Legisladoras y legisladores porteños de varios bloques opositores pidieron al gobierno porteño la creación de un mecanismo de auditoría y control sobre el servicio de acarreo que, por decisión del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quedó en manos de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa fue lanzada por el denominado “frente anti grúas” conformado por diputados y diputadas del Frente de Todos, Consenso Federal y Libertad Avanza. El objetivo es “cumplir con el debido control y propiciar la transparencia en la gestión del servicio de acarreo de vehículos” secuestrados por mal estacionamientos, según se definió a través de un comunicado.
“Finalizó la concesión fraudulenta, queremos transparencia en el nuevo servicio de grúas”, expresó a través de Twitter el diputado Juan Manuel Valdés.
El pedido surgió luego de que la administración porteña confirmó ayer que se hará cargo del servicio de acarreo a través de la estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA), y dejar sin efecto el contrato prorrogado varias veces que mantenía con las firmas BRD y Dakota, que desde hace más de 30 años tenían en sus manos esta prestación.
Tras este anuncio, el “frente anti grúas” pidió al gobierno macrista “que se establezcan mecanismos de auditoría y seguimiento público de la prestación que quedará en manos del Estado.
A través de una nota dirigida a Emmanuel Ferrario, se solicitó la apertura de una “Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", pendiente desde 2009.
“A través de ese espacio, se busca hacer un control adecuado y garantizar la transparencia en el servicio de acarreo de vehículos que realizará la empresa AUSA”, indica el texto.
Paralelamente, las legisladores y los legisladores de esos bloques exigieron al gobierno porteño que presente un “informe exhaustivo sobre el trabajo que las empresas Dakota y BRD realizaron durante estos 31 años de concesión”. Allí se deberán explicar los “detalles de corte de servicio con inventario recibido por la Ciudad y estudio de costos”.
Los contratos con estas compañías debieron caducar en 2001, pero luego operaron con extensiones de contratos, que fueron prorrogados en siete ocasiones. Desde 2014, en tanto, tenían congelados en la irrisoria cifra de 55 mil pesos los cánones mensuales que abonaban, una cifra que, según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, llegaban a cubrir con solo media hora de operación, a razón de nueve vehículos acarreados.
