La exsenadora Magdalena Odarda dejó la conducción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con una carta de renuncia en la cual --además de expresar la afectación de su salud y la falta de viajes de descanso-- hizo tres pedidos al ministro de Justicia, Martín Soria, sobre leyes y medidas que estaban a punto de hacerse realidad, antes de que el presidente Alberto Fernández le pidiera la dimisión a solicitud de algunos gobernadores. La exfuncionaria se había enfrentado a ellos por su perfil supuestamente "demasiado indigenista" y su defensa de la causa mapuche. En el texto al que accedió Página/12, Odarda solicitó a Soria que impulse el proyecto de Reparación Histórica para la Niñez Indígena presentado por el diputado Daniel Arroyo, que eleve al Poder Ejecutivo los proyectos de ley para la instrumentación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, y que impulse el proyecto de formación integral para funcionarios públicos en derecho indígena, "porque aún hay jueces y fiscales que parecieran desconocerlo". Odarda fue reemplazada por Analía Noriega, licenciada en Trabajo Social, coordinadora nacional del programa de Relevamiento Territorial y miembro de la fundación Napalpi.
El pedido de dimisión fue transmitido a la exlegisladora por su jefe, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Consultada por Página/12, no quiso hacer declaraciones pero se encargó de aclarar que "Martín no tuvo nada que ver" en su salida del cargo, al referirse a quien fue su compañero de fórmula en las elecciones de abril de 2019, mientras ella era integrante del Frente de Todos de Río Negro. Desde la cartera que encabeza el rionegrino tampoco hicieron comentarios.
El último acto protocolar de Odarda fue publicar la ratificación "en todos sus términos" la resolución 90/2020 vinculada al relevamiento técnico, jurídico y catastral en la comunidad mapuche Lof Buenuleo, en Bariloche, acaso uno de los casos emblemáticos de su gestión y la de Sabina Frederic, con Gabriel Fuks como secretario de Articulación Federal, en el ministerio de Seguridad, cuyos episodios fueron publicados por este diario.
A poco de haber asumido en la presidencia del INAI fue tomando decisiones acordes a su trayectoria --es autora de la ley 26.160 que suspende los desalojos de las comunidades indígenas y querellante contra el empresario Joe Lewis por el cierre del acceso al Lago Escondido-- que la enfrentaron a los gobernadores patagónicos, sobre todo a Arabela Carreras, de Río Negro, la primera en pedirle a Fernández su renuncia. El pico de tensión fue en octubre de 2021, en medio de incendios adjudicados a las comunidades mapuches, la mandataria acusó al INAI de "instigar y sostener a grupos violentos". Carreras le pidió fuerzas federales al gobierno central, que no las envió en ese momento pero sí cuando asumió en Seguridad Aníbal Fernández.
La decisión presidencial de pedirle la renuncia se concretó cuando se sumaron otros mandatarios provinciales al frente contra Odarda. Uno de ellos, el neuquino Omar Gutiérrez, habría empujado tal determinación. La presidenta del INAI terminó situada en medio de la polémica entre el gobierno central y Neuquén cuando Parques Nacionales emitió una resolución y declaró sitio sagrado mapuche al volcán Lanin. Gutiérrez calificó la medida de "ilegal e ilegítima", y a las pocas horas el ministro de Ambiente Juan Cabandié anuló la norma. La primera consecuencia de esa marcha atrás fue la renuncia de Lautaro Erratchú como Administrador de Parques Nacionales. Y ahora se completa con la salida de Odarda, autora de la iniciativa en primer término.
Conflicto social
"Odarda se va a solicitud de varios gobernadores que no quieren la aplicación de la ley 26.160, lo del volván Lanín y Parques Nacionales fue la última gota pero va en la misma línea, el hombre fuerte hoy es (Sergio) Massa que es sinónimo de extractivismo, cada vez más a la derecha", dijo a Página/12 Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. "Esto abona claramente la idea del conflicto social, no hay medias tintas, porque las comunidades no van a aceptar el extractivismo, al contrario, van a oponerse", agregó.
En los primeros meses del actual gobierno, la posición oficial fue contraria a la represión en los conflictos indígenas. Incluso luego del asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, en noviembre de 2021, Odarda fue una de las caras visibles para la vía del diálogo. En los pasillos de la ex Esma, donde el INAI tiene su sede, comentaron que "quedó pegada al estigma contra los mapuches" como presuntos autores de actos vandálicos en la Patagonia. "El problema es que los gobernadores querían bajar un cambio, y la corren por derecha, no por izquierda, ni que fuera subversiva", comentó una fuente oficial.
En una entrevista con este diario, Odarda había cuestionado a la oposición por usar los conflictos indígenas como campaña electoral, pidió la urgente prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial que suspende los desalojos en los territorios ocupados por comunidades pertenecientes a pueblos originarios, y dijo que las tierras en disputa en Cuesta del Ternero eran fiscales. También reveló que Lewis hizo un muro en el acceso al Lago Escondido y tiene un aeropuerto en la frontera sin controles ni radares.
En diciembre de 2019 esta abogada nacida en Córdoba, --divorciada con dos hijos y domicilio en Viedma-- se había sumado al equipo nacional a partir de su integración al Frente Justicialista. Tres meses antes su fuerza RIO se había incorporado al Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), de quien iba a ser el futuro presidente.
Los pedidos
Antes resumir los dos años y siete meses de su gestión --la mitad desarrollada durante la pandemia-- Odarla planteó tres pedidos para el ministro Soria:
* Que se dé trámite al proyecto de Reparación Histórica para la Niñez Indígena, que ya se encuentra en vías de revisión en el Ministerio y que también fuera presentado por el diputado Daniel Arroyo, "para afrontar el flagelo de las muertes de niñas, niños y adolescentes a causa de las condiciones de extrema pobreza que se vive en el chaco salteño y que se viene arrastrando desde hace siglos".
* Que se eleve al Poder Ejecutivo los proyectos de ley para la instrumentación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que la democracia adeuda a las comunidades desde 1994, cuando se reformó la Constitución. También arbitre, en la medida de sus posibilidades, los medios necesarios para logar los consensos a los fines de obtener la media sanción que resta en la Cámara de Diputados a la prórroga de la ley 26.160.
* Que se impulse el proyecto de formación integral para funcionarios públicos en derecho indígena, al estilo de la Ley Micaela, bautizado “Ley Darío Duch”, "porque aún hay jueces y fiscales que parecieran desconocer la normativa indígena".
