Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017, pidieron que la Cámara Federal de Casación Penal anule el sobreseimiento que los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia le dictaron al expresidente Mauricio Macri por el espionaje sobre quienes reclamaban saber qué había pasado con los submarinistas. “Están en juego los derechos y garantías que hacen de la Argentina desde 1983 un país democrático y republicano que se juramentó el Nunca Más”, sostuvo en su presentación la abogada Valeria Carreras a la que accedió Página/12.

El 15 de julio pasado, la Sala I de la Cámara Federal porteña reconoció que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo tareas sobre los familiares de los marinos –como había sostenido en Dolores el juez federal Martín Bava– pero dijo que esas tareas estaban justificadas por dos razones: la seguridad presidencial y la seguridad interior. El fiscal José Agúero Iturbe ya había pedido que se anule el fallo porque consideró que los camaristas pusieron más esmero en desligar a las autoridades involucradas que en saber qué había pasado con las víctimas.

Ahora, se suma una presentación de Carreras que ataca los argumentos de los integrantes de la Cámara Federal porteña –a quienes ella había recusado sin éxito–. El tema será revisado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación en los próximos meses. “Si esta inmundicia de fallo queda firme, estaremos todos bajo sospecha y nuestra intimidad y derechos fundamentales, conculcados”, escribió Carreras sin eufemismos. “Respecto de mis representadas, si este fallo vergonzoso se confirma, quedarán estigmatizadas como las peligrosas, las terroristas, las enemigas públicas número 1 de la Nación, las mujeres capaces de atentar contra el entonces Presidente Macri”, añadió.

Los argumentos de la abogada para que se anule el fallo de Bertuzzi, Llorens y Bruglia son los siguientes:

  • La Cámara avala el espionaje por razones preventivas. “El fallo propugna la peligrosa teoría que bautizamos como ‘por las dudas te espío’. Sostener que no debe haber una hipótesis de riesgo de la seguridad interior para la producción de inteligencia nos coloca a todos como potenciales objetivos de una investigación ‘preventiva’ de los servicios secretos”, afirmó la abogada.

  • Los informes que encontró la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño no eran una “avanzada” para colaborar con la seguridad presidencial, que debían tener información sobre el clima, las rutas de escape, los hospitales cercanos o la posibilidad de cortes de ruta. Por el contrario, hacían foco en los familiares, a quienes seguían, fotografiaban y espiaban en sus redes sociales.

  • Macri era el beneficiario del espionaje, como lo sostuvo Bava cuando lo procesó. Según Carreras, el entonces presidente sabía que el tema del hundimiento del submarino podría complicar su gobierno.

  • La Cámara convierte a las víctimas en victimarias. Eran, remarca la abogada, un “grupo de mujeres dolientes y destrozadas, cuya única preocupación era saber qué había pasado con sus seres amados, y que busquen su tumba de acero, el submarino. Pero este fallo las coloca en el lugar que se reserva para una célula terrorista, una facción golpista, un grupo de personas que representen juntas o separadas una amenaza para la seguridad interior o seguridad del presidente”, sostiene.

  • Los camaristas inventan una nueva categoría al hablar de una inteligencia “superficial” porque sostuvieron que no se había afectado la intimidad de las personas puestas bajo observación de la AFI. “¿Cómo no va a afectarlas –se pregunta Carreras– saber que personas se mezclaron e infiltraron entre ellas, se ganaron su confianza y pasaban informes y reportes de sus cartas, de sus ideas, de sus dolores más personales?”

  • Si la AFI hizo tareas porque había una amenaza para el presidente debió poner en conocimiento a la justicia y más si esas tareas se extendieron durante un año, pero eso no sucedió. “Las tareas de detección de un potencial peligro habilitan a los servicios de inteligencia a realizar trabajos de campo sin orden de juez, pero con la obligación de hacerlo a la brevedad de iniciadas las tareas. En este caso no se hizo, sumado a que no constituían un peligro o amenaza para la seguridad presidencial y/o interior, porque el fallo recurrido no lo probó ni liminarmente siquiera. No hay otro modo de calificar los hechos como de espionaje ilegal”, concluyó.

Con la decisión de la Cámara Federal no solo se vio beneficiado Macri, sino también los exjerarcas de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler y el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez. Lo mismo sucedió con cinco agentes de esa delegación que habían sido procesados por Bava por haber sido quienes estuvieron a cargo de los seguimientos a las familias.