A 20 años de la creación del Comité Contra la Tortura, en el marco de la Comisión Provincial por la Memoria, este jueves a las 19, en las redes de la CPM en Facebook y Youtube, se realizará la presentación del Informe Anual sobre Lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñeces en la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los aspectos que encara el Informe es la saturación policial de los territorios como criterio punitivista para la solución de cuestiones de seguridad. Esa política "fue expresada en anuncios de incorporar en dos años 40.000 nuevos policías, la mayor parte para trabajar en el Conurbano bonaerense, que se sumarían a los casi 100.000 con que cuenta la policía bonaerense en la actualidad". La retórica discursiva, se explica en el Informe, está "asociada a las manifestaciones o barrios populares, como puede verse en la comunicación oficial de Fuerza Buenos Aires." Que esa política no ofrece ninguna solución y trae graves consecuencias a quienes la sufren en forma directa está a la vista.

"Durante el 2021 -detalla el Informe-, la CPM intervino en 398 casos de violencia policial que involucraron a 466 víctimas individuales (de las cuales más del 15 % por ciento fueron niñas, niños y jóvenes) y se intervino en 29 hechos con víctimas colectivas e indeterminadas. Con respecto a las prácticas policiales, la violencia física se constituyó en la más denunciada (162 ocasiones) y la segunda fue el uso letal de la fuerza (con 97 ocasiones). Estas prácticas policiales ocurrieron en todo el territorio provincial: 154 localidades de 72 municipios de la provincia."

En 2021, según los datos de la CPM, "en 2021 se registraron 120 muertes producidas por policías en el territorio provincial, de las cuales 25 víctimas eran menores de edad, manteniéndose la cifra de años anteriores y 10 casos por razones de género: 7 femicidios y 3 femicidios vinculados. De estos últimos, en 8 de los 10 casos la muerte se produjo con el arma provista por el Estado y también en 8 de los 10 casos los agentes se encontraban fuera de servicio. Asimismo, 59 de los 120 casos fueron en el contexto de una tentativa o robo de bienes personales del personal policial."

La CPM, por otro lado, intervino durante el mismo período, en 57 denuncias de fraguado de causas por parte de la Bonaerense. La organización dedica parte del informe a la contribución judicial para que sea posible el fraguado.

Respecto a la detención en comisarías, al finalizar 2021 la CPM registró 4445 personas alojadas, una leve baja respecto a 2020 (314 menos), pero destaca que en la última década 2012-21 "la población en comisarías casi se cuadruplicó (397%)". En relación a la capacidad para albergar personas, el cupo en comisarías bonaerenses estuvo excedido en promedio en 2021 en 222 %, pero si se tienen en cuenta solo las comisarías que alojaban la sobrepoblación registrada "alcanza el 232 %". "Los años 2020 y 2021 presentan las cifras más altas desde 2006". Y detalla que en 2021, "hubo 9 comisarías con más de 400% de sobrepoblación y una de ellas en particular informó poseer capacidad para 1 persona y alojaba 17."

Como resultado del hacinamiento de personas en escasos metros cuadrados y bajo custodia de personal no preparado, 2021 fue el año record en muertes de personas detenidas en comisarías: "25 personas fallecieron bajo custodia policial, la cifra más alta en los últimos 10 años, periodo en el que se registraron 187 muertes en dependencias policiales de la Provincia." Un detalle que subraya el resultado de las políticas punitivas de seguridad es el alojamiento en espacios clausurados: en ese aspecto, la CPM señala que "la mitad de las comisarías donde murieron personas en 2021 estaban clausuradas o no habilitadas".

Pese a que hace 25 años la Suprema Corte bonaerense prohibió el alojamiento de niños y adolescentes en comisarías, el Informe destaca que la medida se sigue incumpliendo y que "hemos relevado casos de niñes de 8 años".

Por su parte, en lo que tiene que ver con los alojamientos en unidades penitenciarias (lo que no necesariamente significa estar condenados), "en diciembre de 2021 (la cantidad de detenidos) ascendió a 49.662 personas contra 45.392 de diciembre de 2020."

La confusión de la política penitenciaria, encerrada sobre sí misma en una bola de nieve caliente producto de la pulsión punitivista, consiste en construir cárceles para el aumento de personas detenidas, que la misma política genera, participando de una carrera en la que indefinidamente correrá detrás. "Entre 2001 y 2021 -señala la CPM- se crearon 11.800 plazas y la población detenida creció en 29.500 personas. El año pasado, en 66 establecimientos con capacidad total para alojar 22.060 personas, se registró una sobrepoblación de 111 %. El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la política criminal que los tres poderes del Estado se niegan a modificar."

"La construcción de más plazas no baja la sobrepoblación -subraya-, solo incrementa y cristaliza nuevos pisos de encarcelamiento. Para resolver la sobrepoblación de hoy, habría que construir en un solo año cárceles que alberguen a alrededor de 30.000 personas, lo que equivaldría a 60 unidades carcelarias de 500 personas. Pero esto tampoco alcanzaría, el incremento interanual si bien ha ido fluctuando, alcanza niveles elevadísimos: entre 2020 y 2021 la población encarcelada creció un 7,9 %."

"Haría falta construir de manera sostenida, 5 unidades penitenciarias por año. No hay forma de ganar esa carrera, mientras la política criminal no se modifique, la crítica situación que se padece en cárceles, alcaidías y comisarías se irá profundizando. Este es uno de los puntos centrales del que da cuenta este Informe y en el que venimos insistiendo desde hace 20 años."

"Por otra parte, la tortura continua siendo una práctica sistemática en estos lugares de detención, sin que se hayan implementado políticas para su prevención, sanción o asistencia de las víctimas. En 2021 la CPM registró 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisarías provinciales", sostiene el Informe 2022 de la CPM.

Lo dicho, la política punitivista se muerde la cola y sigue dando vueltas persiguiendo sus propios resultados. Lo grave es que esos resultados se construyen sobre los cuerpos de miles de personas en forma directa, y cientos de miles que entran en su mira por formar parte de la población vulnerable.