Los titulares de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, Julián Axat, y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, le solicitaron al Ministerio de Salud que “proceda a entregar en forma inmediata los kits del ‘Plan Qunita’ a la población de barrio Isla Maciel de Dock Sud”, tal como lo estableció una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1. Ese fallo intimó a la cartera que conduce Jorge Lemus a que “en el plazo perentorio de treinta días” comience con la distribución de todos los elementos de los 27.200 kits almacenados, “con excepción de las cunas y los sacos de dormir”.

La solicitud dirigida al propio Lemus obedece a un requerimiento que realizó el titular de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Isla Maciel y presidente de la Fundación Isla Maciel, Francisco Oliveira, ante los operadores de la agencia ATAJO ubicada en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda. El cura recurrió a ATAJO ante la falta de respuesta a dos presentaciones que realizó en febrero de este año ante el Ministerio de Salud para obtener la entrega efectiva de los kits del “Plan Qunita” a la población del barrio que asiste regularmente a los comedores comunitarios de la Parroquia. En esas presentaciones Oliveira puntualizó que esas personas integran “el universo de destinatarios se halla comprendido dentro de los requisitos establecidos por el programa en cuestión”.

Axat y De Vedia remarcaron que “la distribución efectiva [de los kits] incidirá en el ejercicio del derecho a la salud de los niños y niñas de la República Argentina en general, y en particular de la población de niños y niñas que componen el ejido social de la población de barrio Isla Maciel de Dock Sud”. También señalaron que “en este caso, los kits del Plan Qunita se encuentran a disposición del Ministerio de Salud, por lo que, desde el vamos, no implica asignación ni erogación de recurso alguno para su adquisición por parte del Estado. Por el contrario, su no utilización podría redundar en una degradación de los insumos, lo que en los hechos implicaría un agravamiento de la situación de vulneración de derechos que su detentación y consecuente no disposición se encuentran generando en la población destinataria de la política pública”.