Ayer se llevó adelante el Primer Encuentro Provincial por la Vivienda y el Hábitat Popular, convocado por el Movimiento Popular La Dignidad y otras organizaciones aglutinadas en la economía popular. De esta manera se puso en debate la gravedad y urgencia de la situación habitacional de millones de familias argentinas que habitan los más de 5000 barrios populares relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
En el caso de Salta, representan 154 barrios y una demanda de 80 mil familias que piden una vivienda, según informó el referente de La Dignidad, Fidel Puggioni. En ese sentido, aseguró que el objetivo que primó durante el encuentro fue reflexionar, desde el lugar del movimiento y la economía popular, sobre la posibilidad de armar barrios populares con viviendas dignas y un acceso a la tierra, no sólo para vivir, sino también para producir.
El pedido va en línea con la consigna de "Tierra, techo y trabajo", que se impulsa desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). "Sabemos que uno de los déficit más grandes que se tiene en el país, es el habitacional", sostuvo Puggioni. Aseguró que por esto intentan plantear una alternativa en la construcción de esas viviendas e impulsar que nazcan desde las cooperativas en articulación con los estados nacional, provincial y municipal.
Si bien Nación invirtió en la provincia más de $1.933 millones para el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para barrios populares, Puggioni afirmó que es necesario pensar "la creación de viviendas y barrios dignos", y así "mejorar las condiciones en las que está viviendo gran parte de nuestro pueblo".
"Podemos plantear la posibilidad de mejorar un barrio, pero lo que aquí estamos planteando es la posibilidad de pensar un barrio con acceso a la tierra para producir", precisó. En ese sentido, cuestionó que el Estado provincial históricamente "guarde las tierras para el mercado privado y para el negocio inmobiliario". "Tiene tierras para generar barrios, pero no se las entrega a la gente", criticó.
Y aseguró que, anualmente el gobierno salteño genera 1200 nuevas viviendas, cuando la demanda es de 80 mil casas. Por lo que, subrayó que "es imposible que se llegue a un número que iguale la demanda". Por eso, afirmó que desde el cooperativismo se puede generar una alternativa, dado que no sólo se cubriría la demanda de vivienda, sino que también se generarían fuentes de trabajo. "Entre todos los sectores seguramente vamos a poder encaminar los proyectos necesarios para que en nuestra provincia tengamos un futuro más digno", aseguró.
Puggioni recordó que hay experiencias de construcción cooperativa de viviendas, que se pusieron en marcha con la ayuda de distintos programas nacionales, provinciales y municipales. Además de los ejemplos de autoconstrucción de viviendas de manera solidaria entre vecinos.
De acuerdo a lo que se informó en el encuentro, en Argentina alrededor de 3,5 millones de familias presentan algún tipo de déficit habitacional. Unas 2,2 millones (63%) habitan en una vivienda inadecuada, construida con materiales precarios o carente de servicios básicos, mientras que un 1,3 (37%) son nuevas familias que viven hacinadas y que necesitan vivienda nueva. Resta que estos datos se actualicen con el Censo 2022.
"En Salta, más de 80.000 familias buscan tener su casa propia y miles buscan tener una parcela para poder producir y vivir de la tierra, con trabajo digno y genuino", ratificó Puggioni. La propuesta de creación de barrios populares, incluye viviendas dignas, lugares de recreación, mercados de cercanía y trabajo, "para asegurar un futuro de dignidad para el Pueblo".
Además de la demanda de acceso a la tierra, también se discutió la necesidad de "profundizar los programas existentes", como es el caso del Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares, dependiente de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, que prevé la ejecución de obras de infraestructura en los barrios inscriptos en el RENABAP. En la provincia se está ejecutando en Orán, General Güemes, Rosario de Lerma y Tartagal.
En ese sentido, Puggioni recordó que la resolución nacional 925/20, que crea el programa nacional, ordena que un 25% de las obras, como mínimo, deberán adjudicarse a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por vecinos y vecinas de los barrios.
Y denunció que ese porcentaje no se está respetando y, en caso de cumplirlo, las cooperativas que llevan adelante las obras están siendo definidas "a dedo". "Una cooperativa de un movimiento social tiene que tener un convenio con la municipalidad o provincia, pero no se están dando esas instancias de diálogo, y si se dan, son sólo algunas cooperativas", reclamó.
