Dos de los conservantes más utilizados por la industria alimenticia en una amplia variedad de productos son el propianato de sodio y el sorvato de potasio. Se los requiere para la elaboración de pastas, galletitas, panes, dulces, mermeladas, jaleas, gelatinas, budines, rellenos, condimentos, salsas, bebidas y quesos, entre otros. Su precio se mueve con la cotización del dólar. El propianato de sodio cuesta 4,40 dólares el kilo y el sorvato de potasio, 6,24. A principios de mayo, los proveedores de esos insumos expresaban el valor en pesos de las facturas a 15,20 por dólar. Esta semana llegaron boletas a 16,65. Es un aumento del 9,5 por ciento. Lo mismo ocurre con colorantes, endulzantes, pastinas y demás componentes básicos del sector que se emplean en prácticamente todas las líneas de consumo masivo (panificados, productos cárnicos, embutidos, bebidas, lácteos). El aumento en el precio de la divisa, por lo tanto, le agrega picante a una inflación que en junio volvió a repuntar de la mano, justamente, del rubro alimentos. El ministro Nicolás Dujovne anticipó que el IPC marcaría 1,5 por ciento para el mes que acaba de terminar, mientras que las consultoras de la city estiman entre 1,4 y 1,7. La proyección de que se ubicaría por debajo del 1 por ciento debió ser corregida una vez más, como viene sucediendo desde fines del año pasado. La estrategia minimalista del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y del equipo económico de combatir la inflación solo mediante la suba de la tasa de interés resulta desbordada por los múltiples factores que determinan el alza de los precios, entre los cuales el componente cambiario vuelve a tener una importancia preponderante. La perspectiva de mayores incrementos del dólar en el segundo semestre eleva las previsiones inflacionarias y llena de incertidumbre a numerosas industrias que ven crecer sus costos mientras la demanda no reacciona.

“El Gobierno estimó en el Presupuesto para 2017 un tipo de cambio promedio de 17,92 pesos, lo que representa un valor 19,5 por ciento superior al promedio de 2016. Para alcanzar ese nivel, y dada la apreciación ocurrida en lo que va del año, el ajuste en el segundo semestre debería ascender al 25 por ciento”, explica el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE). Otro documento, en este caso de la consultora PXQ, que conduce el ex viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, analiza el impacto que la evolución del dólar tiene sobre los precios de los alimentos. Pone como ejemplo el salto en el valor de la divisa de julio del año pasado cuando se aprobó el Brexit en Gran Bretaña. El aumento del billete verde fue del 5,7 por ciento. En agosto, la inflación en Alimentos y Bebidas escaló al 3,1 por ciento, contra un promedio de 2,1 que traía en los seis meses anteriores. “En el mismo sentido, luego de una devaluación mensual de 3,3 por ciento en diciembre de 2016 por el efecto Trump, la inflación de Alimentos y Bebidas se catapultó hasta 2,9 por ciento en enero de 2017, frente al promedio de 1,6 en los cuatro meses previos”, detalla. Es decir,  se verifica una relación directa entre devaluación y encarecimiento de productos de la canasta básica. En junio, el dólar pasó de 15,91 a 16,88 pesos, un alza del 6,1 por ciento, por lo cual cabe esperar que este mes los alimentos y bebidas experimenten nuevas dosis de incrementos en las góndolas, castigando especialmente los bolsillos de los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su salario a la compra de esas mercaderías. Para llegar al dólar previsto en el presupuesto restan otros 20 puntos de ajuste, lo que también pone en cuestión, de producirse esa devaluación, las previsiones oficiales sobre una desaceleración de la inflación en la segunda mitad del año.

“El Gobierno no debería ignorar nuevamente que las expectativas devaluatorias inciden sobre los niveles de inflación. La persistencia de las condiciones de incertidumbre que genera la estrategia del Banco Central, lejos de domesticar, puede exacerbar las tensiones inflacionarias. La realidad, reciente y pasada, ratifica una y otra vez que el tipo de cambio no es un precio más en la economía argentina. Tampoco se aplican en estas latitudes las bondades de un tipo de cambio flexible que promueve el manual convencional de economía. Dada la naturaleza de país productor y exportador de alimentos y el elevado coeficiente de importaciones que predomina en muchas cadenas productivas, la cotización del dólar es una de las variables explicativas más relevantes del fenómeno inflacionario en nuestro país”, señala la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en el paper de FIDE.

Además de la cuestión cambiaria, los aumentos de electricidad y gas pautados para después de las elecciones y la puja distributiva por el incremento de costos que implican las paritarias para las empresas son otros elementos que entran en juego para esperar que la inflación se encamine a un 25 por ciento en el año. Ese porcentaje podría ser mayor de aprobarse también un tarifazo en el transporte, que el Gobierno decidió dejar para después de octubre por sus necesidades electorales, y si hubiera nuevas subas en combustibles como la que se prevé para los próximos días.

Frente a esa dinámica en materia de precios, la respuesta del Gobierno es enfriar la demanda con un techo a las paritarias que no permite recomponer las pérdidas del año pasado, y abrir la economía a las importaciones. El Central, a su vez, mantiene elevadas las tasas de interés, apostando a la paz de los cementerios. Esa estrategia castiga a amplios sectores productivos y produce un persistente aumento de la desocupación. La orientación de esa política quedó ratificada esta semana con la imposición de un aumento del salario mínimo, vital y móvil que llega a los 10 mil pesos recién en julio del año que viene. Desde la recuperación de esa herramienta en 2004, es la primera vez que el Ministerio de Trabajo no consigue un acuerdo entre las partes y determina el alza mediante un laudo. “2004 fue el único año que necesitamos dos días de negociaciones para llegar a un entendimiento. No es cierto que ese año haya habido un laudo por parte nuestra”, aclara el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien advierte que la intención de las autoridades es ir devaluando la importancia del salario mínimo. “Va en la misma línea que terminar con la paritaria nacional docente. Lo que buscan es que se desvanezcan las prácticas institucionales que permitieron elevar la participación del salario en la economía”, sostiene el actual legislador porteño. “Sueldos docentes y planes sociales quedaron enganchados al salario mínimo, entonces lo que hace el Gobierno es comprimir este ingreso mediante una decisión unilateral”, agrega.

Sin un plan virtuoso para bajar la inflación que logre al mismo tiempo incrementar los niveles de consumo, producción y empleo, la presión que ejercen las autoridades sobre los salarios termina por configurar un escenario cada vez más preocupante para los sectores populares. Un eventual triunfo de Cambiemos en los comicios legislativos es el espaldarazo que espera el poder económico para avanzar más a fondo con la restauración conservadora.