En los últimos días del juicio sobre la obra pública en Santa Cruz, la fiscalía recurrió a la estrategia de unir este caso con otros, como “Hotesur-Los Sauces” y el de los cuadernos, para dejar la imagen de que todo se trató de una mega maniobra con Cristina Fernández de Kirchner en el centro del asunto. En la primera de esas causas, la de los hoteles, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) sobreseyó ya a todos los imputados, entre ellos a la vicepresidenta, y dijo que no había lavado de dinero. En el segundo, todavía no hubo juicio. 

Ayer se alinearon los planetas judiciales: casi a la misma hora que el fiscal Diego Luciani decía que el dinero supuestamente desviado del Estado en la construcción de rutas fue “reciclado” por medio de “maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”, en alusión a “Hotesur-Los Sauces”, la Sala I de la Cámara de Casación difundía una resolución que anunciaba que el 10 de noviembre habrá una audiencia previa a definir si confirma el cierre de aquella causa o la reabre. 

Tanta coincidencia solo deja a la vista uno de los objetivos que emerge del propio juicio de Vialidad y el alegato fiscal: poner en duda que haya habido uso político de causas judiciales para perseguir dirigentes. Ya lo había dicho Luciani y en esta última audiencia lo hizo su colega Sergio Mola: “El lawfare no existe”.

El rol de los fiscales

Luciani es el fiscal que comparte hace tiempo equipo de fútbol, la Liverpool, con uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a cargo del juicio de Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, quien deberá evaluar su acusación. Durante el gobierno de Mauricio Macri jugaron en su quinta, Los Abrojos. Mola es quien visitó la Casa Rosada y la Agencia Federal de inteligencia (AFI) en esos tiempos, tal como constató este diario con un pedido de acceso a la información pública. 

Este viernes, como antesala del pedido de penas que harán la semana próxima, la fiscalía afirmó, en palabras dichas por Luciani, que “ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”. Al explayarse sobre la figura de “asociación ilícita” —cuestionada en sectores del ámbito penal por su utilización para persecución política, sindical y social cuando se quiere meter a varias personas en una misma acusación o hay imprecisión sobre los delitos—, el fiscal dijo que había un “acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente” entre CFK, el exministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el empresario Lázaro Báez.

Para coronar su definición introdujo el asunto "Hotesur-Los Sauces": “El objetivo –advirtió– era sustraer fondos públicos millonarios mediante la aparente licitación de la obra pública en Santa Cruz y después darle apariencia legal a esos fondos en las causas conocidas como ‘Los Sauces-Hotesur’”. Ese juicio tuvo sentencia el 26 de noviembre de 2021 cuando por mayoría el TOF 5 sobreseyó a los implicados, entre ellos la vicepresidenta, y concluyó que no existía el delito de lavado por el que se los había acusado. Votaron así Adrián Grünberg y Daniel Obligado. Votó en disidencia Adriana Palliotti, recusada para seguir en este caso por la defensa de CFK.

Medios y jueces

En su columna del 3 de agosto en La Nación, el periodista Joaquín Morales Solá advirtió que Casación “debería resolver cuanto antes el caso de Hotesur y Los Sauces, porque está fuertemente vinculado a la causa de Vialidad” ya que, según su propia sentencia (del columnista), “Lázaro Báez, el beneficiario de la obra pública (…) lavaba dinero en los hoteles y edificios de la familia Kirchner”. El columnista se quejó de que la apelación lleva ya meses en la Sala I de Casación, que a su entender está integrada por “dos jueces serios e independientes, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, pero deberían caminar con pasos más rápidos”. La otra integrante de la sala es Ana María Figueroa. 

El mensaje, que como es obvio llega por varios canales a tribunales, empezó a hacer efecto. El jueves, la Sala I primero ratificó a la recusada Palliotti en Hotesur-Los Sauces, con los votos de Barroetaveña y Petrone. El viernes ya fijó, con la firma de Barroetaveña como presidente de la sala, la audiencia de alegatos para definir si avala los sobreseimientos o los revoca.

Otra de las prédicas de los medios opositores que calaron en el alegato de los fiscales es la que cuestiona la existencia de una ofensiva judicial contra dirigentes del kirchnerismo y que sugiere que si existió algo como el “lawfare” fue al revés. Mola dijo con vehemencia que tanto Cristina Fernández de Kirchner como otros imputados plantearon la “existencia o supuesta existencia de móviles políticos en la génesis o en el devenir de las actuaciones, que es lo que se dio en llamar ‘lawfare’”. “Queremos adelantar que el 'lawfare' no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción", dijo Mola.

Causas armadas y desarmadas

Es bastante evidente que en los tribunales federales de Comodoro Py hay al menos un sector muy afín a la derecha y al antipopulismo que busca justificar, o incluso a veces naturalizar, un entramado de relaciones y de funcionamiento que busca sostener o actualizar un modo de uso del aparato judicial que promovió el gobierno de Macri y al que le dio sostén la Corte Suprema.

