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La Secretaría de Derechos Humanos le pidió al juez federal Ariel Lijo que investigue si Isabelita –la infiltrada en Madres de Plaza de Mayo cuya historia reveló Página/12–estuvo involucrada en los secuestros de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, tres fundadoras de Madres, dos monjas francesas y otros siete militantes fueron secuestrados y llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El operativo fue resultado de otra infiltración: la del marino Alfredo Astiz, que se hizo pasar por hermano de un detenido-desaparecido.
La agente conocida como Isabelita integró durante más de 30 años el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA). En su legajo figura que estuvo infiltrada en “Madres de terroristas” y que fue detectada. Además, en diciembre de 1982, su jefe recomendó su traslado a la delegación Mar del Plata por dos motivos: para reunirse con su pareja –un integrante del Batallón de inteligencia 601– que residía allí y porque había aparecido en una denuncia hecha en el ámbito internacional que la vinculaba con la “lucha antisubversiva”.
La denuncia era un largo testimonio que había dado en 1981 el agente de la PFA Luis Alberto Martínez –conocido como el Japonés– que había sido detenido mientras intentaba cobrar un secuestro extorsivo en Europa. Desde Suiza, el Japonés declaró que había una mujer llamada Isabelita --del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia-- que estaba vinculada con los secuestros de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Dijo, además, que había vivido con ellas en una casa que la Curia tenía sobre las calles Viamonte, Paraná y Montevideo.
Tras el hallazgo de estos datos por parte del Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD), la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré denunció en 2013 a Isabelita en el juzgado que tiene la causa ESMA. En su momento, el juez Sergio Torres dictó una serie de medidas para comprobar la información que surgía del legajo y la que había dado Martínez, pero entendió que no había elementos para avanzar con una imputación formal de la mujer. Sin embargo, decidió no cerrar la causa a la espera de nuevas pruebas y le envió el legajo también a su colega Daniel Rafecas y a la Procuración.
La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) recogió la nota de Página/12 y focalizó en un dato que no había sido explorado por el juez Torres. En 2013, la Iglesia contestó que no tenía una propiedad en esa zona. Sin embargo, este diario publicó que en Viamonte 1596 había existido una pensión de mujeres, como surge de una publicación de La Nación. Esa podría ser la referencia que había dado el Japonés Martínez.
Desde que Torres asumió en la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA), su juzgado quedó vacante. Actualmente está a cargo de Lijo, quien deberá resolver el pedido de la secretaría que lidera Horacio Pietragalla Corti. La SDH, además, reclamó que se le solicite información a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que está en un proceso de relevamiento de sus archivos.
En paralelo con el pedido de la SDH, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dispuso la apertura de un sumario sobre Isabelita. La mujer se retiró de la fuerza a principios de 2004 tras la llegada al gobierno de Néstor Kirchner y curiosamente con el impulso de la política de derechos humanos, pero hasta ahora su historia había quedado en las sombras.
El Cuerpo de Informaciones –que integraban Isabelita y “Iosi”, el espía que se infiltró en la comunidad judía durante quince años– está regulado por el secreto. Según su ley orgánica –que no fue modificada en democracia– el jefe de la PFA está incluso habilitado a mentirle a un juez si le pregunta si una persona integra el Cuerpo. Los agentes, por supuesto, deben ver, informar y callar.
Dentro de la SDH, el exPrograma Verdad y Justicia (PVyJ) hizo un extenso relevamiento de los archivos de integrantes del Cuerpo de Informaciones que estaban incorporados en la causa sobre Coordinación Federal que tramita en el juzgado de Rafecas. El caso de Isabelita fue uno de los resaltados por los expertos del PVyJ, quienes destacaron que estos agentes se dedicaban principalmente a la recolección de información pero que también en oportunidades integraban grupos operativos. Tal es el caso de algunos represores que actuaron en los centros clandestinos Club Atlético, El Banco y El Olimpo como Pedro Godoy o Juan Antonio del Cerro –que también operó en la ESMA–. En Rosario, un integrante del Cuerpo, René Langlois, fue condenado a prisión perpetua. Francisco Villanova --reconocido por sobrevivientes de Campo de Mayo como Gordo 1, uno de los más sanguinarios torturadores-- también fue parte del selecto plantel del Cuerpo de Informaciones, pero él no llegó a ser condenado porque murió antes.
