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Con autos identificados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) siguiendo a trabajadores y con exagentes diciendo que montaron guardia para espiar a los gremios, el espionaje en el Hospital Posadas durante el macrismo sigue sin juez que lo investigue. Marcelo Martínez de Giorgi devolvió el expediente a su colega María Eugenia Capuchetti, por lo que probablemente el tema terminará en la Cámara Federal porteña para dirimir qué juzgado tendrá que hacerse cargo de un caso de vigilancia ilegal que no parece tener demasiados misterios.
El espionaje en el Hospital Posadas es algo así como un secreto a gritos. Un viceministro de Salud --Eduardo Munin-- quedó fuera de su cargo después de que dijera públicamente que la AFI había puesto al director del hospital. Esa situación se denunció en pleno macrismo, pero la causa le tocó al fiscal Carlos Stornelli que no la impulsó. En 2020, la asociación de profesionales de la Salud CICOP insistió con una presentación judicial y reafirmó que hubo espionaje durante el macrismo en el policlínico de Haedo. Desde entonces, la causa transitó entre los dos juzgados.
En septiembre de 2021, la jueza Capuchetti acreditó que un auto que había sido fotografiado siguiendo a trabajadores del Posadas era el mismo que la AFI había usado para espiar a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Como Martínez de Giorgi investiga ese hecho y en esa causa estaba claro que era parte de la flota de Contrainteligencia de la AFI, la jueza le envió el expediente a su colega.
Martínez de Giorgi lo rechazó y la Cámara Federal le dio la razón: básicamente dijo que era muy prematuro para saber dónde debería investigarse. Capuchetti le delegó la investigación a Stornelli, que –por una nota de Página/12– pidió volver a mandarle la causa a Martínez de Giorgi. Fue después de que este diario informara que Jorge Sáez, alma pater del grupo de espías Súper Mario Bros, reconoció ante la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) haber estado haciendo tareas de inteligencia sin orden judicial en el Posadas. En ese cuerpo también se reconstruyó que hubo otros espías dedicados a esas actividades como Leandro Araque, Belén Sáez y Mercedes Funes Silva.
La "Gestapo"
La Bicameral tiene previsto reanudar la semana que viene la investigación sobre la llamada “Gestapo” antisindical. Para el mediodía del martes citó a un exfuncionario del Astillero Río Santiago que también habría reportado en la AFI. También tenía previsto escuchar a un exintegrante del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que habría participado del esquema de presión a jueces provinciales para conseguir la detención de Hugo y Pablo Moyano, pero ya avisó que no se presentará.
La comisión que preside Leopoldo Moreau citó a Ricardo López, cuyo nombre apareció en el radar por una presentación hecha ante la Bicameral. López fue mencionado por la diputada provincial Susana González, en una denuncia en los tribunales federales de La Plata. González sostiene que hubo una política de perseguir a los trabajadores en la gestión del Astillero Río Santiago durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Para eso, dijo la legisladora, se designó a López al frente de dos áreas claves: seguridad y recursos humanos. Según González, López habría reportado en la AFI, por lo que las autoridades designadas por Vidal podrían haberse nutrido de información producida ilegalmente por los servicios de inteligencia.
Los legisladores tenían previsto también escuchar a Fernando "Chino" Cornes, pero avisó que no irá. El nombre de Cornes surgió en la declaración del juez Gabriel Vitale. Dijo que era un agente de inteligencia del Ministerio de Seguridad que había empezado a participar, a instancias de la fiscalía, en la investigación sobre la barrabrava de Independiente. Fue Cornes, según Vitale, quien le transmitió que funcionarios de la AFI querían entrevistarse con él. A su encuentro fueron en agosto de 2018 el entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y el director de Análisis Fernando di Pasquale, que le llevaron una resolución para detener a los Moyano.
Vitale rechazó las detenciones y, a los pocos días, le sacaron la causa. El expediente terminó en manos de su colega de Avellaneda Luis Carzoglio, quien también recibió la visita de la dupla de la AFI. Como tampoco quiso detener a los Moyano, él no solo terminó fuera de la causa sino de la magistratura-- suspendido y sometido a juicio político--. Exagentes de la AFI confirmaron que fueron enviados a seguir a Carzoglio, que, además, relató ante la justicia que le robaron sus celulares en los que aparecían los contactos que habían hecho los dos jerarcas de la exSIDE.
En la CBI, la investigación sobre el espionaje a los trabajadores se inició en diciembre pasado después de que la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara el hallazgo de un video en el que se veía cómo espías, funcionarios provinciales y empresarios acordaban impulsar denuncias contra Juan Pablo "Pata" Medina, el dirigente de la UOCRA de La Plata que terminó preso durante el macrismo. La causa de la "Gestapo" es el único expediente sobre espionaje que no tramita en los tribunales de Comodoro Py y sigue en la jurisdicción de La Plata.
