El estudio de abogados que lidera Maximiliano Rusconi se presentó ante la Justicia en representación de la República Bolivariana de Venezuela a partir de un poder emitido por el procurador general de ese país, Reinaldo Enrique Muñoz. Rusconi y su socio, Gabriel Palmeiro, actuarán especialmente en todo lo que tiene que ver con el secuestro del Jumbo que ordenó el juez Federico Villena quien, además, le dio curso a un pedido de cateo -retención y allanamiento- originado en un juez de Columbia (EE.UU.) en base a leyes de Comercio y bloqueos de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. 

Como representante de Venezuela, el estudio Rusconi también intervendrá en la cuestión de los tripulantes, aunque éstos tienen su propio abogado, Hernán Carluccio. Este miércoles se sorteó la sala de la Cámara Federal de La Plata que decidirá si 12 de los 19 tripulantes pueden volver a su país: serán los doctores Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin. El proceso de resolución en la capital bonaerense puede tardar unas tres semanas.

La designación del estudio Rusconi levanta la temperatura del caso del avión dado que se trata de un abogado de alto perfil. Además, la temperatura ya venía subiendo por declaraciones de Nicolás Maduro, de la Asamblea Nacional venezolana y la audiencia de las autoridades de ese país con el embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde. En tierras bolivarianas ya hay una intensa campaña con la consigna “devuelvan el avión” y duros reclamos contra el “secuestro de los pasajeros y el avión”. El Jumbo es propiedad del Estado venezolano porque Emtrasur es una empresa pública.  

En su primer escrito, Rusconi-Palmeiro adelantaron -según la agencia Telam- que en el caso no rige el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos porque no hay una cuestión penal de por medio, se trata de normas comerciales del país del Norte, a tal punto que el primer pedido está librado por una dependencia del Departamento de Comercio de EE.UU., aunque invocando que originariamente el avión perteneció a una aerolínea iraní que -según Washington- prestó servicios a la Guardia Al Quds. De todas maneras, lo que pide Rusconi es que se suspendan todos los plazos y que se les notifique cualquier medida sobre la aeronave.

Por lo que se sabe, el gobierno argentino no intervendría en el proceso hasta que la Justicia determine si existió algún tipo de actividad terrorista o de inteligencia en el vuelo México-Caracas-Buenos Aires en el que se trajeron autopartes para Volkswagen. Por ahora no hay nada de nada. Si no se determina la existencia de delito, el Ejecutivo evaluará si corresponde o no el pedido norteamericano. La cuestión política parece espinosa.

La situación de los tripulantes

Respecto de los tripulantes, este miércoles quedó radicada la causa en la Cámara Federal de La Plata. Los doctores Lemos Arias y Vallefin les darán vista a las partes, habrá una audiencia y luego los magistrados tendrán que resolver. El expediente es llamativo porque a los tripulantes no se les adjudica ningún delito y se los retiene con el argumento de que falta la traducción de los chats de cuatro celulares de los ciudadanos iraníes, algo bastante insólito si se tiene en cuenta que ya pasaron 70 días desde el aterrizaje del vuelo de Emtrasur. También hay tres venezolanos retenidos a la espera de informes de Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. En todos los casos se analiza si existió algún motivo oculto del vuelo, pero por ahora no se pudo esgrimir ni siquiera un indicio.

Lo más urticante son los 12 tripulantes –11 venezolanos y un iraní- que el juez Villena ya liberó y resolvió que pueden volver a sus países. Sin embargo, el fiscal Sergio Mola -el mismo que actúa en la causa de Vialidad- apeló y los tripulantes siguen en la Argentina. Esa será la primera decisión de la Cámara de La Plata. Rusconi y Palmeiro intervendrán lateralmente en esa parte del proceso porque representan a Venezuela, es decir al país que defiende a sus ciudadanos. El abogado de los tripulantes, Carluccio, fue el que presentó el recurso y actuará en forma directa ante los camaristas. 

Por ahora, todo el proceso parece más basado en la geopolítica que en algún delito o evidencia de posible delito. La base son informes de inteligencia que ni siquiera precisan alguna actividad ilícita, menos todavía respecto del vuelo que terminó en Ezeiza.