Desconociendo los testimonios, las medidas de prueba y los peritajes recabados durante el juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, los fiscales que intervienen en la causa insistieron en que está probado que entre 2003 y 2015 los gobiernos kirchneristas beneficiaron arbitrariamente al empresario Lázaro Báez. De paso, también desacreditaron las denuncias de lawfare y aseguraron que tal cosa no existe: de un plumazo, omitieron la persecución judicial en toda Latinoamérica a los protagonistas de gobiernos y movimientos populares. Así, Diego Luciani y Sergio Mola comenzaron a cerrar el alegato acusador, que concluirá el lunes con el pedido de penas para los imputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la octava de las nueve audiencias solicitadas por la fiscalía para sus alegatos, Luciani y Mola dedicaron la mayor parte del tiempo este viernes a reseñar parte de sus exposiciones anteriores, para asegurar que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta.
“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, sostuvo Luciani, para luego agregar que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”. Para el fiscal, “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner” por lo que no “hubo sólo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.
Luego intervino Mola, quien en principio se enfocó en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la persecución política que sufre a través de este y otros procesos penales. Según Mola, "el 'lawfare' como construcción jurídica no existe" y "no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción".
Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, comenzará al turno de los abogados defensores, que buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Además de Báez y CFK, en la causa están imputados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros. Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la fiscalía sostuvo que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la supuesta asociación ilícita.
