La Justicia porteña rechazó el pedido de la fiscal Celsa Ramírez de clausurar/bloquear "preventivamente" el "Mapa de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", a partir de la denuncia que la abogada Florencia Arietto hizo contra una de las impulsoras de la herramienta, Ofelia Fernández, por presunto "abuso de autoridad". El juez calificó como "carente de sustento" el señalamiento contra la legisladora del Frente de Todos (FdT) y dispuso la continuidad de la iniciativa, pues "se inscribe dentro del ejercicio legítimo del derecho de la ciudadanía de participar en todos los asuntos de interés público".
El titular del Juzgado Nº 10 del Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Casas, decidió no hacer lugar a la solicitud de la fiscal Ramírez, lo que permite que el Mapa de la Policía siga funcionando. De acuerdo al fallo, la iniciativa no interfiere en la Ley N° 5.688 de Sistema Integral de Seguridad Pública de CABA, en tanto "no busca sustituir las funciones de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad" (artículos 34 a 40), área encargada de investigar los delitos cometidos por el personal de dicha fuerza de seguridad.
"La red denunciada únicamente está orientada a recopilar y visibilizar datos referidos a la actuación de funcionarios/as y organismos públicos, sin asumir de propia mano ninguna clase de función formal de persecución legal contra los sujetos denunciados", aseveró Casas.
Para el juez, la plataforma "no pretende desplazar la actuación de los organismos judiciales que detentan la competencia constitucional para investigar y juzgar presuntos delitos y/o contravenciones cometidas por funcionarios/as policiales". Tampoco "genera confusión en la ciudadanía" respecto a cuáles son los canales de denuncia institucionales vigentes, ya que "la propia página redirecciona a los/as usuarios/as a los sitios web y físicos pertinentes", señaló.
Según el magistrado, conforme al artículo 43 de la Constitución Nacional y a la Ley 25.326 de Datos Personales, la plataforma "no representa un riesgo" en cuanto al tratamiento de la información sensible y privada, ya que "el formulario no exige de modo obligatorio la carga de los datos de identificación". Por el contrario, aclara que la fuente solo se publica en caso de que la persona denunciante así lo autorice, "garantizando su derecho a preservar su identidad".
"No se puede sostener razonablemente que una iniciativa orientada a revelar y publicar información pública, a partir del aporte voluntario, libre e informado que decidan realizar las personas damnificadas o eventuales testigos, pueda de algún modo comprometer investigaciones judiciales y/o actuaciones administrativas referidas a hechos de violencia institucional, sino que la finalidad es precisamente la contraria; contribuir al mejor y más eficaz seguimiento de esta clase de ilícitos, y favorecer el mejor funcionamiento de la institución policial", recalcó Casas.
Los argumentos de Arietto
La resolución detalla que en su denuncia Arietto aseveró que el Mapa de la Policía "omite brindar información y recomendaciones idóneas respecto a los distintos canales institucionales dispuestos para la tramitación de denuncias por violencia policial". El único órgano competente para esta función es la Oficina de Transparencia y Control Externo, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, añadió la denunciante.
De acuerdo al fallo, la abogada también aseguró que la página remite a dependencias nacionales, "desconociendo el carácter autónomo de la Ciudad". Arietto calificó como "maliciosas" esas omisiones, las cuales --según ella-- dan cuenta de un "desconocimiento" de la normativa vigente por parte de la legisladora Ofelia Fernández y de las organizaciones de derechos humanos.
Otro argumento de la denunciante es que "la página busca obtener datos sensibles y privados, con meros fines estadísticos". Eso "distorsiona" los fines que anuncia el sitio web, argumentó, y añadió que esos datos podrían obtenerse a través de un pedido de acceso a la información pública.
Arietto apuntó contra los contenidos de la plataforma, porque, aseguró, "remite a notas de opinión", lo que a su entender comportaría un "ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión". Asimismo, calificó a la iniciativa como "un sistema alternativo de recepción de denuncias" que "puede entorpecer las investigaciones" como consecuencia de la publicidad de los hechos de violencia policial", y que "produciría una estigmatización de la policía, generando una mayor sensación de inseguridad".
Informe: Karla Góngora.
