La estrategia de dar marcha atrás para sortear bolas de nieve creadas por sus propias decisiones políticas ya es marca registrada de la Alianza Cambiemos. En silencio, cuando el riesgo de escándalo se advierte a tiempo, disfrazados de “errores” en conferencias de prensa al estilo Juan Domingo Perdón cuando el alerta llega tarde, los recules son práctica recurrente del gobierno de Mauricio Macri. La suspensión de las intimaciones a pensionados viudos anunciada ayer por la Anses es sólo el último ejemplo de una larga lista.

“Si quieren magos, vayan a (David) Copperfield. Si me equivoco, pido disculpas y corrijo”, parafraseó a Diego Capusotto el jefe de Estado en febrero último, rodeado de funcionarios y periodistas. En aquel acto en Casa Rosada, Macri dio marcha atrás con dos decisiones que no sólo generaron rechazo en la sociedad sino también en aliados radicales de estómagos curtidos. Primero anunció la (irrealizable) “vuelta a foja cero” del acuerdo entre el Estado y Sideco Americana SA, empresa del grupo Socma controlante del Correo, que según la fiscal Gabriela Boquín implicaba una quita de más de 70 mil millones de pesos hasta 2033 a favor de los Macri. Después anunció que dejaba sin efecto los cambios en el cálculo de haberes jubilatorios que significaban una merma sobre el aumento previsto por la ley de movilidad jubilatoria.

En enero, por decreto, Macri modificó el calendario de feriados. Incluyó el 24 de marzo y el 2 de abril, que eran inamovibles por su fuerte sentido reivindicativo y de memoria. Organismos de derechos humanos y de ex combatientes no dudaron en criticar la decisión, que los voceros de Cambiemos, al entender que habían ido demasiado lejos, intentaron justificar con una metáfora tenística: “Fue un error no forzado.”

Hace dos semanas fue la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien anunció que iban a restablecer las pensiones a discapacitados que habían dejado de pagar, según intentó explicar, por un “error de aplicación de criterio”. Las vagas explicaciones brindadas por la ministra son insuficientes y no atienden a la grave problemática que el propio Ministerio ha generado”, recordaron días atrás una veintena de organizaciones.

En su primer año como presidente, Macri ya había ensayado la estrategia de prueba y error. De entrada intentó nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin aval de la Cámara de Senadores. Las críticas de todos los sectores políticos y un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien declaró la inconstitucionalidad del decreto, derivaron en el primer retroceso presidencial y el anuncio de respetar el proceso legal.

Semanas después, siempre por decreto, Macri incrementó en un 169 por ciento los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires. La reacción de los gobernadores peronistas, que se opusieron en bloque, implicó que el ministro Rogelio Frigerio debiera sentarse a negociar. Fue el segundo retroceso en 50 días de gobierno.

La Ley de Emergencia Social impulsada por organizaciones sociales encabezadas por la CTEP fue rechazada por todos los legisladores de Cambiemos, que llegaron a calificarla de “ridícula” por lo que consideran un alto costo para el Estado. Luego de un acto masivo frente al Congreso, que tuvo el apoyo de la CGT, el Gobierno pasó a elogiar la iniciativa y los bloques oficialistas votaron una nueva iniciativa.

Los científicos también padecieron la práctica PRO. En vísperas de la última Navidad, los becarios del Conicet afectados por el recorte en el número de ingresantes a la carrera de investigador tomaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los acompañaba buena parte de la comunidad científica y de la opinión pública, que rechazaba el ajuste en el área. Respuesta: otra marcha atrás, un acta de compromiso para reincorporarlos firmada por el ministro Lino Barañao. “Estamos aprendiendo sobre la marcha”, confesó el ministro Juan José Aranguren en el Congreso para explicar las idas y vueltas con los tarifazos. “No hace, pero pide disculpas”, era el slogan de campaña en 2015 del precursor Juan Domingo Perdón.