A raíz de un informe nacional difundido por La Rioja/12, que expresa que la Función Judicial de La Rioja está entre las provincias que no informó sobre el cumplimiento de la Ley Micaela, ese organismo emitió un comunicado donde asegura que casi el total de sus empleados fueron capacitados en el marco de dicha ley.
El informe elaborado entre la Fundación Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX, ABOFEM y CLADEM Argentina afirma que “en el ámbito de la Justicia a nivel federal es deficitaria” la aplicación de la ley. Y respecto de la Función Judicial de La Rioja afirma que no respondió el pedido de acceso a la información pública sobre la implementación de la capacitación obligatoria.
Al cabo de esta información, desde la Función Judicial comunicaron que la provincia adhirió “en junio de 2020 y en mayo de 2021 se dio inicio a los talleres de capacitación y sensibilización en materia de género y violencia contra la mujer” en ese organismo.
El comunicado recuerda que el Tribunal Superior de Justicia (TJS) “se reunió en julio de 2019 con los padres de Micaela García por la aplicación de la Ley Micaela, que establecía un programa de capacitación obligatoria en materia de género y de violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. En dicha instancia estuvieron presentes los jueces del TSJ Claudio Ana y Luis Brizuela”.
En tanto asegura que la institución “fue la primera función del Estado provincial, en completar la capacitación en perspectiva de género, para los más de 1200 empleadas/os judiciales de toda la provincia; esto mediante más de 1000 minutos de transmisión por zoom, con un equipo de profesionales entre capacitadoras/es, técnicos en redes y personal de prensa”.
Falta de perspectiva de género
La Justicia riojana sigue cuestionada por actuaciones con falta de perspectiva de género. El caso Arco Iris tomó trascendencia nacional luego de que la madre de una niña de 6 años denunciara en varias oportunidades abusos sexuales por parte del abuelo paterno y tuvo que pedir ayuda en el Poder Judicial de la Nación.
Los intentos de criminalización también alcanzaron a la periodista Manuela Calvo, que por investigar sobre revinculaciones forzadas y abusos sexuales en las infancias, le allanaron su domicilio un domingo de junio. La orden fue de la jueza de Instrucción, María Eugenia Torres.
Fue llamativo el fallo de la jueza Edith Elizabeth Agüero que condenó a un docente por “abuso Sexual Simple doblemente agravado por grave daño psicológico y por ser Encargado de la Educación” a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Además podrá realizar trabajos no remunerados en institución pública o comunitaria que le asigne la Jueza de Ejecución, es decir, alguien condenado por abuso sexual podrá seguir en las instituciones; a la vez que se le somete "a un tratamiento psicológico para asumir conductas con perspectiva de género y sobre su tendencia de agresor sexual a mujeres menores de edad”.
La jueza de Violencia de Género, Gisela Flamini procesó por abuso sexual simple al concejal de Cambiemos Enrique Balmaceda que apeló el procesamiento ante la Cámara Tercera de la Primera Circunscripción de La Rioja. La jueza Sara Alicia López Douglas de esa Cámara hizo lugar al recurso de apelación, revocó el procesamiento del funcionario y le pidió a Flamini que dicte “un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”. Según la magistrada no hay pruebas suficientes que “acrediten la existencia del hecho y la responsabilidad penal del imputado”.
Al respecto la jueza López Douglas sugirió a Flamini: “La jueza de Instrucción apoya su decisorio exclusivamente en la pericia oficial realizada al imputado y en la declaración testimonial de la víctima, afectando el principio de inocencia, la perspectiva de género, la imparcialidad del juez, e introduciendo cuestiones netamente subjetivas como fruto de una investigación por lo menos incompleta, y una valoración inadecuada de la escasa prueba”.
Esta semana La Rioja/12 dio a conocer que una madre junto a su abogada fueron denunciadas por el supuesto de violar una medida que les impide hablar de una causa de vinculación forzada. La denuncia fue presentada ante el juez Walter Peralta que sin correr vista a las denuncias pidió intervención del Ministerio Público Fiscal. Presentaron un recurso de nulidad por la actuación del magistrado.
