La Conferencia Episcopal de Perú se pronunció este jueves sobre la crisis política que atraviesa el país por los enfrentamientos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

"No cabe duda que estamos en un momento de profunda crisis social y política que se manifiesta en una lucha interna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dañando gravemente la democracia y generando mayor división y conflicto, lo que conduce a un grave enfrentamiento entre peruanos y puede llevar a niveles incontrolables de violencia", denunciaron a través de un comunicado.

A continuación, enfatizaron que "es vergonzoso y decepcionante" que el país sea uno de los cuatro "que registran el mayor índice de percepción de corrupción en América Latina". En la misma línea, añadieron: "Esta crisis moral y ética engloba de manera directa a los actos de corrupción en las altas esferas de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, así como en otras instancias del Estado y sectores de la sociedad civil".

Detallaron, además, que la crisis generalizada afecta "aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos" tales como la alimentación, educación, interculturalidad, empleo, y en los gobiernos regionales y locales.

"Estamos a tiempo para trabajar juntos como sociedad peruana y enrumbarnos hacia un proyecto de país con un auténtico compromiso para el desarrollo humano integral de todos los peruanos", aseguraron en el comunicado y prosiguieron: "para lograrlo es necesario defender la institucionalidad democrática y que los gobernantes respeten a los gobernados como verdaderos ciudadanos, dándoles cuenta de su gestión".

Finalmente, instaron a todos los sectores de la sociedad civil a buscar a través de los cauces democráticos "el restablecimiento de la gobernabilidad y la paz" del país, así como "rechazar la violencia como solución de conflictos", y a las altas autoridades a "respetar la libertad de prensa que es uno de los pilares de la democracia".

El llamado de la Conferencia Episcopal peruana se da en el marco de una crisis política que atraviesa el país y que ha contado con varios cruces entre el Ejecutivo y el Legislativo, como la reciente renuncia del ministro de Defensa, José Gavidia (quien asumió en febrero y fue el tercero en ocupar el cargo de la cartera en un año de gestión), las seis investigaciones que acumula en su contra el presidente, Pedro Castillo (por presunta organización criminal, obstrucción de la justicia y un plagio en su tesis de grado), los constantes intentos de cesarlo de su cargo presidencial, las censuras hacia los ministros, como también las críticas del mandatario peruano y del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hacia el Congreso. 

El domingo, la presidenta del Congreso, Lady Camones, acusó a Castillo y Torres, de intentar “quebrar el orden democrático” al llamar a marchas de organizaciones sociales que pueden “originar enfrentamientos y daños a la propiedad pública y privada”.

“Esas lamentables expresiones constituyen un intento de quebrantar el orden democrático y acarrearían responsabilidad constitucional y penal para los funcionarios que se vean involucrados en dichas movilizaciones”, enfatizó.

El reclamo de la congresista se dio días después de que la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, se entregara ante la Justicia luego de que se solicitara su detención preliminar por 10 días, ya que es indagada por presuntos delitos de tráficos de influencias.

Luego de la detención, el mandatario peruano dijo que “es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático”.

En tanto, Torres habló ante militantes del gobierno y dijo que si cada uno de ellos, con la voluntad que tienen para defender sus intereses, llevaran 50 personas a Lima, “se haría arrodillar a los golpistas”. El presidente del Consejo de Ministros acudirá este jueves al Congreso junto al gabinete para explicar sus dichos.