Un grupo de abogados y periodistas presentó este lunes una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y su exdirector Mike Pompeo por espiar supuestamente sus conversaciones con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mientras éste estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Los demandantes alegaron que su información fue robada entre 2017 y 2018, cuando entregaron sus computadoras y teléfonos a una empresa de seguridad española, Undercover Global, durante las visitas que realizaban a Assange cuando estaba en la embajada de Ecuador en Londres bajo asilo político.

La demanda se presentó en el Distrito Sur de New York la mañana del lunes y alega que Pompeo, quien dirigió la CIA entre 2017 y 2018, supervisó y dirigió una campaña extraordinaria de espionaje ilegal a los abogados de Assange y otras personas dentro de la embajada.

"Demandamos en nombre de varias personas que fueron a la Embajada ecuatoriana para visitar a Julian Assange y, sin que ellos lo supieran, todos sus equipos fueron fotografiados y sus conversaciones fueron grabadas por una empresa bajo la dirección de Mike Pompeo", aseguró en una conferencia de prensa posterior Richard Roth, uno de los abogados a cargo de la denuncia.

Assange se encuentra desde abril de 2019 encarcelado en una prisión de máxima seguridad británica. Las autoridades estadounidenses acusan al australiano de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal WikiLeaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.

Entre 2012 y 2019, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que en abril de ese año lo arrestaron por una orden de extradición de Estados Unidos, después de que el gobierno de ese país latinoamericano le retirara la condición de asilo político. Es allí donde se produjeron las presuntas escuchas, en las que estuvo supuestamente involucrada Undercover Global, responsable de la seguridad privada de la embajada. La empresa y su propietario, David Morales, aparecen también como demandados.

“La Constitución de los Estados Unidos protege a los ciudadanos estadounidenses de la extralimitación del gobierno, incluso cuando las actividades se llevan a cabo en una embajada extranjera en un país extranjero", insistió Roth.

Robert Boyle, el abogado que representa a los demandantes, asegura que el presunto espionaje a los letrados de Assange implica que se destruyó el derecho del fundador de WikiLeaks a un juicio justo. "La grabación de reuniones con amigos, con abogados y la copia de la información digital de sus abogados y amigos vicia la persecución penal porque ahora el gobierno conoce el contenido de esas comunicaciones", dijo Boyle a los periodistas. "Tiene que haber sanciones, llegando hasta la desestimación de esos cargos, o el retiro de una solicitud de extradición en respuesta a estas actividades flagrantemente inconstitucionales", añadió.

El protocolo de la embajada

Según explicó este lunes Deborah Kerbeck, una de las demandantes, ella acudió varias veces a la embajada para discutir asuntos legales delicados. "A la llegada había un protocolo estricto para la protección de Julian. Nos pidieron que los pasaportes, teléfonos celulares, cámaras, computadoras, dispositivos de grabación y otros equipos electrónicos fueran entregados a los guardias de seguridad en el vestíbulo", detalló. "Fue en este momento cuando desarmaron nuestros teléfonos, quitaron y fotografiaron las tarjetas SIM y descargaron datos de nuestros equipos electrónicos", agregó Kerbeck.

Entre los demandantes está la activista de derechos civiles y abogada de derechos humanos Margaret Ratner Kunstler y los periodistas de seguridad nacional Charles Glass y John Goetz. La denuncia tiene la motivación, según el comunicado, de proteger su derecho constitucional fundamental a estar libres de registros e incautaciones irrazonables, algo que marca la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En la rueda de prensa estuvo presente Nathan Fuller, del comité de Defensa de Assange, quien explicó que aunque están luchando contra esa extradición, se está construyendo, al mismo tiempo, una red de apoyo en caso de que finalmente sea extraditado. "Queremos educar al público sobre los peligros que la acusación representa para todos nuestros derechos básicos, para nuestros periodistas, para el derecho a publicar algo de interés público y para nuestro propio derecho a saber lo que nuestros gobiernos están haciendo en nuestro nombre", añadió.

El periodista australiano, cuyo portal también reveló cientos de miles de cables diplomáticos confidenciales de gobiernos de todo el mundo, afronta una condena en Estados Unidos de 175 años de cárcel. La batalla legal de Assange comenzó en 2010 cuando desde Suecia fue acusado por supuestos delitos sexuales, una acusación que derivó en un arresto domiciliario y su asilo en la embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2019. Cuando se archivó la causa de Suecia, pasó después a la prisión británica de Belmarsh, tras ser detenido por pedido de Estados Unidos.

Lula, Dilma, Samper y Lugo piden su liberación

Personalidades como Luiz Inácio Lula da Silva o Dilma Rousseff, expresidentes de Brasil, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, Fernando Lugo, expresidente de Paraguay o los juristas Adoración Guamán y Baltasar Garzón, firmaron un comunicado en diciembre que el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) emitieron este domingo exigiendo su libertad.

"El fallo de la Corte de Westminster, del 10 de diciembre de 2021 que habilita la extradición de Julian Assange a EE.UU., no solo es un grave error judicial que pone en peligro su vida, como lo afirman sus abogados defensores, sino que se trata de una decisión que sienta graves precedentes en la vulneración del derecho humano a la libre expresión y a la información", dice la misiva.

Además, los firmantes de la carta señalaron la paradoja de la actuación de WikiLeaks. “En lugar de ser aplaudida, desató una serie de castigos que incluyen la judicialización, denigración, desmoralización, estigmatización y criminalización de Assange, privado de la libertad en una cárcel de máxima seguridad para terroristas. Este proceso de humillación y denigración, trasciende definitivamente a un individuo, para transformarse en un correctivo a nivel internacional, mostrando paso a paso la crueldad a la que puede llegar el sistema instituido, para evitar que alguien se atreva a hacer algo similar. En última instancia, busca paralizar el instinto y el derecho a la búsqueda de la verdad, infundiendo miedo", establece el comunicado. “La libertad de Assange, es la libertad de todas y todos. La prisión de Assange es el triunfo de la opresión, el silencio y el miedo".