El presidente de la Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) Osvaldo Bassano advirtió este miércoles, tras el anuncio oficial del gobierno respecto al impacto de la segmentación tarifaria, que cualquier aumento —con excepción del decil más alto, es decir, los cuatro millones de usuarios que no completaron el formulario para recibir la ayuda estatal— es ilegal si no pasa, previamente, por un proceso de audiencia pública.
En el anuncio, el Gobierno anunció que los servicios de energía eléctrica, gas natural por red y agua corriente verán una quita de subsidios serán escalonados, que responderán a diferentes cronogramas según el servicio de que se trate y además del nivel de ingresos del hogar que lo recibe. Se prevé, de este modo, lograr un ahorro fiscal de medio billón de pesos previsto para el ejercicio 2023.
Para ello, se dividió el universo de usuarios en tres niveles: de altos ingresos, que perderá todos los subsidios; los sectores vulnerables, a los que se les asignará una tarifa social; y el resto de usuarios, el más numeroso, que perderá parte de los subsidios, dependiendo ya no del nivel de ingresos, sino del nivel de consumo y área geográfica de localización.
Este último punto es el que Bassano señala como ilegal: “La audiencia pública del 12 de mayo estableció un parámetro que se clarificó con el decreto 322/2022. Aquellos cuyos ingresos estuvieran por encima de los 360 mil pesos, o que tuviera tres coches, o que tuviera tres casas, o mayores ingresos, se les va a sacar sí o sí todo el subsidio. Eso es correcto y lo apoyamos totalmente”.
“Los anuncios de ayer no pueden aplicarse si no se llama a una nueva audiencia pública. No pueden aplicarlo por una resolución porque modificarían el derecho al consumidor. No pueden hacer un cuadro tarifario que no esté pasado por un procedimiento de audiencia pública. Que es que dentro de los 20 días se haga, se realice la declaración y se fije. Esto es por una ley”, advirtió Bassano.
Finalmente, aclaró: “No es una quita de subsidios, es un aumento de tarifas. No puede trasladarse el precio a la tarifa si no hay una audiencia pública. Porque el precio no es regulado, y la tarifa sí. Vi una gran incomodidad de los funcionarios, porque hay algo que falta, las audiencias públicas”. Si no se hace, para Bassano “va a haber anaqueles de tribunales llenos de juicios”.
"Ajuste sobre el eslabón más débil"
Por su lado, Paula Soldi, directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y coordinadora del Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) lamentó que el ajuste de tarifas se haga “empezando por el eslabón más débil”.
“No discutimos, por ejemplo, cuánto cuesta producir la energía en nuestro país o cuáles son los márgenes de ganancias de las empresas del sector energético, que son extraordinarias. Esa es una forma de determinar tarifas justas y razonables”, propuso, como contracara del cuestionamiento.
Y añadió: “Es importante que el Estado sea lo más claro posible para que la gente comprenda qué va a pasar con las tarifas. Hay novedades respecto a los usuarios de los sectores medios, cuando se habla de los topes en el consumo. No hay información sobre el impacto más allá de los anuncios. Sabemos que hay una realidad heterogénea respecto a los consumos y realidades”.
