La Cámara Federal de La Plata recibió ya los recursos presentados por los tripulantes del avión venezolano de Emtrasur, así como el recurso de la propia empresa para que se le devuelva el Jumbo y pueda retornar a Caracas. Durante la semana actual se hará el sorteo de la Sala que intervendrá en el expediente. El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, reflejó tal cual la medida judicial adoptada por el juez Federico Villena quien literalmente escribió “disponer el secuestro de la aeronave de matrícula venezolana YV3531 Dreamliner de la empresa Emtrasur, la cual se encuentro en el Aeropuerto con consigna policial”. Y eso es lo que dijo el diplomático: "Objetivamente está secuestrado porque así lo dispuso el juez". La declaración de Laborde levantó polvareda en la oposición con el argumento de que el embajador le dio la razón a Venezuela. El diplomático, primero, reflejó la actual situación judicial y, segundo, señaló que por ahora la cuestión está en manos de la justicia, no del Poder Ejecutivo. "Espero que se resuelva pronto", agregó Laborde.

El Ministerio de Justicia recibió de Estados Unidos lo que se llama un pedido de cateo, que significa retener y allanar el avión. El viceministro Juan Martín Mena le envió el pedido norteamericano al juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, porque es quien tiene retenido el avión. El Jumbo, además, fue allanado varias veces, una de ellas de manera ilegal y luego al menos dos veces más por orden del magistrado. Nunca se encontró nada.

La situación de los tripulantes

La secuencia ahora es que los abogados de la tripulación -como se sabe 14 venezolanos y cinco iraníes- pidieron que, primero, le permitan salir a los 12 tripulantes que ya fueron autorizados por Villena a dejar la Argentina. El juez incluso les devolvió los pasaportes. Sin embargo, la apelación firmada por el fiscal visitante de la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri, el fiscal Sergio Mola, provocó que se suspendiera el regreso de los 11 venezolanos y un iraní a sus respectivos hogares.

Mientras tanto, respecto de los demás siete tripulantes, la fiscal Cecilia Incardona, supuestamente espera que se termine la traducción de los chats entre los cuatro iraníes de la tripulación, además de informes de Paraguay, Uruguay y Estados Unidos para establecer si tiene alguna acusación que formular. Resulta asombroso que el estado argentino no haya podido traducir cinco celulares en dos meses y medio y que ni siquiera se haya fijado un plazo razonable para que alguno de los tres países requeridos diga algo.

Por lo que viene ocurriendo hasta ahora, si envían algún informe, será de inteligencia, sin valor judicial alguno, aunque de eso se han nutrido en Lomas de Zamora. El juez y la fiscal han dicho que tienen que evacuar la duda de si el vuelo a Ezeiza no fue sólo para traer autopartes para Volkswagen, sino para encubrir acciones de terrorismo o espionaje. En 75 días no encontraron nada: todo se basa en publicidad de la derecha norteamericana, la israelí, la oposición argentina, que es vocera de esos intereses, y la DAIA que, como es tradición, también exhibió su alineamiento con Washington y Tel Aviv. Por las dudas, los tripulantes y el avión están retenidos. 

La relación con Venezuela

En Venezuela hay una enorme indignación política e incluso enojo con el gobierno argentino. Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional se pronunciaron contra “el secuestro de los tripulantes y el robo del avión”. Hay una campaña lanzada con la consigna: “devuelvan el avión”.

Consultado por la periodista Cyntia Garcia, el embajador Laborde simplemente contestó reflejando la situación judicial: “el avión está secuestrado por la justicia argentina”. Es ni más ni menos lo que dispuso el juez.

Todo indica que una vez que resuelva la Cámara Federal de La Plata es posible que el gobierno argentino tome una decisión. Por ahora, lo que existe es un pedido de cateo, o sea retención y allanamiento. Pero vendrá otro escrito del juez de Columbia, con un pedido más extenso y específico.

Hay un convenio bilateral de cooperación judicial con Estados Unidos. En su artículo tres establece que existe una excepción en la cooperación: cuando el país requerido invoque razones estratégicas. El Poder Ejecutivo podría adoptar ese camino porque en verdad, al no existir ningún delito, todo lo que respalda el pedido norteamericano son las medidas de bloqueo contra Irán y Venezuela. Una decisión semejante significa un enfrentamiento con Washington.

Pero existe un segundo texto, posterior, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Mutua. En ese convenio multilateral se plantea la excepción cuando el delito invocado no lo sea en ambos países. En verdad, Estados Unidos plantea que la venta de Irán a Venezuela del Jumbo violó sus leyes de comercio, en esencia los bloqueos. La Argentina no debería acoplarse a semejantes normas, pero eso se decidirá una vez que la justicia establezca si hubo o no algún delito en el viaje de México a Buenos Aires cuando trajeron las piezas para Volkswagen. 

La próxima palabra la tendrá la Cámara de La Plata, posiblemente antes de fin de mes.