La economía popular (EP) tiene una larga historia en América latina y su debate conceptual se remonta a más de treinta años. En Argentina, asume peso político desde la década pasada, cuando ante la insuficiencia estructural del mercado de trabajo y la falta de derechos laborales diversas organizaciones agrupadas primero en la CTEP y luego en la UTEP, toman la calle para hacer visibles sus demandas.

Este artículo no hará eje en los debates conceptuales ni en las diferentes caracterizaciones que de ellos derivan acerca de que es o debería ser la EP. Tampoco en la economía social y solidaria, que remite al trabajo asociativo y autogestionado, totalmente incluible en la reflexión acerca de la invisibilidad de las formas de trabajo que no son abarcadas por las estadísticas laborales clásicas.

El foco estará puesto en la creciente preocupación por la medición de la EP, tal como es entendida por organizaciones de representación e instituciones públicas: un heterogéneo conjunto de actividades laborales, caracterizado por la precariedad y la ausencia de derechos de sus integrantes, en su mayoría trabajadorxs individuales, en el cual la asociatividad está presente, pero no es un rasgo –por el momento- mayoritario.

Quiénes, cómo, dónde

¿Quiénes y cuántos constituyen la EP? ¿Cómo, dónde y por cuánto trabajan? Estas son algunas de las preguntas que su densidad social y política han puesto en agenda. Con fuentes estadísticas oficiales, en especial la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), fueron elaboradas cuatro metodologías de medición entre 2017 y 2019 y una más en 2021 con posterioridad a la pandemia, que se reflejó en los Apuntes de Economía Popular N°1, de PEPTIS/CITRA/UMET.

A su vez, desde el 2020 está disponible el Registro Nacional de Trabajadorxs de la EP, creado en el marco de Ley 27.345/2016. La página institucional del ReNaTEP los define como trabajadorxs que crean su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios, en unidades productivas individuales o colectivas, inscriptas en relaciones asimétricas en el ámbito financiero, comercial o fiscal. El objetivo del registro es reconocer, formalizar y garantizarle derechos para que accedan a herramientas que potencien su trabajo. 

El último informe de abril pasado, según datos de julio 2020 a febrero 2022, registra 3,2 millones de personas, de las cuales el 58 por ciento son mujeres. En nueve provincias del noreste y noroeste, hay más inscripciones al registro que en el empleo asalariado privado.

Si la enorme inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia al comienzo de la pandemia expuso con crudeza la magnitud de los desheredados del sistema, los datos anteriores son expresivos de la necesidad de caracterizar y cuantificar la EP y su evolución, aspecto crucial de la cuestión social en Argentina, al cual el Estado debe dar respuesta.

Mediciones

El ReNaTEP y las mencionadas propuestas de medición estadística de la EP comparten el objetivo de describir y cuantificar a quienes integran este sector, para contribuir a generar políticas públicas. Ambos coinciden también en identificar a las personas como unidad de análisis. Sin embargo son herramientas muy distintas.

Por un lado, los registros por autoinscripción producen una serie de "fotografías" que describen, según ciertos criterios, la dimensión y composición de la EP en cada uno de los cortes temporales considerados en los informes que produce el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

En cambio, la EPH es una encuesta por muestreo realizada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 31 aglomerados urbanos de todo el país, de los cuales nueve cuentan con más de 500 mil habitantes. Con ella se construyen series que permiten ver la evolución en el tiempo de las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. Es decir, describe una "película".

La disponibilidad de información estadística sistemática y confiable es necesaria para la visibilidad de una cuestión social y las intervenciones que a ella se relacionan. Como señalan Vommaro y Daniel en ¿Cuántos son los pobres? Contribuciones a la historia de su definición estadística en la Argentina de los años ochenta, publicado por Voces en el Fenix en 2013, las estadísticas no son un instrumento de medición de una realidad preexistente y exterior a ella, por el contrario son construcciones sociales que contribuyen a producir sus propios objetos. Las formas de representación de la realidad y de los grupos que las estadísticas crean tienen incidencia en la definición de los problemas en la agenda política. Son en ese sentido tanto instrumentos técnicos como políticos con capacidad performativa, cuyas descripciones son válidas en la medida en que los objetos que exhiben sean consistentes.

Las estadísticas laborales definen y legitiman una manera de entender el trabajo. Las categorías ocupacionales que se utilizan internacionalmente (empleadx u obrerx, cuentapropia, patrón/a o empleador/a y trabajador/a familiar sin remuneración) no distinguen una diversidad de formas de trabajo, como por ejemplo el trabajo en cooperativas y mutuales, el de cuidado o el comunitario.

Cuando no se produce la información específica necesaria para diagnosticar un proceso e intervenir en su devenir, no queda más que recurrir a lo disponible en los sistemas estadísticos, con delimitaciones que recortan o refinan desde otra perspectiva los datos existentes, para aproximarse de algún modo a la nueva cuestión social.