Existieron las prisiones preventivas a granel, basadas en la doctrina Irurzun, que convirtió en sospechoso/a y pasible de ir a la cárcel a cualquiera que hubiera sido funcionario/a; existió activa participación de la AFI documentada en causas penales para espiar y armar expedientes no sólo contra políticos oficialistas y opositores, sino sindicalistas y dirigentes sociales, eclesiásticos, hasta periodistas y familiares de los tripulantes del ARA San Juan; se nombraron jueces a dedo (como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que siguen en la Cámara Federal), se intentó echar a los que investigaban al propio macrismo, se forzaron renuncias como la de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó bajo amenazas y la del excamarista Jorge Ballestero mientras su compañero Eduardo Freiler fue destituido; fue presionada hasta el cansancio con denuncias y declaraciones del propio Mauricio Macri la fiscala de la causa del Correo, Gabriela Boquin; hubo una “mesa judicial” del gobierno hasta reconocida por el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; jueces del máximo tribunal penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky visitaban a Macri asiduamente cuando debían resolver las causas que a él le interesaban contra sus oponentes, y ahora la Corte los autorizó a revisar justamente lo que pase en Vialidad, como las recusaciones por el fútbol en Los Abrojos y las visitas a la Rosada y al Ministerio de Seguridad de jueces y fiscales. Una paradoja total.

A la vez, hubo algunos integrantes del sistema judicial, en el mismo edificio de Comodoro Py, a quienes les tocó repasar lo que habían hecho sus colegas en instancias anteriores, y pusieron a la vista cómo se habían forzado leyes, pruebas y códigos para lograr graves acusaciones, en especial contra la vicepresidenta. Así fue como cayeron las causas de Dólar Futuro, Plan Qunita y Memorándum con Irán, además de Hotesur y Los Sauces. Algunas todavía tienen instancias de revisión.

Conexiones

La supuesta conexión entre Vialidad y la causa de los hoteles ya había sido señalada por Luciani en audiencias previas. También mencionó la causa de los cuadernos, que está en plena etapa de presentación de pruebas previa al juicio oral, y todo el mundo sabe que es un expediente basado, hasta ahora, en declaraciones de empresarios (en su mayoría) de la obra pública arrepentidos porque no querían quedar presos y los cuadernos del exchofer de Planificación Oscar Centeno, que declaró haberlos quemado pero un año después aparecieron en manos de un periodista de La Nación, poco antes de las elecciones presidenciales de 2019. 

Desde la fiscalía del juicio de las obras de rutas de Santa Cruz alientan sin mucho disimulo la resurrección del primero de los casos y el avance del otro. Para acrecentar la idea de una organización corrupta y de que todo está interconectado, se incorporaron al juicio chats provenientes del proceso por enriquecimiento contra José López, que no formaban parte de la prueba inicial, para mostrar la supuesta vinculación de Báez con Cristina Fernández de Kirchner, aunque comunicaciones entre ellos no hay. Esto no fue considerado extemporáneo como las recusaciones de los jueces y fiscales, resueltas por el propio TOF 2. 

Para completar la sintonía con el show de estos últimos días, la misma Sala I que convocó a las audiencias para revisar “Hotesur–Los Sauces”, también tiene para revisar la sentencia del Tribunal Oral Federal 8 que, en el caso del Memorándum con Irán, originado en la denuncia del fallecido Alberto Nisman, concluyó que no había delito y también dispuso los sobreseimientos de CFK y el resto de los imputados. 

Hace tiempo había fijado como fecha para que las partes fueran a alegar el 29 de septiembre. Pero ahora Barroetaveña decidió cambiar la modalidad de ese cita y simplemente será “ordenatoria”, o sea, se decidirá quiénes van a hablar y se analizará cuántas jornadas hacen falta, algo que quedará postergado para noviembre. Por el momento hay citaciones previstas para el 8 y el 24 de ese mes. Se entrecruzarán con las audiencias por “Hotesur-Los Sauces”: la más administrativa será el 4 de octubre y la de exposición de las partes comenzará el 10 de noviembre. 

Hay quienes creen en tribunales que la intención en Casación sería resolver los dos casos juntos y en lo posible este mismo año. Y en especial que el de los hoteles genere alguna incidencia en el juicio de la obra pública en Santa Cruz y más todavía con miras a las elecciones de 2023. Ese efecto multiplicador, capaz de desgastar liderazgos políticos a fuerza de mantener candente un tema en los medios de comunicación opositores, ya es conocido. El refuerzo que se agregó estos días es el que resucitó también la demonización de la figura de Milagro Sala, presa desde el 16 de enero de 2016.