M. era alumna de la Escuela N° 11 "República de Haití" de Barracas desde 2017. Ese año empezó el primer grado. Y ese año, también, se le pidió ayuda al Equipo de Orientación Escolar (EOE) debido a su situación de vulnerabilidad. En 2018 y 2019, la familia presentó el certificado médico para que reciba un "refuerzo hipercalórico de vianda". En 2020 el EOE solicitó "con urgencia" la intervención a la Defensoría zonal. El pedido se reiteró en 2021. La respuesta nunca llegó. El viernes pasado, M. se descompensó en la escuela. Los docentes llamaron al SAME, pero la ambulancia nunca llegó. Tres días más tarde, la familia la llevó al Hospital Penna, donde murió.
“Fueron seis años los que transitó en nuestra escuela. Seis años en los que el Estado estuvo ausente, sólo se obstaculizaron los intentos por intervenir frente a tanta vulnerabilidad e injusticia”, afirmaron los docentes de M. en un comunicado. Denunciaron un Estado “ausente” ante la muerte por presunta desnutrición. "Queremos justicia por la niña, queremos que no se desfinancie la educación, exigimos una mejora en la salud integral en el barrio, más personal para las salitas y que el SAME pueda ingresar", añadieron.
Alimentación en las escuelas
Consultado por Página/12, el Secretario Adjunto de Ademys, Jorge Adaro, aseguró que, en primer lugar, uno de los elementos centrales que falló tras la muerte de M. fue la política de alimentación en las escuelas. “El Gobierno no tiene una política en torno a la alimentación para las escuelas que están en los barrios con mayor grado de dificultad por la crisis económica y social”, explicó.
“Esta niña iba a una escuela donde solo se les brinda la vianda. Un vaso de yogurt, una infusión, galletitas y a la salida, supuestamente, un sándwich de jamón y queso. Es decir, el Gobierno no prevé una política para reforzar la alimentación para estos sectores”, añadió. Y aclaró que no alcanza con una dieta hipercalórica en casos puntuales, sino que es necesario “un refuerzo para todos los pibes”.
En tanto, desde el Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña aseguraron a este medio que M. recibió en 2018 y 2019, tras haber presentado el certificado médico correspondiente, el refuerzo alimentario. En 2020 hubo suspensión de clases y el año siguiente le habrían dado el alta para esta alimentación especial. Por lo tanto, se justificaron con el argumento de que tanto en 2021 como en 2022 no hubo una solicitud de la familia para una dieta hipercalórica, por lo que la joven recibió la comida correspondiente a las jornadas de medio turno.
No hay personal suficiente
El segundo punto que destacó Adaro tiene que ver con “el problema en la escala”: “Cuando una maestra advierte una situación de vulnerabilidad en un niño, en una niña o en una familia, se emite una alerta. Se informa a la superioridad y al Equipo de Orientación Escolar, que es un conjunto de psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, que intervienen en este tipo de situaciones. Pero aquí hay falta de personal”.
“Hay siete profesionales para atender en el turno mañana y siete para el turno tarde en un distrito, como el de Barracas, con una población de 15 mil niños y niñas de escuela primaria. Además, un barrio donde la vulnerabilidad es moneda corriente. No hay personal suficiente para atender y detectar los casos”, agregó.
El túnel burocrático
En el caso de M., el EOE estuvo presente desde su primer año de cursada. A través de este equipo se solicitó una mayor atención. En 2020 se pidió "con urgencia" la intervención a la Defensoría zonal. También en 2021. Y en 2022. Sin embargo, "al día de la fecha a la escuela nunca se le informó si hubo alguna intervención de dicho organismo", dijo una docente de la escuela a Página/12.
Esta es la tercera falla que señalan los docentes. “En el camino burocrático no se ve la luz al final de túnel”, pone en sus palabras Adaro. “Los maestros iniciamos una acción de estas, hacemos un informe de situación que se eleva a la dirección, la dirección lo transmite al EOE, y hasta ahí sabemos que llega. En el mejor de los casos, meses más tarde, hay una devolución del EOE sobre una primera intervención”, añadió.
La misma es la respuesta de Educación, desde donde destacaron el funcionamiento de a nivel escolar y aseguraron que se hicieron en los últimos años cuatro alertas al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por distintos motivos. En diálogo con Página/12 desde el Consejo —que en la actualidad no actúa bajo la órbita de ningún ministerio, sino que es una Secretaría que depende directamente de la Jefatura de Gabinete porteña — se negaron a dar detalles hasta que no estén resultados de la investigación forense y para no entorpecer la investigación judicial.
Infraestructura, SAME y la saturación del sistema
“El paso siguiente es a dónde se los deriva. Las salas de atención primaria de salud de los barrios están totalmente colapsadas. Cuando advertís una situación de problemas de aprendizaje, y ese niño debe ser derivado a una psicopedagoga, no hay dónde mandarlos. Todo es muy corto, es hasta la detección que se hace en las escuelas. Después es muy difícil para estos pibes, que carecen de obra social, que carecen de recursos, poder avanzar desde tratamientos psicológicos hasta revertir situaciones alimentarias”, lamentó el representante de Ademys.
Para Adaro, se deben abrir más salas de salud y escuelas en los barrios. “Hay miles de vacantes que faltan en la Ciudad. Con más profesionales, más salas, más escuelas, sería totalmente distinto. No se invierte en las cuestiones urgentes y necesarias”, comentó. Eso se vincula con uno de los reclamos centrales de los docentes a la hora de conocerse la noticia, que tiene que ver con que si bien se llamó al SAME, la ambulancia nunca llegó.
Sobre el tema, Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, CYMAT, UTE, CTERA, afirmó a Télam que en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires "es muy frecuente que el SAME no aparezca en los barrios vulnerables, porque no da abasto". Consultados por Página/12, desde el sistema de emergencias a cargo de Alberto Crescenti evitaron dar información al respecto.
La respuesta del Ministerio de Educación
Fuentes del Ministerio de Educación porteño argumentaron que desde la escuela se citó varias veces a los padres de la M. para conversar sobre su estado de salud. Sin embargo, apuntaron a que la madre "no se presentaba" a los encuentros, por lo que se llegó a barajar la opción de convocar a otros familiares de la niña. Aseguraron que además del problema alimentario la niña tenía un problema en la visión de un ojo, por lo que desde la escuela se ofreció ayuda para la gestión médica.
También aseguraron que el viernes 12 de agosto M. llegó a la escuela sintiéndose mal y aseguró que no había comido en su casa. Tras la descompensación, agregaron, la madre firmó un acta donde se hacía responsable de la situación y se comprometía a llevar a la hija a un hospital, pero que creen que esto último no sucedió durante todo el fin de semana.
Piden explicaciones de Acuña
En este contexto, legisladora por Frente de izquierda, Alejandrina Barry, aseguró que “van a seguir exigiendo que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se presente en la legislatura” para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Por AM750 añadió: “Queremos también que se apruebe nuestro proyecto de refuerzo alimentario”.
“Esto no se puede naturalizar. Los docentes están planteando que van a hacer una marcha y vamos a acompañarla. La forma de cambiar las cosas es con ellos, que pelean siempre por la educación y la calidad de vida de los chicos”, señaló.
