Marcelo Guzmán, el relator de un juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, quien subió a sus redes sociales un video contando lo sucedido, donde se la ve con el rostro y el cuerpo desfigurados y aseguró que "teme por su vida".
El funcionario judicial es uno de los relatores del juez de la Corte fueguina Ernesto Loffler, y a raíz de la denuncia de su esposa, Carla Kirstein, enfrenta una causa penal que se tramita en el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad de Ushuaia.
La mujer, además, compartió en redes sociales un video en el que narró lo que estaba viviendo y mostró su cuerpo y su rostro desfigurados por golpizas recurrentes de las que dijo haber sido objeto.
¿Quién es Marcelo Guzmán?
Marcelo Guzmán es relator del Superior Tribunal fueguino desde la asunción del juez Loffler en abril de 2021. Antes, había sido legislador en Córdoba y secretario del Juzgado Electoral de Tierra del Fuego, entre 2012 y 2016, cuando tomó una licencia psiquiátrica que lo alejó un tiempo del Poder Judicial.
Según su propio currículum, la licencia no le impidió ejercer como docente de las sedes fueguinas de la Universidad Nacional de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), donde también se desempeña el juez Loffler.
Guzmán conoce a Kirstein hace 15 años y están casados hace 12. Juntos criaron a una hija de un anterior matrimonio de ella, pero con el inicio de la convivencia, la mujer comenzó a ser víctima de diversas situaciones de violencia, tanto psicológica como económica y física.
Luego de la denuncia pública, el funcionario judicial fue desplazado de su puesto hasta tanto la situación se esclarezca, y se encuentra imputado por violencia de género contra su esposa. En tanto, la Justicia ya dispuso la fecha de indagatoria, que será el próximo 27 de septiembre.
El magistrado a cargo de la causa, De Gamas Soler, le notificó al acusado la prohibición de acercamiento y de todo tipo de comunicación con la víctima. Sin embargo, Kirstein cuenta que lo vio merodeando por los establecimientos donde su hija realiza distintas actividades; e incluso afirma que el denunciado se acercó a su lugar de trabajo.
El juez que quedó a cargo de la causa está procesado
El Juzgado de Instrucción Nº 1 quedó a cargo de la investigación, y el titular de esta oficina es el juez Javier De Gamas Soler.
De Gamas Soler fue procesado en mayo de este año por haber sido parte de la cuestionada investigación del atentado a la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
El ahora magistrado provincial fue secretario del juez Juan José Galeano y se lo vincula a las grabaciones de audiencias y otras instancias de la investigación que no quedaban registradas en el expediente y que luego eran utilizadas para una presunta manipulación de la pesquisa.
Debido al principio de inocencia, el magistrado continúa ejerciendo sus funciones de juez de Instrucción.
Además, sobre De Gamas Soler pesan otras causas bochornosas como el fallo donde obligó a una mamá a viajar a Ushuaia para amamantar a su hija en una comisaría.
En un caso que involucraba violencia de género y cuya denuncia recaía sobre un empleado de la Justicia, el magistrado definió que el denunciado y padre de una beba de una año, debía revincularse con su hija, por lo que hizo viajar a la madre para que amamantara a la pequeña en una comisaría.
La mujer denunciante tuvo que entregar a la nena a su padre y como aún era lactante, debió amamantarla en la comisaría, custodiada por 3 policías y dos trabajadoras sociales, en un clima de suma violencia.
La abogada de la mujer aseguró que el secretario del juez Gamas Soler tenía fotos con el denunciado y a pesar de conocerlo no se apartó de la causa.
También tomó intervención en el caso de violencia denunciado por Carla Kirstein el Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2, a cargo del Dr. Marco Mellien, juez que atendió por 3 minutos a la víctima y en su momento no tomó ninguna medida. Este magistrado también está cuestionado en la provincia por la demora en los fallos.
