Ya son más de 50.000 los salvadoreños detenidos por la Policía de El Salvador en el marco de la denominada “guerra contra las pandillas”, llevada adelante por el presidente Nayib Bukele, quien declaró el estado de sitio y suspendió garantías constitucionales. La mayoría de las detenciones son producto de redadas policiales, desplegadas en los barrios más pobres, y luego presentadas como "captura de terroristas".
“Podemos informar a la población salvadoreña que ya llegamos a los 50.000 registros de personas detenidas en el período del régimen de excepción”, afirmó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza.
El funcionario se presentó ante la Asamblea Legislativa (parlamento) junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino, para solicitar la prórroga del estado de excepción vigente desde fines de marzo.
Ese régimen -que el parlamento, con mayoría oficialista, prorrogó cada mes- permite detenciones sin orden judicial. Se instauró en respuesta a una escalada de violencia que dejó 87 muertos en el fin de semana del 25 al 27 de marzo.
Merino afirmó también que en los 142 días que lleva vigente el régimen de excepción se computaron “77 días con cero homicidios”, lo que representa “un promedio de 0,77 homicidios por día durante la implementación de la medida de seguridad”.
Detenciones arbitrarias y muertes en prisión
Familiares de detenidos reclamaron el fin del estado de excepción y exigieron liberación de sus parientes arrestados arbitrariamente.
Al reclamo se sumaron organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales que recopilaron miles de denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
El Estado salvadoreño reconoció en un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que se registró la muerte de personas detenidas, aunque no precisó la cifra. Según publicó la prensa local, serían 69 los detenidos muertos.