La EPH es el principal recurso en que se apoyan las distintas mediciones de la EP. La de PEPTIS/CITRA/UMET construye una definición operativa a partir de cuatro criterios: (i) categoría ocupacional; (ii) grado de calificación de la ocupación; (iii) situación frente a la propiedad de capital físico y (iv) ingresos declarados.

Categorías

La categoría ocupacional es refinada del siguiente modo para construir el universo de la EP: 1) cuentapropistas no profesionales con exclusión de quienes declaren posesión simultánea de maquinarias, local y vehículo. 2) Desocupadxs no profesionales (que no hayan sido patronxs ni trabajadores asalariadxs formales). 3) Servicio Doméstico no registrado, que trabaje menos de 35 horas semanales. 4) Asalariadxs cuya principal fuente de ingreso declarado provenga de subsidios o ayuda social. 5) Trabajadorxs familiares sin remuneración no profesionales. 

A cada categoría se le aplicó un filtro ligado al nivel de ingresos, con exclusión de los superiores a 1,5 veces el SMVM en la ocupación principal. La EP así medida alcanzó a 4,3 millones de personas en el cuarto trimestre de 2020, es decir, un 33,1 por ciento de la Población Económicamente Activa.

Según el informe 2022, un 60 por ciento de las unidades productivas son individuales; un 23 por ciento de quienes se han inscripto hace sus actividades en organizaciones sociales o comunitarias y un 8 por ciento en cooperativas. Por debajo de esos números aparecen los emprendimientos familiares y de la agricultura familiar y casi un 2 por ciento corresponde a proyectos productivos o de servicios del Ministerio de Desarrollo Social. 

Un 57 por ciento de lxs trabajadorxs de la EP inscriptos declara el hogar como lugar principal de trabajo, dividiéndose en mitades, quienes lo hacen en el propio hogar o en uno ajeno. El 17 por ciento trabaja en el espacio público.

Para mostrar la importancia de contar con estadísticas específicas que capten los procesos sociales en sus contextos coyunturales, se dispone de un antecedente significativo: el proceso de construcción estadística de la pobreza en la Argentina en los ’80. Cuestión social fundamental en el retorno a la democracia y a lo que se ligaba la posibilidad de su permanencia.

Antecedentes

Vommaro y Daniel, en el artículo citado, señalan que en 1984 el Indec hizo un primer trabajo de caracterización con lo disponible en ese momento, que era el Censo de 1980, el cual permitió medir en todo el país lo que se denominó “pobreza estructural” a partir de necesidades básicas insatisfechas (NBI) definidas por indicadores vinculados a las condiciones de vida de los hogares: infraestructura de la vivienda, escolaridad, cantidad de perceptores de ingresos en la familia y nivel educativo del jefe. El censo no incluía datos de ingreso.

Si bien la pobreza por NBI captaba una parte del problema, emergía con fuerza otra cara del fenómeno: la pobreza por ingresos, asociada a la imposibilidad de llegar a un umbral mínimo de consumo. En 1987, se puso en marcha la “Investigación sobre la pobreza en la Argentina (IPA)”, financiada por el Banco Mundial y el PNUD, que contó con el trabajo del personal del Indec especializado en el tema social y expertos externos. Uno de los elementos innovadores del IPA fue el haber aplicado de manera combinada los dos tipos de medición de la pobreza: NBI y línea de pobreza, medida por ingresos en relación con una canasta básica y una de indigencia que solamente cubre lo alimentario. La EPH fue la herramienta utilizada en esta nueva cuantificación y aún sigue siéndolo.

Este ejemplo histórico, revisitado casi 40 años después, resulta fértil para pensar en la necesidad de generar una experiencia similar sobre las nuevas formas del trabajo, sus condiciones de realización y los participantes de esta la nueva sociabilidad productiva. Esto requiere tener conceptualmente claro lo que se quiere medir antes de proponer los instrumentos técnicos para hacerlo. Al igual que en aquellos años, se necesita contar con la voluntad del Estado y la disponibilidad de recursos. Un programa de investigación de este tipo, además de sus implicancias teóricas, metodológicas y técnicas, debe ser resultado de la decisión y demanda política que ponga en debate la pluralidad de miradas sobre el tema.

Otro ejemplo a considerar es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT/INDEC). Si bien hay antecedentes, la ENUT 2021 tuvo como objetivo caracterizar y cuantificar el uso del tiempo y la participación de la población en las distintas formas de trabajo: el trabajo en la ocupación y el no remunerado, visibilizando las desigualdades socioeconómicas y de género en el uso del tiempo.

Si las estadísticas son productos sociales que no pueden analizarse sin tomar en cuenta el contexto histórico y el papel de las fuerzas sociales en la exposición al conjunto de la sociedad de un problema social, cabe preguntarse ¿habría una ENUT sin la marea verde? La cuestión de la EP en la Argentina tiene ya un grado de incidencia socioeconómica y de capacidad de demanda pública que debería expresarse también en representación estadística.

 

* Investigadora consulta Instituto del Conurbano/UNGS.