La libertad le duró poco al represor Luis Muiña, quien tras ser beneficiado por el 2x1 por parte de la Corte Suprema hace casi dos meses, debió volver a la cárcel debido a una orden emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, que desde el viernes pasado lo volvió a tener en la mira por los homicidios de un médico y un empleado del Hospital Posadas, secuestrados y torturados durante la última dictadura cívico militar. Muiña había sido sobreseído en esa causa en diciembre pasado, pero esa decisión fue revisada por la Cámara de Casación. Su libertad “es injustificable y no encuentra sustento legal que la autorice”, consideró la fiscal María Ángeles Ramos en el pedido de prisión preventiva que emitió a los jueces.

El TOCF 2 hizo lugar ayer a un pedido que Ramos había realizado el lunes. “La gravedad institucional que reviste este caso no puede ser desconocida”, sostuvo. “A esta altura del largo proceso de memoria, verdad y justicia, Muiña se trata de una persona conocida por toda la sociedad argentina en virtud de haber sido beneficiado personalmente con lo resuelto por la Corte en el fallo conocido públicamente como ‘dos por uno’. Y es el mismo Muiña quien se encuentra imputado por su participación en graves crímenes contra la humanidad, hechos que no han sido todavía juzgados y quien está en su casa disfrutando de la tranquilidad de su hogar, cuando todo indica la existencia de un alto peligro de fuga y de entorpecimiento o imposibilidad del juicio. Es claro que mantener esta situación es injustificable y no encuentra sustento legal que la autorice”, remarcó.

EL pedido fue realizado en el marco de la causa que involucra a Muiña en las muertes de Jorge Roitman y Jacobo Chester, que ya está elevada a juicio oral. El debate, se prevé, comenzará en marzo de 2018. El represor había sido sobreseído en diciembre pasado de esa investigación, pero la semana pasada la Sala IV de la Cámara de Casación lo involucró otra vez. Consideró que los homicidios de Roitman –que permanece desaparecido– y de Chester –su cuerpo apareció en el Río de la Plata–, eran diferentes a los que se habían revisado en 2011 en un juicio oral, que eran los secuestros y las torturas de las mismas víctimas y de otras tres, por los que el represor fue condenado a 13 años de prisión. Esa condena quedó firme en 2013. Y la libertad condicional de la que Muiña ya gozaba en mayo pasado se convirtió en plena cuando la Corte Suprema, por fallo dividido, lo benefició con la aplicación de la derogada ley de 2x1 para un delito de lesa humanidad.

Los votos a favor del recálculo de pena fueron los de los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Pero el regreso a prisión no está vinculado con ese expediente, sino con el de los homicidios, en el que quedó involucrado la semana pasada por decisión de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.

Según Ramos, “la expectativa de una prisión perpetua” que el Ministerio Público Fiscal tiene respecto de la condena que podría llegar a recibir Muiña tras el nuevo debate “constituye un motivo más que significativo para ser ponderado al analizar el peligro de que evada el accionar de la justicia huyendo”. “No podemos olvidar que el imputado, con esa expectativa de pena, tiene 63 años y buena salud, tampoco de hasta hace muy poco tiempo estuvo detenido cumpliendo una grave condena”.