El postergado anuncio sobre la implementación de la segmentación de tarifas generó más dudas que certezas. Más de 30 asociaciones que defienden los derechos de los consumidores alertan sobre las irregularidades y la dificultad de implementación del esquema. No descartan comenzar una acción colectiva contra el Estado en la Justicia en el caso de que no se convoque a audiencia pública antes de aplicar las subas. Mientras tanto consultores analizan el impacto inflacionario de la medida. 

El jueves a la noche más de 30 asociaciones que representan a consumidores de todo el país se reunieron de manera virtual. Como en tiempos de Mauricio Macri, enumeraron los problemas que fueron escuchando de vecinos y jubilados que representan, y llegaron a una conclusión: "No aceptamos cómo esta planteada la segmentación, tiene que haber audiencia pública previa a los aumentos, y sino vamos a demandar colectivamente al Estado. Está poco clara y es injusta", aseguró Osvaldo Bassano, de la Asociacion de Defensa de Usuarios y Consumidores. 

Registro

En Argentina hay 15,5 millones de usuarios de energía eléctrica de acuerdo la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). Teniendo en cuenta que los anotados en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) son 9,6 millones, quedarían excluidos unos 6 millones de usuarios residenciales. "La secretaría de Energía dice que son 4 millones. De cualquier manera, a partir del primero de septiembre esos usuarios perderían el subsidio de forma total. La pregunta es, ¿puede considerarse que esa gran cantidad de hogares gana más de 350 mil pesos? Creemos que no, porque los números de Indec no dicen eso", ironiza el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti. 

Para anotarse al RASE el gobierno decretó tres opciones: una de manera virtual a través de la página argentina.gob.ar, y dos formas presenciales, ya sea a través de Anses previa solicitud de turno, o bien en las propias oficinas de las distribuidoras. "Las distribuidoras de luz y gas no atienden a nadie en forma presencial, y la Anses dejó de habilitar turnos. Por lo tanto esos millones que faltan sólo podrían anotarse vía web", asegura Bussetti. Al ser consultados por este diario, desde Anses no dieron respuesta al tema.  

"En el trabajo territorial, vemos que muchos de los que no se inscribieron en el registro pertenecen al eslabón más débil de la cadena y quizás no pertenezcan al grupo que paga tarifa social. Hablando con la gente se ve que hay un universo importante de esos 4 o 6 millones que no se presentó porque no pudo, no supo, o lo que sea. No pueden quitarle el subsidio sin contar con los datos reales", agrega Bussetti. 

Asimismo, cuestionan la forma en que está planteado el criterio socioeconómico, porque se analizan ingresos pero no gastos. "No tienen en cuenta el gasto en alquiler si sos inquilino,  en salud o mismo si tenés uno o varios hijos que mantener", dice Busseti.

Judicialización

De acuerdo al reglamento, previo a realizar un aumento de tarifas en los servicios públicos el gobierno debe llamar a una audiencia pública que, si bien no es vinculante en la decisión final, hace las veces de testimonio de lo que reclaman los consumidores y lo que pretenden las empresas y el Estado. 

Las asociaciones afirman que el tope de consumo subsidiado para el consumo de luz y gas y la segmentación en el servicio de agua no fueron planteados en las audiencias públicas que se llevaron a cabo a principios de este año. "Si sacan la resolución de los aumentos sin audiencia pública previa pueden ser acusados por delito penal fraguante, por incumplimiento de deberes de funcionario público. No se puede cobrar una calificación de la tarifa sin resolución, y para que haya una resolución tiene que haber una audiencia pública", asegura Bassano.

Luego recuerda por lo menos dos fallos de jurisprudencia en ese sentido: uno del 2016 del Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra el Estado Nacional que obligó al entonces ministro de Energía Juan José Aranguren a realizar audiencia pública, y un segundo con sentencia de la Corte Suprema, a favor.  

En este punto fuentes de la Secretaria de Energía aseguraron a este diario que estudian la posibilidad de llevar a cabo las audiencias correspondientes, aún sin fecha confirmada.

Más aumentos

A pesar de que el gobierno asegura que, si no se pasan del tope de consumo, los niveles medios y bajos no tendrán modificación tarifaria en 2022, tanto Bussetti como Bassano afirman que transportistas y distribuidores (dos de los cuatro componentes que conforman el precio de la energía) tienen pendiente una Revisión Tarifaria Integral (RTI) antes de diciembre de 2022, de acuerdo al decreto de congelamiento de 2020.

"Es mentira que no va a aumentar más el precio. En pocos meses estaremos discutiendo un nuevo aumento de tarifas", asegura Bassano y agrega que, de acuerdo a lo que pedían las distribuidoras, "puede llevar a que la factura aumente 200 o 300 por ciento". 

Topes

"Los topes son bajos y no tienen en cuenta particularidades de las zonas y hogares", asegura Bassano. En el caso del gas, "además de ser muy poco claro, es bajo y no tiene en cuenta particularidades. En general, la persona que consume más porque se queda en su casa puede ser desocupado, anciano", asegura Bassano. 

Con el anuncio, se conocieron también dos particularidades: los comercios y consorcios de edificios también perderán los subsidios para la electricidad. "En esos edificios pueden vivir todos jubilados", asegura Bassano.

Impacto inflacionario

La siguiente pregunta que aparece luego de intentar entender el esquema es: ¿Cuál va a ser el impacto inflacionario?.

"El impacto de los anuncios en los tres servicios públicos debería representar un impacto de forma directa de entre 0,5 puntos y 0,7 puntos sobre el IPC del mes de septiembre. Sobre eso habrá que sumar el efecto indirecto por la propagación a otros rubros del IPC toda vez que las empresas vayan trasladando las subas de costos al consumidor final. Sobre esto es difícil estimar velocidad e incidencia, pero posiblemente ese traslado sea más acelerado que en otros periodos, porque las empresas tienen poco margen para absorber las subas", asegura Sergio Chouza de la consultora Sarandí.

Para Nicolás Pertierra, economista jefe del CESO, "hay un tema justamente con cómo va a hacer el Indec para traducir esto a la inflación. Porque el Indec lo hace a partir de la publicación de los cuadros tarifarios, que todavía no están. En elelectricidad tenés una determinada cantidad de categorías y ahora para cada categoría vas a tener los 3 segmentos. Y eso va a haber que ponderarlo según cuántos queden en cada segmento".  Además, agrega como un elemento a tener en cuenta que el impacto porcentual de la quita total de subsidios va a ser muy distinto entre provincias. "En AMBA va a ser mucho mayor, porque parte de tarifas en general mucho más bajas", asegura.