Con 66 votos a favor y 12 en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la quinta prórroga por otros 30 días del régimen de excepción en el país. La medida del presidente Nayib Bukele rige desde el 27 de marzo como una respuesta a la escalada de homicidios por parte de grupos criminales.
Este martes, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas presentaron ante el Congreso la solicitud enviada por Bukele.
Tras casi cuatro meses del régimen de excepción, el ministro de seguridad aseguró que los resultados de las detenciones masivas son "contundentes". "Hemos impactado fuertemente a las estructuras terroristas y hemos sido testigos de como los salvadoreños lograron disfrutar de las vacaciones más seguras de la historia", aseveró Villatoro según el medio salvadoreño La Prensa Gráfica.
Casi 50.000 presuntos pandilleros fueron capturados, según datos del gobierno. Además, se incautaron 1310 armas, 1551 vehículos y más de un millón de dólares en efectivo. Asimismo, el ministro celebró que contabilizan "77 días con cero homicidios" y detalló que en los últimos 142 días del régimen especial registraron "un promedio de 0.77 de homicidios por día".
El 85% de los detenidos son hombres y 15% mujeres, mientras que el 68,9% es acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), la más importante del país. La siguen la facción Sureños, de la pandilla Barrio 18, con un 17,7% de las detenciones, y la facción Revolucionarios, de la misma banda, con 12,7%.
Denuncias de violaciones a los derechos humanos
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde marzo de este año tras una ola de asesinatos que dejó 87 víctimas en un fin de semana. En ese entonces, Bukele le pidió a la Asamblea Legislativa que se aprobara el régimen de excepción para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana".
La medida afecta los derechos a asociarse, a que una persona sea informada de las razones por las que es detenida, que la prisión por averiguación no puede exceder las 72 horas y que la correspondencia es inviolable.
El régimen de excepción ha sido cuestionado por organizaciones salvadoreñas e internacionales. Según medios locales, 63 personas murieron en los penales desde el anuncio de la medida, aunque no se cuenta con cifras oficiales.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, registró 1.931 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el régimen. Asimismo, la organización de derechos humanos Cristosal aseguró que el 65% de las 808 denuncias que recibieron de capturas involucra a personas de las que se desconoce el paradero, por lo que podrían calificarse como casos de desapariciones forzadas.
