina. Una versión que recoge el periodista Uki Goñi en su libro Judas es que Astiz precipitó el operativo por el temor de ser reconocido. Goñi incluso sostiene que entre quienes se reunían en la Santa Cruz habían empezado a aflorar sospechas sobre la muchacha que acompañaba a Astiz. Era lógico: la chica era una secuestrada a quien obligaban a acompañar al marino en la infiltración.
En el grupo de tareas de la Marina hubo efectivos de la PFA, pero se trataba en todos los casos de integrantes del área de Operaciones. Un sobreviviente de la ESMA recuerda que no había vínculos entre la inteligencia del GT 3.3.2 y de la PFA. Tal era la desconexión que, en un momento, los marinos sospechaban que estaban detrás de la misma presa que los federales y tuvieron que mandar al sargento Juan Carlos Linares a simular un encuentro casual en la zona de Coordinación Federal con un conocido de la PFA para chequear la información. Una de las posibilidades era que tanto Astiz como Isabelita estuvieran merodeando a los grupos de familiares sin que existiera coordinación entre ellos.
Jorge “Tigre” Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA, reconoció que, al menos, desde agosto de 1977 habían montado vigilancia sobre las organizaciones de solidaridad –léase los organismos de derechos humanos–. En una declaración, Acosta dijo que esa información la compartía la comunidad informativa –es decir, los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas– y mencionó la existencia de una directiva nacional que determinaba como blanco a quienes buscaban saber qué había pasado con sus familiares desaparecidos.
Aires no tan democráticos
Cuando llegó la democracia, Isabelita siguió creciendo profesionalmente. Pasó en diciembre de 1983 a integrar el Departamento de Protección del Orden Constitucional –el temido POC–. Después del asalto a La Tablada de enero de 1989, el entonces procurador general Andrés D’Alessio conformó un grupo de agentes de inteligencia de la PFA para investigar al Movimiento Todos por la Patria (MTP). Ella estuvo entre los elegidos por el excamarista del Juicio a las Juntas.
Durante esos primeros años de la democracia, el área de inteligencia de la PFA se dedicó a seguir a organizaciones que, según ellos, reivindicaban la violencia política. “Después de que se aplacaron los ecos del hecho de La Tablada (enero de 1989) y del enfrentamiento con la Brigada Che Guevara (noviembre de 1990) un razonamiento elemental de inteligencia permitiría inferir que los elementos fanatizados recompondrían sus cuadros con la idea de seguir azotando el país”, puede leerse en un informe que integra el legajo de Isabelita.
“Se trabajó sobre la hipótesis de que dichos elementos tendrían un aceptable caldo de cultivo para sus acciones psicológicas en las marchas que organismos de derechos humanos y de solidaridad desarrollaban en el país con distintos motivos o reclamos”, continuaba el reporte que dejaba en claro que para los servicios de inteligencia, al igual que en la dictadura, el movimiento de derechos humanos se presentaba como un enemigo al que temer y espiar.
Como parte de esas tareas, los agentes de inteligencia de la PFA siguieron a quienes decían que integraban la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) hasta provocar una serie de caídas. Entre quienes fueron blanco de los espías de la Federal estuvo Oscar Kuperman, a quien seguían, por ejemplo, a las rondas de los jueves de las Madres en la Plaza de Mayo. Cuando allanaron la casa de Kuperman, consignaron que, en sus agendas, se veía que mantenía relaciones “personales, ideológicas y partidarias” con organismos de solidaridad y derechos humanos.
Para 1997, Isabelita se incorporó como una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia, por donde pasaron otros célebres espías de la PFA, como Américo Balbuena, el “pluma” que estuvo infiltrado en la agencia de comunicación alternativa Rodolfo Walsh. Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, la mujer pidió la baja.
Para que se investigue
En 2013, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré denunció a Isabelita por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) analizara su legajo. La presentación se hizo en el juzgado donde tramita la megacausa ESMA. Después de una serie de medidas, el juez Sergio Torres archivó parcialmente las actuaciones porque no pudo probar que la mujer hubiera sido parte de los operativos de diciembre de 1977. Sin embargo, entendió que, de su legajo, se desprendía que podría haber estado involucrada en crímenes de lesa humanidad y le remitió la documentación al juez Daniel Rafecas –que investiga los crímenes bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército– y a la Procuración.
Hasta ahora, la historia de Isabelita permanecía en las sombras, a diferencia de lo que sucedió con otros de los integrantes del Cuerpo de Informaciones de la PFA. El organismo quedó bajo los reflectores después del éxito de la serie Iosi –que retrata, a partir de una investigación de los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky, cómo José Pérez estuvo quince años infiltrado en la comunidad judía–.
“Todos los hechos vinculados al terrorismo de Estado deben ser investigados y esclarecidos por la Justicia argentina”, afirma la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), al ser consultada por Página/12 por la actividad de Isabelita en los años de la dictadura.
“Es crucial investigar su participación en los hechos de la dictadura”, opina Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. “El caso demuestra además que era cierto lo que siempre denunció el movimiento de derechos humanos: la continuidad de prácticas de la dictadura en democracia. La impunidad permitió esto”, añade el funcionario.
En una línea similar se pronunció Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Lo que se logró saber de Isabelita es útil para entender mejor cómo funciona esa estructura secreta de la PFA y para reafirmar la necesidad de que se investigue exhaustivamente cómo funcionó durante la dictadura y los años posteriores”, dijo a este diario. “La continuidad de agentes bajo secreto que tuvieron alguna participación en el aparato represivo y las prácticas de infiltración por razones políticas exigen la apertura de archivos y de investigaciones porque no es razonable que después de todas estas décadas sea prácticamente imposible reconstruir su participación en el terrorismo de Estado y su normativa y organización desde la recuperación democrática”, reclamó la directora del CELS.
