El Frente de Todos (FdT) presentó este jueves en la Legislatura porteña un pedido formal para que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires investigue las irregularidades en los más de veinte años de prórrogas contractuales del servicio de acarreo. Luego de que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta anunciara que se hará cargo del control del servicio ante la presión del novedoso "frente antigrúas" opositor, el FdT apunta a desentrañar los pormenores de un negociado que hasta hace unos días tuvo a las empresas Dakota y BRD abonando la irrisoria suma de 55 mil pesos de canon mensual a cambio de quedarse con la plata de los vecinos y vecinas de la ciudad. "Larreta se autoincrimina al desarmar el negocio de las grúas en 24 horas después de 15 años diciendo que no se podía", advirtieron desde el FdT tras lo que consideraron una victoria política en el terruño del PRO.
"21 años de ilegalidad"
"Solicitamos que se instruya a la Auditoría General para que confeccione un informe exhaustivo sobre la gestión de las empresas Dakota SRL. y BRD S.A", dice el pedido formal elevado directamente al vicepresidente primero de la Legislatura, el diputado de Vamos Juntos (VJ) Emmanuel Ferrario. La iniciativa encabezada por el FdT lleva la firma también de los bloques de Consenso Federal (CF) y hasta de La Libertad Avanza (LLI), parte del "frente antigrúas" que, con la participación de la izquierda, y el pedido de una sesión especial para suspender los contratos, terminó por forzar al jefe de Gobierno a tomar la decisión de rescindirlos hasta efectivizar la nueva licitación.
“Hace 21 años que los contratos están vencidos y el gobierno de Larreta los prorrogaba de manera irregular a cambio de un irrisorio canon mensual de 55 mil pesos. Es imposible que semejante negocio irregular no cuente con la complicidad de autoridades del gobierno", apuntó en este sentido el legislador Matías Barroetaveña, que participó en la mañana del jueves de la conferencia de prensa realizada en el Salón Perón de la Legislatura, en la que se anunció el pedido de investigación. Juan Manuel Valdés, que había presentado el proyecto impulsado por el "frente antigrúas" para suspender los contratos, destacó allí que "logramos torcer 21 años de ilegalidad y despojos a la ciudadanía a través de un contrato que estaba vencido e iba en detrimento de las arcas públicas y de los porteños".
Carlos Grosso, el intendente apadrinado por el Grupo Macri, fue quien firmó en 1990 los contratos originales de Dakota y BRD, que debieron vencer en 2001. Desde entonces fueron extendidos en siete ocasiones por la Legislatura y el GCBA y las empresas operaban con prórrogas hasta el reciente anuncio del oficialismo. Este diario ya advertía en 2018 que el canon mensual de 55 mil pesos estaba congelado en esa cifra desde el año 2014. En detrimento de los intereses de los vecinos y vecinas, las empresas se quedaban con todos los ingresos generados por el cobro del acarreo. En paralelo, desde 2014, con el canon congelado, la tarifa del servicio se multiplicó por ocho hasta llegar a los 6.525 pesos que se abonan hoy.
Según un informe de la propia Auditoría General, ambas empresas lograban cubrir el monto anual a pagar "con poco más del 1 por ciento de sus ingresos". En promedio, realizaban 345 acarreos por día, por lo que en solo media hora, a razón de nueve vehículos, cubrían los 55 mil pesos mensuales. Por si fuera poco, el GCBA se hacía cargo de pagar adicionales a los choferes y de los sueldos de los agentes que viajaban con ellos. En 2014, este diario denunció que la gestión de Mauricio Macri llegó a financiarle a las empresas hasta 122 millones de pesos a través de la Dirección General de Concesiones. Recién ocho años después, y solo ante la presión opositora, el GCBA decidió rescindir los contratos.
Investigar y controlar
El pedido formal de investigación busca que se realice una auditoría de los años en que las empresas operaron el servicio, con inventario y estudio de costos de los contratos. Barroetaveña sostuvo que "Larreta se autoincrimina al desarmar el negocio de las grúas en 24 horas después de 15 años diciendo que no se podía". "Pedimos que se audite toda la concesión del servicio durante estos años y esperamos que el nuevo contrato se debata de cara a la ciudadanía", precisó.
En este sentido, la iniciativa también apunta a controlar las operaciones de Autopistas Urbanas S.A.(AUSA), que a partir del anuncio del GCBA quedará a cargo del servicio. Para eso, los y las legisladoras firmantes exigieron que "se constituya la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas", comisión cuya creación está prevista por ley hace ya trece años. El Frente de Izquierda también presentó un proyecto para conformar una comisión investigadora de los contratos y otro de interpelación sobre el tema al jefe de Gabinete, Felipe Miguel.
A fines de julio, antes de rescindir los contratos, el GCBA abrió finalmente la licitación para renovar el servicio con un presupuesto de más de 53 mil millones de pesos por un plazo de diez años. El nuevo sistema de grúas prevé, según anunciaron voceros de la Secretaría de Transportes y Obras Públicas, que los pagos de vecinos y vecinas ingresen directamente a las arcas del Estado. Las empresas, por su parte, percibirían un monto fijo mensual.
Con la nueva licitación, en tanto, el servicio se extenderá a la totalidad del territorio porteño en una decisión que viene acompañada por la ampliación de las plazas de estacionamiento medido, que en los últimos años el oficialismo habilitó en la Legislatura a extender de 4 mil a 120 mil. Barroetaveña presentó un proyecto para derogar esa ampliación. La iniciativa podría haberse tratado en la sesión especial que el "frente antigrúas" había solicitado para este jueves pero que no llegó a concretarse pese al amague de la Coalición Cívica (CC) de sentar a sus legisladores y legisladoras para dar quórum, lo que finalmente no ocurrió.
El "frente antigrúas"
En medio de la volátil interna de Juntos por el Cambio, la conformación del "frente antigrúas" abrió lo que parece ser un nuevo escenario en la Legislatura porteña, hasta el momento dominada por la mayoría automática del oficialismo. Salvando las diferencias ideológicas para abordar el problema concreto de las grúas irregulares, entre el FdT, el FIT, CF y LLI juntaron 28 de 60 legisladores y legisladoras para pedir la sesión especial de este jueves, lo que los dejaba a solo tres bancas de los necesarios 31 votos. Tras las elecciones legislativas del año pasado, en las que el oficialismo mantuvo la mayoría pero perdió varias bancas, cualquier movimiento brusco de alguno de sus bloques satélite, sea la CC, UCR-Evolución o Republicanos Unidos, puede dejar al PRO por debajo de los 31 escaños.
En efecto, fue esto lo que sucedió el lunes por la noche, cuando la propia Elisa Carrió anunció en Twitter que su bloque en la Legislatura acompañaría el pedido de suspensión de los contratos de acarreo. Con las cuatro bancas de la CC, el "frente antigrúas" habría llegado a los 32 votos para propinarle al PRO la primera derrota legislativa en años. El martes por la mañana, el GCBA anunció a las apuradas la rescisión de los contratos y la CC emprendió la retirada de la sesión especial. "Con el anuncio de hoy no tiene sentido realizarla", twitteó poco después Facundo Del Gaiso, referente de ese espacio en la Legislatura.
