El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, afirmó en su discurso en el predio de la “Rural”, en la apertura de la célebre “Exposición” el pasado 30 de julio: "No solo en la Patagonia y otras zonas del país, el Gobierno y la Justicia se han mostrado indiferentes a los ataques contra los propietarios y el personal, delitos perpetrados bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes se autodenominan pueblos originarios, siendo simplemente delincuentes comunes...".

Las afirmaciones vertidas por el presidente de SRA reflejan una supina ignorancia, una profunda carencia de honestidad intelectual (o una particular conjunción de ambas cosas). Más allá de si se debe a una cosa u otra, lo que queda claro es la intencionalidad política y económica del discurso.

La estigmatización hacia los pueblos indígenas —en especial al pueblo mapuche— y la forma en la que se estructuran estos discursos resulta sumamente grave, ya que pone un manto de duda sobre el conjunto de las demandas y los derechos consagrados en todo el marco normativo, asimilándolos con acciones delictivas. Claramente lo que busca además el discurso es acusar al gobierno de inacción o inactividad frente a hechos de violencia o incluso la complicidad o vinculación con dichos delitos.

Manifestaciones como las del presidente de la Sociedad Rural tienen por objetivo intereses muy claros que responden al sector más concentrado del agro, representado por la Sociedad Rural Argentina, y que tienden a construir un sentido en la opinión pública, más aún en un contexto de crisis y de lucha por la puja redistributiva. El trasfondo de la estigmatización y criminalización de los pueblos indígenas es sin ninguna duda el interés por los territorios ancestrales por parte de diversos emprendimientos privados, grandes propietarios argentinos y extranjeros.

Los hechos delictivos que se han difundido en las últimas semanas en Patagonia no poseen relación con los pueblos originarios. Algunas características (como algunos términos utilizados en un volante difundido luego de un episodio de violencia atribuido a un supuesto grupo mapuche) evidencia que se trata de “montajes” y que desde ya nada tienen que ver con las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios y la forma como se han construido consensos y diálogos con la sociedad no indígena a lo largo de décadas.

En estas declaraciones la Sociedad Rural (en adelante SRA) se constituye como un supuesto representante de "el campo", visualizado en forma homogénea y sin fisuras hacia el interior de un heterogéneo sector, cuando es la expresión del sector más concentrado y por lo tanto minoritario.

El discurso por otro lado contiene una serie de datos increíblemente distorsionados en cuanto al aporte del “campo” en términos de creación de empleo, lo que tributan realmente las conocidas “retenciones” (derechos de exportación) al conjunto de los ingresos del Estado, los ingresos de divisas extranjeras, etc. Desde ya, su discurso omite un montón de hechos largamente conocidos y documentados. Uno de ellos es la gigantesca evasión tributaria de los sectores más concentrados del agro. El otro dato es el grado de precarización laboral e informalidad de los trabajadores rurales, con situaciones de semiesclavitud o esclavitud. Otro aspecto, tan grave como los anteriores, es el nivel de contaminación ambiental con serias consecuencias sociales que conlleva la expansión del agronegocio y la producción de commodities. De hecho, el segundo foco de deforestación de América del Sur (precisamente para la expansión de cultivos como la soja), después del Amazonas, es la región chaqueña. En algunos pueblos originarios de dicha zona -como el wichí, el guaraní y otros- las consecuencias son verdaderamente dramáticas.

El objetivo del líder empresarial se presenta bastante claro: desgastar al máximo al gobierno nacional. Sobre el eje de la economía, basó sus reclamos sobre dos puntos centrales para las aspiraciones del complejo agroexportador. Por un lado, producir una devaluación que les permita aumentar sus ingresos al liquidar la cosecha, y por el otro la eliminación de los derechos de importación disminuyendo así su carga tributaria. Los extraordinarios márgenes de ganancia obtenidos a partir de la configuración del nuevo escenario internacional que dispararon al alza los precios de los commodities no disminuyeron en nada la inmensa codicia del sector que se apropia con suma facilidad una renta extraordinaria. El descalce entre los precios nacionales e internacionales impulsa con fuerza la puja distributiva que se manifiesta en los índices inflacionarios, dinámica en la cual los sectores populares han salido tremendamente perjudicados.

Para finalizar, Pino habla en nombre de su “argentinidad”, pero construyendo diversas fronteras dentro de la nación argentina. En estos procesos de profunda estigmatización, quienes pagan las consecuencias son quienes poseen una posición desventajosa, no sólo en términos socioeconómicos, sino también socioculturales, como son los pueblos originarios (junto a otros sectores) y en particular las mujeres indígenas por ser triplemente discriminadas: por mujeres, por indígenas y por empobrecidas. Por ello, en la medida en que más se vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ellas ven más socavados sus derechos.

No está de más recordar la gigantesca reserva de granos que al momento de escribir estas líneas están almacenados en “silobolsas”, y que el sector al cual representa la SRA se niega a liquidar y que resultan fundamentales para el ingreso de divisas para hacer frente a la acuciante situación económica. En definitiva, utilizando un término largamente conocido por argentinas y argentinos, resultan fundamentales para “pasar el invierno”.

* Alejandro Balazote, Alejandra Pérez y Sebastián Valverde son profesores e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, UNAJ, UNLu y Conicet.