El control sobre el desempeño de los fiscales y defensores públicos provinciales en el Poder Judicial santafesino volvió a la agenda política, pero esta vez con animosidad inversa a la que en 2017 la misma Legislatura definió por unanimidad. Ahora todos coinciden en la necesidad de derogar aquella ley que el gobernador Miguel Lifschitz promulgó para los mismos días en que investigaciones fiscales exponían a su ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro en arreglos furtivos de ascensos policiales y otras osaban inmiscuirse en el destino de los fondos reservados de los senadores departamentales. 

Fue a instancias de una diputada socialista, Lionella Cattalini, que el martes se realizó una jornada sobre "control y auditoría" del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal, institutos del Poder Judicial que agrupan a fiscales y defensores respectivamente, y su régimen disciplinario. De 69 diputados y senadores, asistieron 9 solamente. 

Uno que se mostró escéptico de la movida fue el peronista Leandro Busatto: "Valoro que la Legislatura vuelva a discutir esto, pero invitando a (el fiscal general Jorge) Baclini no es el camino. Es el primero de todos los que se ocuparon de limpiarle el culo a la política durante años y ahora reclaman independencia. La organizaron quienes siendo gobierno promulgaron sin chistar la ley. Modificar el régimen a pedido de quienes generan todo tipo de tropelías es una tomada de pelo a la sociedad", disparó. 

En su memoria está fresca las veces que el titular del MPA se mostró en actividades de campaña proselitista del propio Pullaro y, más reciente, de Mauricio Macri cuando visitó Rosario días atrás. 

Lo que está en tela de juicio ahora es la ley n° 13.807, que le otorga desde hace 5 años la potestad al Poder Legislativo provincial de controlar, sancionar y disciplinar a fiscales y defensores. El oficialismo de entonces la impulsó en acuerdo con sectores del peronismo y del radicalismo en simultáneo con investigaciones que comprometían al ministro Pullaro y a los senadores en general, a Armando Traferri y a Hugo Rasetto en particular. 

Ahora danzan en la Cámara de Diputados tres iniciativas que apuntan a derogar esa ley y devolverle autonomía al MPA. El status actual está considerado una intromisión de un poder constitucional sobre otro. Hasta el ministro Daniel Erbetta consideró anteayer que el sistema actual "no es positivo". Pero el año pasado la Corte Suprema lo avaló y dijo que la facultad del Legislativo de disciplinar a fiscales y defensores "es constitucional".

Una de las intervenciones más picantes corrió por cuenta de Gisela Paolicelli, presidenta de la Asociación de Fiscales en Rosario, quien exigió que los legisladores no le hagan "ir a besarle el anillo" como salvoconducto. 

"Siempre dijimos que no a esta ley que ahora se proyecta reformar, fuimos a hablar con el gobernador Lifschitz para que no la promulgara. La sancionaron igual y luego presentamos una acción mere declarativa de inconstitucionalidad dos veces, alzamos la voz toda vez que se aplicó cada vez que estaba involucrado un asociado, y no en defensa de que haya cometido una falta. No nos interesaba el qué sino el cómo estaba disciplinado ese fiscal. La CIDH nos dijo que esta ley es violatoria de los DDHH. Por eso hay que volver a la ley 13013. Y no es que no querramos que nos controlen. El fiscal Fernando Rodrigo, compañero nuestro imputado por escuchas ilegales, lo allanamos nosotros, a Gustavo Ponce Asahad también lo allanamos nosotros, a Patricio Serjal que para nosotros era Pato también le pedimos la prisión preventiva nosotros. Fue muy angustiante para nosotros pero lo hicimos porque consideramos que era lo que debía hacerse", remarcó. 

La fiscal entonces reclamó: "No queremos que los legisladores nos protejan, que sea la ley la que proteja nuestra función. No nos hagan tener que ir a besarles el anillo, es la ley la que debe garantizarnos la independencia en nuestra función". 

"Las leyes que destruyeron esto salieron cuando había fiscales investigando vínculos espurios del delito y la política", dijo y recordó otra ley conveniente para esos intereses inconfesables de la política: la n° 14.016, que marcó la destitución del ex ministro Marcelo Sain como titular del Organismo de Investigaciones del MPA.

Y fue el propio y polémico Baclini quien cerró la lista de oradores, también convencido de la necesidad de derogar la ley 13.807 y volver al sistema previo. "Cuando esos ataques a la autonomía de fiscales o jueces se consolidan, se politiza la impunidad", dijo y algunos lo miraron de soslayo.