El juez federal Sebastián Ramos consideró de imposible cumplimiento el acuerdo de colaboración ofrecido por las autoridades judiciales de Brasil en una causa en la que se investigan las derivaciones del Lava Jato. Las autoridades brasileñas pretenden que los empresarios y otros arrepentidos gocen de impunidad, lo que no está permitido por la legislación argentina.
“No resulta posible asumir un compromiso con la amplitud pretendida, puesto que excede el ámbito de competencia de este magistrado”, indicó el juez Ramos, quien recordó que el artículo 71 del Código Penal argentino establece que “deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales con excepción de las que dependieran de instancia privada y las acciones privadas”. En ese sentido, explicó el juez: “Ello se traduce en la automática e inevitable reacción del Estado frente a la hipótesis de comisión de un hecho delictivo que por su carácter de irrenunciable, prohíbe cualquier tipo de discreción en el ejercicio de la acción”. Y agregó: “Aceptar las condiciones de cumplimiento solicitadas por el Estado requerido iría en desmedro de los principios procesales y deberes que regulan el accionar de un juez”.
Lo que sí podría garantizar el magistrado es que los arrepentidos no sean perseguidos por mismos hechos por los que ya fueron investigados en Brasil.
Ramos tiene a su cargo la causa en la que arrepentidos apuntaron al exministro de Planificación Julio De Vido por irregularidades en la compra de acciones que Petrobras tenía en Transener. Hace unas semanas Brasil había ofrecido un acuerdo de colaboración respecto de los arrepentidos Antonio Soares y Paulo Costa, pero supeditó el mismo a que, a cambio de los testimonios, no se accione penal, civil o administrativamente contra ellos. En ese contexto, el magistrado libró un oficio a Cancillería a fin de “comunicar la imposibilidad de suscribir el acta” de colaboración ofrecido por las autoridades brasileras. La misma traba existe para el caso Odebrecht y ya fue advertida por jueces y fiscales que tienen causas vinculadas con esa empresa brasileña.
En una reunión de fiscales del Mercosur, el fiscal de Brasil Vladimir Aras -director de Cooperación Internacional- anunció que ellos no aportarán datos si los investigadores argentinos no garantizan impunidad para los delatores de Odebrecht, porque eso es lo que pactaron ya con la empresa acorde a su legislación, que prevé un régimen de “delación premiada”. En Argentina hay ley del arrepentido, pero sólo permite una morigeración de la pena. La Procuradora Alejandra Gils Carbó firmó un acuerdo de cooperación con su par de Brasil, Rodrigo Janot, para intentar avanzar en estas investigaciones, pero habrá que ver el alcance que puede tener en estos casos. A su vez, los jueces Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Ramos y los fiscales Franco Picardi, Federico Delgado, Gerado Pollicita y Carlos Stornelli viajarán a Estados Unidos para intentar conseguir información y documentos. Los fiscales Delgado y Rodríguez buscan pruebas sobre las transferencias por 850 mil dólares que uno de los arrepentidos de Lava Jato, el cambista Leonardo Meirelles, declaró que le hizo a una cuenta en Suiza al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.
